La jueza que desde 2009 investiga el presunto espionaje a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre por parte de funcionarios a sueldo de la Comunidad de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para juzgar en un juicio con jurado a los seis imputados. Titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce considera “verosímil” atribuirles la comisión de los hechos investigados, que “revisten por ahora [...] los caracteres de delito de malversación de caudales públicos”. Así lo escribe en una resolución fechada el 26 de junio y a la que ha tenido acceso infoLibre.
Tras el durísimo auto adelantado por este diario y con el que, por tercera vez, la Audiencia de Madrid le obligó el 1 de junio a reabrir el caso, Valcarce ha convocado a todas las partes a una comparecencia –vistilla, en el argot jurídico- para que el viernes 10 de julio a las cinco y media de la tarde pidan el sobreseimiento, lo que en teoría sigue siendo posible, o la continuación del procedimiento. A esa comparecencia no acudirán sólo los abogados. También los imputados han de estar presentes.
De momento, y antes de que llegue ese momento, ya hay otra solicitud. Y de calado: el abogado que representa a dos imputados clave, José Manuel Pinto y José Oreja, reclama que se ponga bajo protección a Yolanda Laviana, exesposa del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, el también imputado Sergio Gamón, y que se la cite a declarar.
En junio de 2010, Laviana afirmó en declaraciones al diario El País que su marido ya investigaba en 2006 al entonces consejero Alfredo Prada para Ignacio González, en aquel momento delfín de Esperanza Aguirre. En septiembre de 2012, y tras la inesperada dimisión de Aguirre, González tomó el relevo de su mentora al frente del Gobierno madrileño.
Dos años y medio después de aquellas primeras declaraciones de Yolanda Laviana, el guardia civil imputado José Oreja dio una vuelta de tuerca al caso al enviar a la jueza una confesión escrita en la que reconocía exactamente lo que la exmujer de Gamón había dicho. Y más.
En su escrito, Oreja relataba cómo había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde y a su mano derecha, Manuel Cobo, porque Ignacio González tenía “especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”. Aquello no conmovió a la jueza Valcarce, que al poco volvió a dar cerrojazo al caso.
“Aterrorizada, arruinada, moralmente hundida y sola”
Obligada de nuevo por la Audiencia de Madrid a reabrir la causa, la jueza ya citó a declarar a Yolanda Laviana el año pasado. Pero, una vez ante ella, le concedió la potestad de no declarar contra Sergio Gamón porque había estado casada con él. Ese argumento, concluyó la Audiencia de Madrid en su auto del 1 de junio, no vale: porque en el momento de colocarse ante la magistrada, a la testigo ya no le unía ninguna relación afectiva ni de lealtad conyugal con su exmarido.
Al solicitar que Yolanda Laviana sea llamada de nuevo a testificar, la defensa de Oreja y Pinto subraya cómo recibió con “perplejidad” que se acogiese a un hipotético derecho de silencio. ¿Por qué? Porque Laviana se había reunido “por petición propia con esta parte manifestándonos todo lo contrario el día 10 de mayo de 2013”.
Según el letrado de Oreja y Pinto, Ramón González Bosch, en aquella reunión la exmujer de Gamón le transmitió, entre otras cosas, lo siguiente: “Desde que empezó todo esto se encuentra aterrorizada, arruinada económicamente, moralmente hundida y sola”. Además, ratificó “todo lo manifestado por ella y publicado por el periódico El País” y dio “como verídicas estas informaciones en todos sus extremos”.
El abogado agrega que quien luego se convirtió en una testigo refractaria le desveló entonces cómo “continuamente está siendo seguida”. Y que “estaba dispuesta a ratificar delante de su señoría toda la información publicada por El PaísEl País y a aportar más información de relevancia a favor de la verdad”.
No era posible calcular el daño hecho
Si en la vistilla del viernes de la próxima semana la jueza descarta el sobreseimiento, podrá practicar nuevas diligencias y tendrá que dar luego traslado a las partes para que presenten los escritos de acusación y defensa.
En esta causa, la Fiscalía no acusa. Se mantiene abierta porque la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños a través del abogado Wilfredo Jurado, recurrió los tres intentos de carpetazo de la magistrada. Y en sus tres recursos obtuvo el respaldo de la Audiencia de Madrid.
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Reacia desde el primer momento a investigar más allá del primer nivel –el de los agentes directamente involucrados en los seguimientos, en favor de cuya existencia hablan distintos informes caligráficos y de posicionamiento de teléfonos móviles-, la jueza Valcarce se aferró a que no era posible cuantificar el daño causado a las arcas públicas.
Y que como eso no era factible, tampoco lo era atribuir a los imputados un delito de malversación. Ocasión tras ocasión, la Audiencia de Madrid tumbó sus razonamientos y forzó la reapertura de la causa.
Ahora, la gran incógnita radica en si, por cuarta vez, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid desoye el mandato de la Audiencia Provincial e intenta, tras la vistilla del 10 de julio, volver a archivar el caso.
La jueza que desde 2009 investiga el presunto espionaje a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre por parte de funcionarios a sueldo de la Comunidad de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para juzgar en un juicio con jurado a los seis imputados. Titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce considera “verosímil” atribuirles la comisión de los hechos investigados, que “revisten por ahora [...] los caracteres de delito de malversación de caudales públicos”. Así lo escribe en una resolución fechada el 26 de junio y a la que ha tenido acceso infoLibre.