La Policía Nacional ha interrogado a Luis Olavarría, director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta de Andalucía, como "investigado" por un presunto delito de "prevaricación", según un informe policial remitido al juzgado de instrucción 8 de Sevilla. Dicho juzgado indaga supuestos tratos de favor a dos empresas, Faasa e Inaer, en las adjudicaciones de vuelos de emergencias aéreas del 061 en Andalucía desde 2010 y 2016. Según la investigación policial, la Administración andaluza ha permitido a ambas empresas constituir un duopolio mediante el reparto de común acuerdo de las licitaciones, evitando competir entre sí, lo cual viene provocando un deterioro del servicio. Siguiendo las indicaciones de la Policía, la jueza que instruye el caso, María de los Reyes de Flores, ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dirima si ha habido acuerdos irregulares entre empresas para el reparto de los vuelos no sólo de emergencias sanitarias, sino también para apagar los incendios en Andalucía. Salud señaló, consultada por este periódico, que todas las contrataciones, tanto de helicópteros como de personal de vuelo, se ciñen a la legalidad.
El caso parte de las denuncias de un funcionario y de la CGT de Andalucía. Ahora un informe policial, firmado el 17 de octubre y al que ha tenido acceso infoLibre, apunta a la existencia de "irregularidades" en EPES, determinadas tras el análisis de los expedientes de contratación de los vuelos de emergencias sanitarias. El informe apunta un posible "fraude en la contratación pública derivado del abuso de una situación de oligopolio continuado en el tiempo, permitido en mayor o menor medida por la pasividad de los funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía, que han venido permitiendo que en vez de concurrir las empresas a los distintos lotes de provincias, se repartan las mismas, ello en perjuicio del administrado, ya que la no concurrencia" provoca que no se introduzcan "mejoras tanto técnicas como económicas".
En el marco de su investigación, los agentes tomaron declaración el 5 de octubre como investigado, asistido por una abogada de la Junta de Andalucía, a Luis Olavarría, director gerente de EPES y presidente del órgano de contratación. El objetivo era establecer si de su actuación se desprende "participación en un presunto delito de prevaricación". Tras oír sus respuestas, los policías no consideran despejadas todas las incógnitas. Quedan aspectos "pendientes de dilucidar". ¿Por ejemplo? Con respecto al posible reparto entre Faasa e Inaer, la explicación que aporta Olavarría "no es convincente". "No explica suficientemente el motivo por el que se presentan siempre a las mismas provincias", señala el informe. "Por ejemplo, ¿por qué no se presenta Inaer a Cádiz o Córdoba? Una multinacional con sobrada experiencia siempre 'respeta' a Faasa en esas dos provincias", añaden los investigadores.
"Faasa e Inaer no han competido jamás en los mismos lotes", señala el informe. La primera concursa en Córdoba y Cádiz e Inaer en el resto. "Esto es así independientemente de que se trate de un contrato completo o un lote dentro de un expediente. Recordemos que las conductas colusorias, prohibidas por ley, están encarnadas por el acuerdo entre dos más operadores económicos para falsear la competencia de libre mercado y perjudicando al consumidor final, al tener que pagar más por un producto que en una situación de libre concurrencia", explica la Policía, que añade: "Cuando la Administración ha publicado la licitación para Andalucía entera, Faasa ya no ha podido competir; todo ello quiere decir que Inaer es una empresa más potente que, si hubiese querido 'ganar' los lotes de Córdoba y Cádiz. sin duda lo hubiese conseguido; al menos esta impresión da".
El informe señala que "lo deseable para la Administración y por tanto el administrado hubiese sido que Faasa e Inaer compitieran entre ellas, obteniendo con esta práctica un contrato más ventajoso para la Administración". Se trata –añade– de "un mecanismo que opera repetidamente", fruto de lo que "parece" un "acuerdo". "Resultado de la situación de oligopolio (casi monopolio) sigue vislumbrándose la dificultad de EPES para adjudicar los concursos con las condiciones deseadas por la Administración, frente a las 'exigencias' o 'pulsos' de las licitadoras". La Policía, en el inicio de su investigación, consideró que dichas exigencias comprometían la seguridad y los tiempos de respuesta, si bien en este informe apunta a una dificultad para valorar estos extremos.
Una vía para seguir la investigación
La Policía Nacional indica a la jueza una vía para continuar la investigación "si estima que siguen existiendo indicios suficientes". "Una diligencia que podría arrojar luz", apunta el informe, sería la emisión de un "auto de mandamiento judicial" dirigido a la CNMC para que "en sus funciones genéricas de control de concentraciones, supervisión, inspección y control de la aplicación de la normativa de la defensa de la competencia española y de la UE, en interés de los consumidores y empresas, emita informe y se pronuncie a la mayor brevedad posible acerca de los posibles indicios de licitaciones colusorias en los contratos públicos en los que han participado Faasa e Inaer".
La CNMC, señala la Policía, "deberá solicitar copia de los expedientes de contratación" de vuelos del Plan Infoca contra incendios (de la Consejería de Medio Ambiente) y de EPES (de la Consejería de Salud). Con ello podrá"analizar si existen indicios de reparto territorial y reparto por lotes", así como "la posibilidad de un reparto a nivel nacional de licitaciones autonómicas". En su declaración, Olavarría negó que existiera tal reparto. Tras recibir el informe policial, la jueza de instrucción 8, María de los Reyes de Flores, dictó una providencia el 18 de octubre ordenando librar mandamiento judicial a la CNMC para que emita informe y se pronuncie acerca de los posibles indicios de licitaciones "colusorias" en los contratos públicos en los que han participado Faasa e Inaer "con los distintos organismos de la Junta de Andalucía".
Faasa e Inaer
Este medio ya informó en enero de que la Policía Nacional acusaba en un informe a la Junta de favorecer a Faasa e Inaer, incluso en perjuicio de la seguridad de los vuelos sanitarios y del tiempo de respuesta de la atención, que debe ser especialmente breve al cubrir infartos, transplantes... "La escasa concurrencia se debe a la reducida presencia de estas empresas a nivel nacional", afirmó en febrero en el Parlamento la consejera de Salud, Marina Álvarez (PSOE). Según la Policía, dos empresas, Faasa e Inaer, constituidas en "férreo oligopolio", han impuesto sus condiciones en la contratación de helicópteros para servicios de emergencias sanitarias de la Junta, que lo permitió con su inacción o plegándose a sus exigencias. El resultado es que "la seguridad" de los vuelos se vio "claramente en perjuicio", al aceptar la Administración cambios en los requisitos que llegaron a permitir el uso de helicópteros antiguos o sin habilitación para vuelos nocturnos y a incrementar el tiempo de respuesta ante una emergencia.
En su informe de octubre la Policía baja el tono y asegura que "se han interpretado de manera errónea tiempos de respuesta" y "se ha dudado sobre extremos que la propia Aena considera correctos", en lo que parece una rectificación en este punto.
La extensión del caso
El primer informe resulta del examen de cinco expedientes de contratación de EPES. Señala la existencia de unamecánica supuestamente fraudulenta similar a la detectada en la contratación de vuelos para el Plan Infoca contra incendios, también objeto de instrucción judicial y que afecta a la Consejería de Medio Ambiente. La investigación de los vuelos sanitarios se basa, entre otras fuentes, en una denuncia presentada en junio del año pasado por CGT ante la Fiscalía. El sindicato destacaba en su denuncia una "triple coincidencia": "que siempre sean las mismas empresas las adjudicatarias de los concursos a lo largo del tiempo, que siempre resulten adjudicatarias de los mismos lotes y que siempre resulten adjudicatarias por el mismo importe que el licitado".
Las dos empresas forman parte del conocido como "cártel del fuego", un grupo de compañías investigadas por la Audiencia Nacional por un posible fraude en los contratos de vuelos contra incendios en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Castilla y León. El caso se extiende pues por buena parte de España y, en el caso de Andalucía, pone ya el foco en dos consejerías.
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"Reparto territorial"
La investigación policial sostiene que Inaer y Faasa han acordado un "reparto territorial", por el que cada empresa se queda con unas provincias y se evita la competición directa. El resultado es "un verdadero pulso entre la única licitadora y la Administración, que en no pocas ocasiones se ha visto obligada a ceder a las necesidades de aquella". Los informes policiales no aclaran qué habrían ganado los responsables públicos andaluces a cambio de haber ayudado a las empresas, si es que así fue. Los hechos descritos apuntan a una posible inacción en la defensa del interés público, pero no se describe una ganancia personal.
infoLibre solicitó su versión a EPES, que asegura que ha llevado a cabo la licitación y adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Dicha empresa dependiente de la Consejería de Salud afirma que "la dirección gerencia de la empresa ha prestado declaración, como responsable máximo de la organización, aclarando muchos de los aspectos del informe policial inicial". "El máximo objetivo en las contrataciones ha sido siempre dar una respuesta equitativa y de calidad a toda la población, basándose en criterios asistenciales", señala. Con respecto al contenido del último informe policial, EPES afirma que no conoce su contenido.
La Policía Nacional ha interrogado a Luis Olavarría, director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) de la Junta de Andalucía, como "investigado" por un presunto delito de "prevaricación", según un informe policial remitido al juzgado de instrucción 8 de Sevilla. Dicho juzgado indaga supuestos tratos de favor a dos empresas, Faasa e Inaer, en las adjudicaciones de vuelos de emergencias aéreas del 061 en Andalucía desde 2010 y 2016. Según la investigación policial, la Administración andaluza ha permitido a ambas empresas constituir un duopolio mediante el reparto de común acuerdo de las licitaciones, evitando competir entre sí, lo cual viene provocando un deterioro del servicio. Siguiendo las indicaciones de la Policía, la jueza que instruye el caso, María de los Reyes de Flores, ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que dirima si ha habido acuerdos irregulares entre empresas para el reparto de los vuelos no sólo de emergencias sanitarias, sino también para apagar los incendios en Andalucía. Salud señaló, consultada por este periódico, que todas las contrataciones, tanto de helicópteros como de personal de vuelo, se ciñen a la legalidad.