La jueza del 'caso del ático' pide a cinco bancos que informen del patrimonio de González y su mujer

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo, que instruye el caso del ático, ha ordenado que se investigue el patrimonio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, según consta en una providencia de este martes 8 de marzo, en la que la jueza cita a declarar para el 18 de abril como imputados (investigados) al matrimonio y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Y para conocer el patrimonio del que fuera número dos de Esperanza Aguirre hasta hace menos de dos meses, cuando dimitió de forma secreta como secretario general del PP de Madrid, la magistrada pide a Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular que aporten los contratos y extractos de sus cuentas bancarias, así como el montante de otros productos de los que sean titulares o apoderados correspondiente al periodo que va de abril de 2008 a diciembre de 2013.

Para reclamar esta información bancaria, la jueza se apoya en un escrito de 27 páginas de 20 de noviembre de 2014 del abogado Javier Carnerero, que ejerce la acusación popular en representación de los extrabajadores despedidos en el ERE de Telemadrid, en el que se solicitaban los datos de las cuentas de González y Cavero.

Cuenta de Caixabank

En la providencia de este martes, la jueza Isabel Conejo pide la información "en los términos del escrito del letrado Carnerero de 25 de noviembre de 2014". Y es ahí donde el abogado reclama "la documentación acreditativa del contrato y extracto bancario" de una cuenta concreta de Caixabank, de la que son titulares Ignacio González y de su mujer. 

Desde esta cuenta el matrimonio realizó el pago en diciembre de 2012 de los 770.000 euros que abonó para hacerse con la titularidad del inmueble de lujo, que desde 2008 pertenecía a la firma de Estados Unidos Coast Investors, propiedad a su vez, según el testaferro Rudy Valner, del ciudadano argentino Luis Osvaldo Repetto. infoLibre mantuvo en julio de 2015 una conversación telefónica en la que este empresario reconoció haber sido "conocido" y socio de Enrique Cerezo.

Barclays Bank

El segundo banco que identifica el escrito del abogado de los extrabajadores de Telemadrid es el Barclays Bank. Además de todos los extractos bancarios, la jueza reclama los soportes documentales de todas las operaciones realizadas con las empresas Coast Investors LLC y con la matriz de esta, la panameña Walford Overseas Investmest Inc. Pero también las vinculadas con el fiduciario Rudy Valner.

En este sentido, el diario Público adelantó en su edición de 29 de enero de 2009 que González era titular de una cuenta en el banco británico en la que tenía "una caja de caudales donde parece ser que tiene dinero líquido".

A Bankia y a Santander, entidades financiera que también fueron utilizadas por el matrimonio para realizar operaciones económicas relacionadas con el inmueble, la jueza también le pide que identifique las cuentas de González y Cavero para conocer las vinculaciones con la empresa Coast Investors LLC, investigada como persona jurídca en el caso del ático.

Banco Popular

El quinto banco mencionado por la jueza es el Banco Popular, cuya participación fue de vital importancia. De hecho, en octubre de 2013 la imputada Coast Investors LLC presentó un escrito en el Juzgado de Estepona en el que se oponía a que se conocieran las cuentas de la empresa en esa entidad bancaria.

El Banco Popular actuó como corresponsal en los pagos de Coast Investors LLC en España. La entidad financiera de origen de las transferencias fue una oficina de la ciudad de Portland, en el Estado de Oregón, del US Bank.

En concreto, el presunto testaferro Rudy Valner abonó desde la mencionada cuenta del US Bank de Portland 650.000 euros de los 750.000 euros que pagó Coast Investors LLC por el ático al primer propietario, el empresario vasco Pedro Javier Villate.

Con todas estas diligencias, la jueza Isabel Conejo trata de determinar si el dúplex de lujo, por el que el matrimonio abonó 770.000 euros en diciembre de 2012, pudo haber sido el pago en especie de una mordida que habría sido en total de 2 millones de euros, según aseguró un confidente policial del caso Gürtel.

El supuesto pago se habría producido, explicó el comisario José Manuel Villarejo en su comparecencia como testigo el pasado 1 de febrero, en relación a la adjudicación y posterior recalificación de unas fincas municipales por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario, Fernando Martín, está imputado en el caso Gürtel.

La instrucción del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional atribuye a Fernando Martín la autoría de dos pagos por un total de 25 millones de euros al presunto cerebro de la Gürtel, Francisco Correa, a cambio de intermediar en la mencionada operación de Arganda del Rey, considerada el mayor pelotazo de Gürtel.

Según el arquitecto Gilbert Barbany, testigo en la Audiencia Nacional, las decisiones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, permitieron que Martinsa elevara sus beneficios previstos en Arganda del Rey en 199 millones, pasando a superar los 500 millones.

Petición a Panamá

Pero la jueza Isabel Conejo también reclama la reactivación de la comisión rogatoria que se envió a Panamá y que el país centroamericano se negó a cumplimentar ya que el delito por el que se investigaba la operación, contra la Hacienda Pública, no se encuentran tipificado allí como delito y "por ende constituye una conducta atípica dentro de la jurisdicción penal de la República de Panamá", según consta en la contestación realizada el 13 de agosto de 2014 por las autoridades de este país centroamericano.

Y para justificar esta revitalización de la rogatoria panameña, la jueza Isabel Conejo reclama en la providencia de este martes que se aclare a las autoridades de este país que el delito objeto de investigación "se ha visto ampliado, a resultas de la investigación efectuada, abarcando la presunta existencia de un delito de cohecho".

Waldorf Overseas Investments

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En concreto, la magistrada quiere recabar de Panamá información sobre los beneficiarios de la empresa panameña Waldorf Overseas Investments INC, "sus representantes y administradores y de las cuentas bancarias a su nombre". Waldorf Overseas Investments INC sería la matriz de la empresa que compró el ático, aunque el testaferro Rudy Valner asegura que esta empresa se denomina en realidad Walfort (con 't' final) Overseas Investments LTD. 

También pide al registro público de este país que certifique la identidad de los representantes legales de las empresas Dulcan INC y Winsley INC, "con el objeto de definir las personas físicas propietarias de estas empresas". Las firmas Dulcan y Winsley actuaron como suscriptoras de Waldorf Overseas Investments INC, pero también de otra sociedad, Golden Chain Properties, propiedad del cerebro de Gürtel, Francisco Correa.

Golden Chain Properties recibió una parte (13 millones) de los 25 millones que según el sumario de Gürtel abonó el empresario Fernando Martín a Correa por su intermediación en el pelotazo de Arganda del Rey.