Un juzgado de Madrid abre la puerta a unificar otra vez la macrodenuncia por las muertes en residencias

Se presentó en común y luego se diseccionó, pero ahora puede volver a unificarse. La posible discriminación sanitaria producida entre marzo y abril de 2020 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid podría ser ahora investigada por un único juzgado. En concreto, por el de Instrucción número 3 de Plaza Castilla, en favor del cual se ha inhibido una jueza de Leganés que tenía tres causas sobre la mesa y ha decidido suspender la declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los que ya había citado como imputados el 17 de junio. La pelota está ahora por tanto sobre el tejado de la titular del primer juzgado que decidió investigar a los presuntos responsables de las decisiones que provocaron que 7291 mayores fallecieran en la región sin ser atendidos. Ni dentro ni fuera de los geriátricos.
La noticia cayó como una "sorpresa" para los familiares de las víctimas, según confiesa María Jesús Valero, de 7291 Verdad y Justicia, pero no fue una decepción. A menos de una semana de que los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco José Martínez Peromingo, tuvieran que acudir a declarar ante una jueza por la aprobación y aplicación de los Protocolos de la Vergüenza, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés decidió aceptar la petición de la defensa de este último y suspender la cita. Según entiende, porque otro juzgado ya estaba "investigando con anterioridad los mismos hechos".
Todo se remonta a finales de mayo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidía, por primera vez, imputar a estos dos hombres, además de a Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo. Lo hizo después de que la Fiscalía Provincial pidiera reabrir un caso archivado provisionalmente hace casi tres años. En ese marco, los tres acudieron a declarar como investigados el día 26, pero ninguno llegó a pronunciarse porque sus defensas alegaron que no habían recibido la totalidad del expediente.
Tan sólo cuatro días después, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés imputaba también a Mur y a Peromingo, y lo hacía también con Pablo Busca, máximo responsable del Summa 112 durante las peores semanas de la crisis sanitaria. Burgueño fue entonces citado como testigo, aunque de su declaración la jueza entendió que podía derivarse una imputación que dejó en el aire. Ahora, ha decidido apartarse de tener que tomar esa decisión. Y ha abierto el camino a que otros jueces hagan lo mismo, según entiende el equipo jurídico de las víctimas. "Tras este paso, es probable que todo se unifique", señala la abogada Alejandra Jacinto.
El "espíritu" de la denuncia
No es una mala noticia, ni aunque esto signifique ralentizar todo. Ahora bien, de lo que sí advierten desde 7291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias es de que, si acaba todo sobre la mesa de la jueza de Plaza Castilla, habrá que asegurarse de que existen suficientes medios materiales y humanos para poder "hacer justicia después de más de cinco años de espera".
Llevaban desde 2020 interponiendo querellas. Según los datos que en su día recogió Marea de Residencias, llegaron a contarse más de 400, pero muchas fueron archivadas —en ocasiones, incluso, sin escuchar a las familias de las víctimas— y otras tantas apenas llegaron a avanzar. Se apuntaba siempre a la presunta comisión de varios delitos: homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. En octubre de 2024 se exploró, por primera vez, la vía de la denegación sanitaria por motivos discriminatorios, un delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal.
Se hizo en forma de macrodenuncia y ante la Fiscalía Superior de Madrid. La presentaron en concreto 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron entre marzo y abril de 2020— y apuntaron a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, Burgueño y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Por eso no señalaron a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso que sí habían protagonizado las otras querellas por los otros delitos.
Un mes después de recibirla, la fiscal Almudena Lastra se declaró incompetente y repartió los distintos casos entre varias fiscalías de área. Una vez escuchadas las familias, el Ministerio Público actuó a través de varias vías diferentes: denunció algunas muertes que no habían sido judicializadas, pidió que algunas que estaban archivadas se reabrieran y añadió este delito a las investigaciones que estaban en marcha. En otros casos, fueron las propias víctimas las que interpusieron querellas, ante una prescripción que en muchos casos era inminente. En total, señalaron las familias, las discriminación sanitaria se diseminó en 92 procedimientos. Y cada uno está ahora en manos de un juez.
Se suspende la declaración de los imputados por muertes en residencias para aunar las causas
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Según entienden Jacinto y Carlos Castillo, también letrado de las familias, el paso dado por la jueza de Leganés puede entenderse por ellos como el camino a seguir. Serán quienes decidan si se inhiben o no en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Plaza Castilla. Y su titular la que decida si acepta los casos. Ocurra como ocurra, según explican los abogados, esto significaría volver al "espíritu" de la macrodenuncia. Se presentó en común, explica Jacinto, porque los casos eran los mismos. "Los Protocolos de la Vergüenza afectaron de forma colectiva a un colectivo, así que sí tiene lógica que se unifiquen todos los casos", señala.
Cerco sobre el Gobierno
La presidenta regional, por su parte, sigue durante estos días la misma estrategia que ha llevado su equipo durante los últimos cinco años. Los Protocolos no se aplicaron y son, tan sólo, una campaña de la oposición. El 5 de junio, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, acusó al PSOE y a Más Madrid de usar el "drama" de las residencias con "fines políticos", pero también para "algo más mezquino, para tapar la mafia" de Gobierno de España. A renglón seguido, la conservadora cuestionó porqué la izquierda no se interesa en lo ocurrido "en las residencias de todo el mundo" donde "murió muchísima más gente". "Lo único que están haciendo es política barata", se respondió.
Si bien no han declarado todavía imputados por este delito, sí lo han hecho testigos. Y fue precisamente en Leganés, donde el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero reiteró que las órdenes de no derivación tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia. El mismo día, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, confirmó que sus centros privados no recibieron a ninguna persona mayor derivada de las residencias. Y Burgueño, cuya declaración fue interrumpida, terminó de estrechar por su parte el cerco entorno al Ejecutivo de Ayuso. Mencionó en concreto una reunión celebrada el 11 de marzo y en la que también participaron el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Fue entonces cuando presentó un plan, según dijo él mismo, que contemplaba la asistencia médica en las residencias. Pero que nunca llegó a ponerse en práctica.