La jueza envía a prisión al ex secretario de Estado del PP vinculado al 'hacker' Alcasec
La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido enviar a prisión para evitar destrucción de pruebas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez tras tomarle declaración en el marco de la causa que gira alrededor de una suerte de red de inteligencia dedicada a la extracción ilícita de datos de organismos públicos y su posterior almacenamiento, procesamiento y explotación, un caso que también salpica al hacker José Luis Huertas –más conocido como Alcasec–, un supuesto socio del mismo y el youtuber Álvaro Martín –más conocido como Valyrio–, que fue arrestado en Andorra y para el que se ha dictado orden de extradición.
Los tres detenidos este martes en el marco de la operación Borraska han pasado este jueves a disposición judicial. Martínez, peso pesado en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz –de hecho, tendrá que sentarse en el banquillo por Kitchen– ha prestado declaración, según fuentes jurídicas, durante media hora. Y ha respondido a las preguntas de la magistrada, de la Fiscalía y de su defensa. Tras su comparecencia, la instructora ha decidido enviarlo a prisión hasta que la Policía "acabe de asegurar" las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec, pendiente de juicio por el hackeo del Punto Neutro Judicial –del que se extrajeron datos bancarios de más de medio millón de personas–.
Durante su comparecencia, siempre según las mismas fuentes, el ex secretario de Estado de Seguridad ha explicado su vinculación con Huertas, al que representó como abogado siendo menor y al que luego intentó ayudar con la entrada en entornos profesionales o la creación de su empresa, Havenio Technology. Y se ha pronunciado sobre la constitución de sociedades para Alcasec, quien presuntamente luego habrían sido utilizadas en actividades delictivas. En relación con esto, Martínez ha señalado que de la creación de las mismas no puede desprenderse que conociera su posterior evolución.
La investigación, que continúa bajo secreto de sumario, arrancó en 2024 tras detectarse ciberataques "sistemáticos y sostenidos en el tiempo" contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. Según fuentes jurídicas, las alarmas saltaron cuando una institución pública dio la voz de alarma por un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que provocó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas móviles.
De las pesquisas realizadas hasta el momento se desprende la existencia de una "organización criminal" que ha desarrollado "una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada", diseñada para "maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación" de los datos que se obtenían "de forma ilícita", mediante "ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas" que se planificaban contra sistemas de instituciones públicas y privadas. A partir de esa acumulación de datos, la organización "elaboraba perfiles detallados" con el objetivo de "maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible".
"La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales. Esta capacidad les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social. Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", explicaba en un comunicado la Policía Nacional, que ha liderado la investigación a través de la Comisaría General de Información.
Martínez probó la plataforma de 'Alcasec'
En el interrogatorio también se ha indagado en el supuesto uso de Martínez de dicha plataforma. En este sentido, según fuentes jurídicas, el ex secretario de Estado ha explicado que Huertas le facilitó acceso a dicha herramienta, un supuesto buscador que organizaba con inteligencia artifical la información y datos de fuentes abiertas, para que lo probara en el marco del asesoramiento legal que le presta. Y ha asegurado que en las búsquedas que hizo no vio nada "anormal" al entender que todos los datos se podían obtener "en cualquier buscador comercial mercantil de pago".
La Policía vincula a Martínez con una 'red de inteligencia' que obtenía datos con 'hackeos'
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La "estructura criminal", según la Policía, operaba como "una auténtica red de inteligencia privada", con funciones "claramente diferenciadas": administración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización en mercados oscuros. De hecho, uno de los miembros desempeñaba un "rol clave" en la "internacionalización", ampliando las "operaciones" a "terceros países" mediante "contactos profesionales consolidados".
Los investigadores sostienen que la red "instrumentalizó" sus relaciones "personales y profesionales" para "presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico", "blanqueando" su operativa "mediante estructuras societarias y servicios de consultoría". Las pesquisas han contado con la colaboración de autoridades de Andorra y Suiza, "esencial" para el "seguimiento de flujos económicos transnacionales y aseguramiento jurídico de la actuación operativa". Los investigadores hablan de información sensible vinculada a millones de ciudadanos y de una "sofisticación" de los ciberataques que dificultaba "la detección temprana de la actividad ilícita".
Los detenidos están investigados por intrusismo informático, descubrimiento de secretos, organización criminal y blanqueo de capitales. La Fiscalía ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para todos ellos para evitar la destrucción de pruebas.
