La noticia de que el gestor suizo del rey emérito ya ha declarado ante la Fiscalía de Ginebra cómo en 2010 Juan Carlos I le entregó 1,7 millones transferidos por otro jefe de Estado, el sultán de Bahréin, ya ha tenido consecuencias. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, donde los audios de Corinna zu Sayn Wittgenstein activaron hace dos años las sospechas sobre las finanzas ocultas del padre de Felipe VI, ha lanzado a la Fiscalía ginebrina una petición: que envíe ya sin más dilaciones la comisión rogatoria cuyo contenido se considera clave para dirimir el futuro judicial de quien hasta junio de 2014 fue la máxima autoridad de España.
La solicitud, aseguran a infoLibre fuentes jurídicas, se ha producido por cauces extraoficiales. Y aunque el juez instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, guarda silencio, las fuentes consultadas aseguran que no es la primera vez que ha apremiado al responsable de la investigación que desarrolla el país helvético, Yves Bertossa, fiscal jefe de Ginebra. Ni las llamadas telefónicas ni los correos electrónicos poseen rango oficial para acelerar los trámites de una comisión rogatoria pendiente de ser recibida. Pero la misma existencia de esas conversaciones puede actuar como acelerante. Cursada por la Fiscalía Anticorrupción, el envío de las conclusiones de la comisión rogatoria que haya alcanzado el equipo de Bertossa se perfila determinante.
Apenas mes y medio después de que la Zarzuela reconociese la tenencia de fondos opacos en paraísos fiscales por parte de Juan Carlos I, esta nueva información sobre la supuesta entrega de dinero del sultán de Bahrein ha puesto sobre la mesa un hecho crucial: que las investigaciones sobre el asunto avanzan en Suiza mientras continúan paralizadas en España. Publicada el viernes por el diario El País, la noticia devuelve al gestor suizo Arturo Fasana al primer plano por su supuesto conocimiento de los fondos ocultos que, también supuestamente, manejaba Juan Carlos de Borbón mientras ocupaba el cargo de jefe del Estado.
Si conocer su condición de beneficiario de una fundación panameña –Lucum– ya complicó las cosas en marzo, las nuevas revelaciones sobre el dinero entregado por Hamad bin Isa al Jalifa, rey de Bahrein, ensombrece aún más el panorama. Juan Carlos de Borbón y Hamad bin Isa Al Jalifa tuvieron dos encuentros a lo largo de 2010: en marzo, cuando el entonces rey de España acudió al Gran Premio de Fórmula 1, que tuvo como escenario ese pequeño pero rico país del Golfo Pérsico; y en noviembre, cuando se vieron en Abu Dabi.
Una vez que Suiza entregue a España todo lo avanzado en ese asunto, la Fiscalía Anticorrupción se verá literalmente en una encrucijada clave para el futuro procesal del monarca, inviolable hasta su abdicación en 2014 y a partir de ahí susceptible de ser penalmente investigado pero solo por el Tribunal Supremo. La Fiscalía no desvelará su posición hasta que conozca de primera mano el recorrido de las investigaciones realizadas en Suiza. Pero todo apunta a que bajo ninguna circunstancia prevé que el caso vuelva a manos de García Castellón.
En la Audiencia Nacional permanece en una especie de limbo jurídico con un "sobreseimiento provisional" la denominada pieza Carol, aquella que dentro del caso Villarejo abordaba todo lo derivado de los audios de la "amiga entrañable" del rey y cuyo archivo fue meteórico. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas una diligencias de investigación sobre el supuesto pago de mordidas a cambio de la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca en 2011. Según la aristócrata alemana cuyas afirmaciones grabó el comisario José Manuel Villarejo, Juan Carlos de Borbón cobró parte del dinero que se movió para que Arabia Saudí beneficiase al consorcio del que participaban empresas como OHL.
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Aunque la idea más extendida es la de que Juan Carlos de Borbón no puede ser investigado por nada que sucediese antes de su abdicación porque como rey era inviolable, la Fiscalía Anticorrupción nunca ha descartado lo contrario: se le podría investigar penalmente si el hipotético dinero obtenido antes de junio de 2014 se hubiera movido para su blanqueo en fechas posteriores.
Otros juristas y expertos en materia tributaria sostienen, además, que cabe imputarle un delito fiscal si se confirma que mantuvo fuera de España fondos opacos no declarados en su declaración anual de ingresos. ¿Por qué? Porque una ley en vigor desde 2012 y pendiente de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) preceptúa que no prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero.
El supuesto cobro de enormes cantidades –hasta 100 millones de dólares– pagadas por Arabia Saudí amenaza así con convertirle en un imputado por delito fiscal o blanqueo, aunque de momento esa amenaza continúa siendo incierta. Aun así, la amenaza se ve incrementada con el episodio del sultán de Bahrein. Según lo publicado por el diario El País, el fiscal ginebrino Yves Bertossa preguntó al gestor Arturo Fasana por qué el 7 de abril de 2010 Juan Carlos I recibió 1,9 millones de dólares [1,7 de euros] procedentes del sultán de Bahrein y que se abonaron en la cuenta abierta por la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud. Fasana respondió así: “Juan Carlos I es una persona apreciada en los países del Golfo. Volvía de Abu Dabi y vino a mi casa a Ginebra. Quería almorzar conmigo. Me dijo que había recibido 1,9 millones del rey de Bahréin, que le había ofrecido este dinero. Escribí un informe de visitas [trámite bancario para justificar un ingreso del cliente] y pedí al banco si podía entregar el dinero. Me dijeron que sí”. Fasana explicó en su declaración judicial que el rey emérito acudió a su domicilio particular con una maleta que supuestamente contenía el dinero.
La noticia de que el gestor suizo del rey emérito ya ha declarado ante la Fiscalía de Ginebra cómo en 2010 Juan Carlos I le entregó 1,7 millones transferidos por otro jefe de Estado, el sultán de Bahréin, ya ha tenido consecuencias. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, donde los audios de Corinna zu Sayn Wittgenstein activaron hace dos años las sospechas sobre las finanzas ocultas del padre de Felipe VI, ha lanzado a la Fiscalía ginebrina una petición: que envíe ya sin más dilaciones la comisión rogatoria cuyo contenido se considera clave para dirimir el futuro judicial de quien hasta junio de 2014 fue la máxima autoridad de España.