Juezas y abogadas creen que las palabras del magistrado Salas "banalizan" la violencia machista

Las afirmaciones del magistrado de la Sala I (Civil) del Tribunal Supremo Antonio Salas en las que atribuye la violencia del hombre hacia la mujer a la "maldad innata" y a la mayor fuerza física han indignado a colectivos de mujeres juristas y a las expertas en la lucha contra una lacra que ha supuesto el asesinato de 872 mujeres desde 2003, que consideran que este tipo de discursos contribuyen a "banalizar" el problema y denotan una "preocupante falta de formación y sensibilización" en el ámbito judicial. 

La polémica se inició con unos mensajes en la red social Twitter que Salas publicó el 1 de enero y en los que reaccionaba al primer asesinato machista de 2017, el de una mujer de 40 años residente en Rivas Vaciamadrid (Madrid). Estos tuits derivaron en un debate con otros usuarios en el curso el cual el magistrado afirmó que el maltrato es "un problema gravísimo en nuestra sociedad", pero también negó que este sea "un problema educacional". 

Este martes, en una tensa entrevista en el programa Más Vale Tarde (laSexta), Salas señaló que "no toda violencia de género tiene su origen en una actitud machista del varón" y cuestionó que la discriminación por razón de sexo constituya un agravante penal. Es importante recordar que el Código Penal tiene incorporado este agravante tras las reciente reforma de su artículo 22 y que la ley contra la violencia de género establece de forma muy clara que esta violencia "se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".

También el Tribunal Constitucional sentenció en 2008 [ver sentencia, aquí] que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa "conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas". 

La magistrada Glòria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), recuerda que tratados y convenios internacionales así como abundante jurisprudencia de tribunales nacionales e internacionales han puesto de manifiesto que el origen de esta violencia es "endémico, sistémico y estructural". "Hay opiniones que técnicamente no se sustentan. Y negar que el origen de la violencia de género está en el machismo es técnicamente incorrecto y supone banalizar el problema", subraya.

Marisa Soleto, jurista y directora de la Fundación Mujeres, considera que parte de las declaraciones de Salas revelan que su opinión personal "no puede estar más alejada" de lo que son los principios básicos del funcionamiento de la legislación contra la violencia de género y contra la parte más moderna del derecho penal en toda Europa, que va evolucionando hacia el reconocimiento de los comportamientos que tienen que ver con la discriminación por razón de sexo como un agravante penal.

También Nuria Varela, periodista y autora de libros como Feminismo para principiantes, cree que detrás de afirmaciones como las citadas hay un "absoluto desconocimiento" de lo que es la violencia de género que es, si cabe, "más grave" porque alcanza incluso al marco jurídico que intenta atajar esa violencia. "Es muy grave que un magistrado rebaje este fenómeno a una cuestión opinable sobre la que parece que no hay ningún conocimiento ni base legal", subraya. Varela vincula este desconocimiento a una estrategia "negacionista" del fenómeno. "Los que no dan importancia a esta violencia tampoco se preocupan por estudiarla", explica. 

Falta de sensibilización

Las expertas consultadas dicen ser conscientes de que son muchas las personas que coinciden con las opiniones expresadas por Salas, pero ponen el acento en que sea un magistrado de un alto tribunal el que las pronuncie. "Los jueces tiene derecho a expresar su opiniones de igual manera que el resto de la gente tenemos derecho a preguntarnos si un juez que piensa eso tiene un arbitrio judicial que sea confiable. ¿Cómo podemos confiar en este Poder Judicial para que se cumpla la ley si, desde el principio, se han negado a reconocer las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres?", cuestiona Soleto. Salas ejerce como magistrado en la Sala de lo Civil del Supremo, en la que, entre muchas otras, se analizan causas relativas al derecho de familia (divorcios, custodias, pensiones de alimentos...). 

Esta experta recuerda, por ejemplo, hay juzgados que, de forma sistemática, deniegan las órdenes de protección que solicitan las mujeres víctimas de violencia machista. Según publicó infoLibre tras analizar las estadísticas sobre este asunto relativas a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en un total de 17 partidos judiciales, en los que se integran 141 juzgados de instrucción, se deniegan más de siete de cada 10 solicitudes. 

En este análisis destacaban por su alto porcentaje de denegaciones los partidos judiciales de Sant Feliu De Guixols (84,9%), Sueca (83,9%), Granollers (82,4%) y Barcelona (81,7%), seguidos por los de Güimar (80,8%), Arenys de Mar (80,5%) o Santa Coloma de Farners (80,3%). Las juristas que trabajan habitualmente con las víctimas atribuyen estos porcentajes a ciertas carencias que existen en el ámbito de la judicatura y que ahora ven reflejadas en las palabras de Salas. 

La jueza Poyatos entiende que, con independencia de su opinión personal, estas declaraciones ponen de manifiesto que existe un déficit formativo en materia de género. "No es nuevo, desde hace mucho tiempo venimos denunciando la falta formación especializada en la carrera judicial, pues esa formación ni siquiera es obligatoria para los operadores que ejercen en los juzgados de violencia de género", asevera.

"La mezcla de falta de sensibilización con la de formación conduce a suscribir determinados estereotipos que llevan a cuestionar la credibilidad de las mujeres víctimas de violencia machista", denuncia, por su parte, la abogada María Ángeles Jaime De Pablo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Esos estereotipos pueden incluir la creencia de que existe una instrumentalización de la denuncia para salir favorecidas en un proceso de separación o divorcio o que hay otros intereses espurios. 

Por eso, además de la formación, Soleto mantiene que es necesario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el órgano de gobierno de los jueces– haga un seguimiento del funcionamiento de los juzgados y analice las "disfunciones" que existen. En este sentido, se pregunta si detrás de algunas de las denegaciones de órdenes de protección o de ciertas medidas de custodia "pueden estar este tipo de opiniones que acaban de ser refrendadas por un alto representante".

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Otras violencias 

Por otro lado, las expertas consultadas denuncian también que las manifestaciones de Salas van encaminadas a reducir el machismo a la violencia física, obviando que esta actitud de superioridad de los hombres sobre las mujeres está en todos los ámbitos sociales y va mucho más allá de las actitudes violentas que pueden acabar en un asesinato. De hecho, en las recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) hizo a España hace un año se incluye la necesidad de revisar la legislación actual para incluir otras formas de violencia contra la mujer más allá del maltrato en el seno de la pareja.

La abogada Jaime De Pablo también insiste en que estas palabras suponen reducir la violencia de género al ámbito de la pareja o expareja y desconocer que hay otras muchas manifestaciones de esta violencia. "Este tipo de discurso es espeluznante y muy descorazonador y denota un absoluto desconocimiento de lo que es la violencia de género, a pesar de que es un fenómeno que se viene estudiando desde los años setenta", señala.