La jueza cree que las llamadas de Pradas certifican ‘inactividad’ de la Generalitat en la dana
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 Catarroja, que investiga la gestión de la dana, vuelve a poner el foco en la inacción del Gobierno de Carlos Mazón a la hora de prevenir la tragedia. Lo hace a través de una resolución en la que rechaza citar a declarar en calidad de investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Un auto en el que deja caer que el cruce de llamadas y mensajes aportados a la causa por los dos principales imputados —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso— ponen de relieve la “evidente pasividad” de la Administración autonómica ante una situación “gravísima” que dejó más de dos centenares de fallecidos.
La magistrada, que responde así en un auto notificado este martes a la solicitud presentada por una acusación popular —el colectivo ultra Liberum—, fundamenta su decisión de no extender la causa en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Gobierno valenciano es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.
“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, sostiene la instructora. Y sentencia: “La voluntad de extender la responsabilidad a todas y cada una de las Administraciones […] confluye con las argumentaciones de las representaciones de los investigados y produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana”
Para la magistrada, “resulta evidente” que la flagrante “inactividad” concurrió en el Gobierno de Carlos Mazón. Una afirmación que sostiene sobre las llamadas y comunicaciones aportadas a la causa tanto por Pradas como por Argüeso. El listado telefónico de la primera puso de manifiesto que Mazón estuvo desaparecido en los momentos clave de la catástrofe. Y los mensajes entregados por el segundo revelaron que había dado el aviso de que los barrancos en Carlet iban a “colapsar” horas antes de que se enviase a la población la alerta telefónica, que llegó demasiado tarde.
“En el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población”, recoge la magistrada en su resolución.
Para la jueza, "el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la no declaración de emergencia nacional, como ya se ha expresado, no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la administración autonómica, administración que fue absolutamente incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población".
La instructora, además, recuerda que quienes debían tomar las decisiones “manifiestan ser ajenos” a las llamadas del 112, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las comunicaciones sobre el estado de los barrancos. En este sentido, apunta que la sala del Cecopi parecía un lugar en el que nadie poseía teléfonos, en el que los técnicos no informaban. “Una sala de reuniones —lanza la magistrada— en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala. Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación”.
La jueza ha dictado también este martes otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16:30 y las 23:59 horas del pasado 29 de octubre, el día de la dana. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.
El órgano judicial también ha notificado una providencia donde se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la dana y de la renuncia de una representación letrada para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de 64 de los fallecidos.
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Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la dana, unas 250 declaraciones testificales, mayoritinfariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.
