La declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid tras una denuncia por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo acaba de quedar pospuesta cinco días y así lo han confirmado a infoLibre fuentes jurídicas. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, había fijado como fecha el 5 de junio, es decir, solo un día después de que el reloj de los plazos para recurrir decisiones judiciales vuelva a estar en marcha tras el parón procesal del estado de alarma.
La Abogacía reprocha a la jueza del 8M que devuelva el informe al forense para volver a imputar un delito de lesiones a Franco
La rapidez meteórica con que está actuando la jueza en estas diligencias pese a que ella misma las definió como "no urgentes" ha sorprendido no solo a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Múltiples juristas a los que el miércoles consultó este periódico temen que lo que consideran una denuncia de armadura débil y cuyo principal refuerzo conocido es de momento un informe de la Guardia Civil plagado de errores, acabe convertido en un verdadero campo de minas para Franco y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En su recurso contra la incoación de diligencias contra Franco, la celeridad con que la jueza lleva actuando desde el 23 de marzo centra buena parte de las críticas del servicio jurídico de la Administración. "Si las actuaciones no son urgentes no se debieron abrir las diligencias en una situación excepcional que dificulta la defensa" de José Manuel Franco, aduce el servicio jurídico de la Administración.
La apertura de las investigaciones y la práctica diligencias no urgentes "supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", se lee en el recurso de la Abogacía. En su escrito acusa a Rodríguez-Medel de haber abierto una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Presentado el 20 de abril y aún pendiente de que la Audiencia de Madrid lo resuelta, el recurso lo expone así: "En su afán de encontrar indicios (...) solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".
La declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid tras una denuncia por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo acaba de quedar pospuesta cinco días y así lo han confirmado a infoLibre fuentes jurídicas. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid, había fijado como fecha el 5 de junio, es decir, solo un día después de que el reloj de los plazos para recurrir decisiones judiciales vuelva a estar en marcha tras el parón procesal del estado de alarma.