El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Israel Bartolomé Moriano, quiere saber si el ayuntamiento de la capital presentó alguna reclamación a Sinclair&Wilde tras recibir el medio millón de mascarillas que le compró durante la primera ola de la pandemia. Así, en el auto de reapertura de la causa por la segunda supuesta gran estafa sufrida por el equipo de José Luis Martínez Almeida, al que ha tenido acceso infoLibre, el juez da quince días al consistorio para que aporte toda la documentación vinculada a la compraventa de los cubrebocas y las "reclamaciones ulteriores" de esta operación, así como la información de la que disponga de las "actuaciones de control" por parte de la intervención municipal u otros organismos internos o externos. Además, ha ordenado a la Policía Judicial que informe del "paradero" y "completa identidad" del empresario implicado, Philippe Haim Solomon, a quien este diario consiguió localizar a finales de abril.
El contrato para la adquisición de las mascarillas fue adjudicado a Sinclair & Wilde, según los documentos que se aportaron al juez que instruye el caso de los comisionistas Medina y Luceño, el 23 de marzo de 2020. En la adjudicación, que se hizo a través de la funeraria municipal, medió una empresa española: Aifos Servicios Legales y Consultoría SL. De hecho, algunas horas antes de la adjudicación, tal y como desveló este diario, la dueña de dicha firma ofrecía sus servicios al consistorio de la capital para "buscar la mejor oferta de suministro entre las fábricas con las que solemos trabajar". Ese correo electrónico llegó, a través del abogado Carlos Fernández-Pita, al concejal del PP Borja Fanjul Fernández-Pita, quien se lo reenvió a la presidenta de la funeraria municipal, el organismo que se estaba encargando en aquella época de la compra de material sanitario. Las mascarillas llegaron a la capital a finales de abril, a pesar de que estaba previsto que lo hicieran algunas semanas antes.
Pero el éxito tardó poco en tornarse fracaso. "Las mascarillas recibidas no reunirían los requisitos técnicos de la normativa española, ni europea, por lo que resultaron inservibles para dotar con ellas al personal de los Servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid", apunta el juez en el auto de reapertura, fechado el pasado viernes y que se centra en un delito de estafa. De hecho, sostiene el instructor, la consultora "facilitó diversa documentación" con la que "habría tratado de aparentar" que la mercancía a suministrar "cumpliría la normativa vigente, reuniendo las especificaciones necesarias para su uso". "[La mercancía] se identifica como marca EKO, si bien no hay dirección empresarial, ni símbolo que identifique al fabricante, y las búsquedas en Internet no aparece dicha marca vinculada a ninguna compañía", ejemplifica el escrito.
Todas estas cuestiones ya fueron puestas de relieve en su momento por la Asociación Española de Normalización (Aenor), que hizo un extenso análisis técnico documental de los cubrebocas a petición del consistorio. En dicho estudio se topó con numerosas irregularidades cuando repasó los papeles vinculados a la operación que le había facilitado el Ayuntamiento de Madrid. Uno de los certificados estaba elaborado por el organismo polaco ICR Polska, que no está habilitado para equipos de protección individual en suelo comunitario. Otros dos, "EC Type examination certificate" y "EC Declaration of conformity", aparecen como emitidos por IFC Global, que ni siquiera figura en el sistema Nando de la Comisión Europea. Es más, iban acompañados de códigos que, realmente, se corresponden con otras entidades diferentes que tampoco están habilitadas para EPI.
"Según el informe técnico emitido por Aenor, las mascarillas FFP2, marca EKO, adquiridas no resultarían idóneas, no siendo un producto seguro, y las autoridades turcas habrían ordenado su retirada del mercado", recoge el auto, que también apunta que "una vez advertidas las irregularidades o deficiencias" fueron "varias las gestiones realizadas" para "tratar de ponerse en contacto con el interlocutor". No obstante, completa, los intentos resultaron "infructuosos".
"Utiliza habitualmente" otra identidad
Con esta información, el juez abrió una investigación. Pero en julio de 2021 dio carpetazo al asunto "ante la insuficiencia de datos sobre la identidad y paradero" del presunto autor de los hechos. Sin embargo, el caso volvió a reactivarse nuevamente el pasado 12 de abril, cuando el instructor recibió un atestado con nuevas pistas. En concreto, el nuevo documento, aportado por la Policía y al que ha tenido acceso este diario, informaba de que se había recibido comunicación por parte de la oficial de enlace en Madrid de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU informando de que Philippe Haim Solomon "utiliza habitualmente" otra identidad: Philippe Victor Chain Hababou.
En el atestado también se trasladaba al juez que Solomon fue detenido en 1998 por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos "por blanqueo de capitales y robo de cheques", siendo extraditado a Francia "dado que tiene ciudadanía francesa". Además, se le comunicaba que, según los datos que le habían llegado a través de sus colegas estadounidenses, el empresario tiene su residencia en Reino Unido, aportando también información sobre el registro de su empresa. Incluso se le trasladaba que las últimas noticias que se tenían del señor Hababou es que viajó en octubre de 2018, "en vuelo privado" y acompañado de otras dos personas, desde el aeropuerto de Stansted, en Londres, hasta Marrakech.
Diez días después de la nueva pista, infoLibre habló con el consultor. Solomon, quien defendió en todo momento la legalidad de la transacción, aseguró que alrededor de la operación hubo "muchos intermediarios implicados" y dijo que, incluso, llegó a "perder dinero" al haber sido víctima de otra estafa en China que le terminó llevando hacia Turquía, que es de donde llegaron finalmente los cubrebocas. "Nunca pagué comisiones y creo que ahí empezó el problema", sostuvo el consultor, quien afirmó que no se encuentra "escondido" y quien sostuvo que nadie le ha enviado una "carta oficial" con una reclamación concreta.
Contrato formalizado y actuaciones de control
Ahora, con la reapertura del caso, el juez ha solicitado toda la información disponible de la compraventa. Así, ha dado quince días al Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, que están personados como acusación particular, para que aporten la documentación relativa a la contratación. Entre ella, copia de los expedientes administrativos, contrato formalizado, actuaciones de control por parte de "la intervención municipal y otros organismos internos o externos" o los "correos electrónicos o comunicaciones similares" intercambiados tanto en la "gestación de la operación" como en la "negociación" y "concreción" de la operación. Y, además, todas las "reclamaciones ulteriores" a la misma.
En el sumario del caso que afecta al empresario Alberto Luceño y al aristócrata Luis Medina, a raíz del cual se destapó esta segunda operación bajo sospecha, consta al menos un correo electrónico remitido a comienzos de agosto de 2020 por la entonces jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, al empresario sobre el que ahora se sitúa el foco. "Llevamos varios días esperando, tal y como estaba comprometido, el certificado de conformidad de las mascarillas FFP2. Al efecto te he enviado varios mensajes que no has contestado. Es por ello que, de no recibir la documentación adecuada a la mayor urgencia posible, debemos acordar la devolución del producto y del dinero", exponía. El pago se efectuó en dos partes. El primer abono, un día después de darse luz verde al contrato. El segundo, el 14 de abril, una semana después de detectar "determinadas irregularidades" por las que solicitaron el reintegro de los primeros 1,25 millones.
Por otro lado, solicita a la Policía Judicial que "a través de los distintos instrumentos de cooperación policial" informe sobre "el paradero" y "completa identidad" del empresario de Sinclair&Wilde y que "recopile toda la documentación" que fue presentada para el despacho de la mercancía en la aduana del aeropuerto de Barajas. Por el momento, la instrucción se encuentra en su primera fase. El juez aún no ha tomado declaración al denunciado. Teniendo en cuenta que tiene su residencia fuera de España, las fuentes jurídicas consultadas explican que lo más habitual en este tipo de casos es que se curse una comisión rogatoria en caso de que el investigado esté dispuesto a colaborar.
El Ayuntamiento se persona y la oposición promete "llegar hasta el final"
infoLibre localiza a Philippe Solomon, el empresario acusado de la segunda gran estafa al equipo de Almeida
Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que fueron ellos quienes, a través de la Policía Municipal, pusieron en conocimiento de la justicia la presunta estafa en la compra de material sanitario. Lo hizo el director general de Emergencias y Protección Civil, Enrique López Ventura, a comienzos de 2020 a través de un escrito remitido a la Dirección General de la Policía Municipal. Fuentes del consistorio sostienen que "hace tiempo" anunciaron "su disposición a personarse en la causa, pero no era posible al encontrarse archivada". "Hoy, con la reapertura de la misma, se ha confirmado la personación tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la empresa servicios funerarios, que están a disposición del juzgado para cuanta información necesite", concluyen esas mismas fuentes.
PSOE y Más Madrid también se encuentran personados en la causa como acusación popular. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha asegurado que tratarán de "llegar hasta el final", "recuperar ese dinero" y "acabar" con una "forma de contratar" que "enriquece a unos pocos a costa del dinero de todos". "También en este caso, el comisionista que nos engañó a todos los madrileños llegó a través de un familiar: un tío de un concejal de Almeida", aseveró la líder de la oposición.
"Nos volvemos a encontrar una falta de control en la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid. Y nos queda comprobar si esta falta de control es voluntaria o involuntaria, porque es muy difícil creer que nuestra administración no esté programada para que ante casos de posibles estafas como estos no salten todas las alarmas", apuntó, por su parte, la portavoz de los socialistas en el consistorio de la capital, Mar Espinar.
El titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Israel Bartolomé Moriano, quiere saber si el ayuntamiento de la capital presentó alguna reclamación a Sinclair&Wilde tras recibir el medio millón de mascarillas que le compró durante la primera ola de la pandemia. Así, en el auto de reapertura de la causa por la segunda supuesta gran estafa sufrida por el equipo de José Luis Martínez Almeida, al que ha tenido acceso infoLibre, el juez da quince días al consistorio para que aporte toda la documentación vinculada a la compraventa de los cubrebocas y las "reclamaciones ulteriores" de esta operación, así como la información de la que disponga de las "actuaciones de control" por parte de la intervención municipal u otros organismos internos o externos. Además, ha ordenado a la Policía Judicial que informe del "paradero" y "completa identidad" del empresario implicado, Philippe Haim Solomon, a quien este diario consiguió localizar a finales de abril.