La jueza imputa a la mujer del directivo de Quirón a la que el novio de Ayuso compró una empresa
La titular del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, da un nuevo impulso a la causa que sigue contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una semana después de dictar auto de procesamiento contra Alberto González Amador en la pieza principal del caso –la que se sigue por fraude fiscal y falsedad documental–, la instructora ha decidido reactivar la pieza separada, en la que el empresario se encuentra imputado por corrupción en los negocios y administración desleal. Y, para ello, ha llamado a declarar como investigada el 19 de junio a Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón a la que el novio de Ayuso compró una empresa sin valor aparente por medio millón de euros. Una adquisición sobre la que sobrevuela la sospecha del pago de una comisión encubierta.
Los hechos que sustentan esta pieza separada, y que fueron puestos sobre la mesa por PSOE y Más Madrid –que ejercen la acción popular–, se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. En concreto, los trabajos de la expansión en Latinoamérica y la implantación de la Joint Commission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz.
Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador y que terminó provocando la apertura de la causa contra el empresario. Un extenso documento en el que la inspectora señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación". Masterman carecía "por completo de medios personales y materiales necesarios y suficientes" para realizaron dichos servicios, los cuales fueron prestados "realmente" por el equipo de Maxwell Cremona. Con ello, se buscaban beneficios fiscales.
Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano se quedó, por su parte, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con el 20% restante.
Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, filial del gigante de la salud encargado de los chequeos médicos de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid y que es uno de los principales clientes de González Amador. De hecho, ambos empresarios llevan tiempo estrechamente conectados. El directivo de Quirón, por ejemplo, fue uno de los cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico, a cuya junta directiva también perteneció el novio de Ayuso. Y consejero de la empresa gallega Mape Asesores, para la que intermedió González Amador en un negocio de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia que le reportó 1,97 millones.
La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020, se trasmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Sobre todo, si se tiene en cuenta lo que facturaba la compañía: 29.745 euros el año previo a su adquisición. Medio millón, en definitiva, por una sociedad que, según la Fiscalía, "carecía de valor".
"No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", deslizaba el Ministerio Público en uno de sus escritos, en el que ponía de manifiesto sus sospechas de que aquella compra respondiera en realidad al pago de una comisión encubierta: "Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros".
En su declaración ante la jueza en el marco de esta pieza separada, González Amador señaló que la red de distribución que tenía aquella sociedad adquirida justificaba el pago de medio millón que hizo por la misma. Durante aquella comparecencia, además, aportó varios documentos, entre ellos una adenda al contrato de compraventa de participaciones "en el que se fijaban los compromisos de las prestaciones accesorias de asesoramiento y no competencia", tal y como se recoge en el auto por el que acuerda la citación como investigada de Carrasco.
