Lanzamiento de objetos, insultos y amenazas. Es parte de lo que Ciudadanos, aseguran sus miembros, tuvo que soportar durante la manifestación del Orgullo LGTBI. Desde que los manifestantes expulsaran al partido de la marcha, la formación naranja no ha dejado de reprochar la reacción de los activistas. Ahora ese reproche toma forma de denuncia por amenazas, injurias y odio. Inés Arrimadas, Patricia Reyes y Miguel Gutiérrez se presentaron este miércoles ante la Fiscalía General del Estado para registrar una denuncia que, según los juristas consultados por este diario, parece aspirar a tener más impacto mediático que penal y que dibuja hechos completamente opuestos a los descritos en el informe confeccionado por la Policía Nacional.
La denuncia no ha sido interpuesta contra nadie en particular. Al ser preguntada este miércoles en rueda de prensa al respecto, Inés Arrimadas señaló: "Ponemos en conocimiento de la Fiscalía todos los hechos. Corresponde a la Fiscalía analizar esos hechos, esos vídeos y tomar testimonio". En el texto, de 37 páginas, el partido observa una "clara maniobra organizada" que se conjuga con una actuación "espontánea pero siempre bajo el seno de un sub-grupo no oficial". Solicita, por tanto, que "se proceda a la averiguación de la identidad del autor o autores de los hechos descritos" y propone para ello revisar las cámaras de videovigilancia de los establecimientos o comercios que se encuentran en los alrededores. También pide investigar "la identidad de los propietarios de los perfiles de Twitter desde donde se realizaron la publicación de las proclamas de odio y se les tome declaración en calidad de investigados".
La formación de Albert Rivera denuncia tres tipos de delito. El primero, de amenazas, es identificado por el partido con los dos párrafos del artículo 170 del Código Penal. Ciudadanos establece de esta manera una relación con aquel delito cometido por quienes animan a grupos terroristas a emprender acciones violentas.
El partido denuncia asimismo presuntos delitos de odio, entendidos como expresiones de gravedad que hieren los sentimientos comunes de la ciudadanía. En este punto, la denuncia recurre a la definición que hace de odio la Real Academia Española (RAE) para sumar peso a los argumentos expuestos. También denuncia supuestos delitos de injurias, en tanto que "manifestaciones carentes de todo rigor, faltas de verdad y tendentes a la clara difamación".
En su denuncia, Ciudadanos reitera que, en un "ambiente hostil", los miembros del partido fueron objeto de "insultos constantes, abucheos e incluso lanzamiento de diversos líquidos (entre ellos agua y orín), vasos de plástico, hielos, latas de cerveza y botellas". Como expresiones injuriosas, de odio y amenazas, citan, entre otras, los lemas "no pasarán"; "fuera, fuera" o "maricas y bolleras también son clase obrera".
Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, cree que los delitos planteados por el partido, especialmente aquel referido a un presunto delito de odio, son "cuanto menos exagerados". El delito de odio, reitera, "se refiere esencialmente a grupos históricamente marginados", lo que no es aplicable "simplemente por unas discrepancias". Aunque sí entiende los hechos como "censurables", el jurista cree que "carecen de relevancia penal".
Incoherente con el informe policial
Lo frágil de los argumentos jurídicos, razonan los expertos, se suma a la evidente incoherencia de los hechos narrados con aquellos expuestos por la Policía Nacional en el informe publicado el martes por el diario El País. Este miércoles, la Jefatura Superior de la Policía de Madrid ha redactado un "informe ampliado" que valida ese relato de los incidentes, según han informado a Europa Press fuentes policiales oficiales. Según estas fuentes, este "informe ampliado incluye bastante información, sin modificar en lo sustancial" lo expuesto en otro documento, con fecha de 8 de julio, que fue publicado de forma íntegra este martes en la versión digital del diario El País.
Este primer informe, que acusaba a Ciudadanos de "maniobrar para catalizar la acción mediática y publicitaria" de la manifestación estatal del Orgullo del día 6, ha sido criticado por Cs y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo, poniendo en duda su autenticidad por la falta de firma y sello oficial. Las fuentes policiales consultadas por Europa Press subrayan que el informe ampliado ya está redactado y que, en cualquier caso, ambos documentos están escritos por policías de la Jefatura Superior de Madrid, "de acuerdo a criterios profesionales". "No se puede poner en duda la autenticidad", insisten estas fuentes oficiales.
La abogada Charo Alises forma parte del equipo de juristas de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais y Transexuales (FELGTB). En conversación con infoLibre, observa una "discordancia entre lo que expresa la denuncia y el informe de la Policía Nacional". El relato de los hechos, dice, difiere y "eso es muy importante a la hora de valorar la denuncia y que tenga recorrido jurídico".
Con ella coincide la abogada Violeta Assiego. "La argumentación jurídica es muy pobre", apunta, y "los hechos que narra son manifiestamente contrarios al informe policial". No se trata, subraya, de una interpretación o calificación jurídica diferente, sino de una desemejanza de base: "Se están contando otros hechos, totalmente contradictorios" respecto a aquellos que revela el informe policial. Por tanto, razona la abogada, "o tenemos un informe de la Policía falso o tenemos una denuncia falsa".
Con la denuncia en la mano, repara Assiego, "no hay ninguna prueba objetiva que diga que se ha cometido el hecho delictivo", sino que sólo se aporta lo que "ellos y los medios cuentan". El contenido presenta, además, "sesgado", pues recoge "recortes de periódicos y tuits determinados pero obvia otros". En ese contexto, "la prueba más objetiva en este momento es la que aporta el atestado policial", que deberá ser tenido en cuenta por el Ministerio Fiscal.
Sin autoría concreta
Otra de las cuestiones que llaman la atención de los juristas tiene que ver con la falta de concreción respecto a la autoría de los hechos. Lo cierto es que, tal y como explica Alises, "hay veces que cuando te ocurre algo que consideras delictivo, a lo mejor el autor es desconocido para ti y eso no quiere decir que no se pueda denunciar", sino que "corresponde al juzgado iniciar las diligencias para averiguar la identidad".
Sin embargo, repara Assiego, se trata de algo "muy poco frecuente" en los delitos de odio, amenazas o injurias. "Ellos aportan únicamente perfiles de Twitter", destaca la abogada y activista. Para Assiego, la denuncia parece tener como fin último "hacer mucho ruido, con muy poco fundamento jurídico y manifestando hechos contrarios a los que señala la prueba objetiva, que es el atestado policial".
También González apunta a lo anómalo de la ausencia de autoría. "Puede ocurrir a veces que se pida en la denuncia hacer las investigaciones para averiguar quién es el autor", sostiene, pero "lo habitual" es lo contrario. Este tipo de denuncias, coincide el abogado, "quieren obtener más un impacto mediático que una relevancia penal".
Los mismos delitos que atribuye Ciudadanos a los hechos del sábado son los que apuntó respecto a su visita a Errenteria (Gipuzkoa). El pasado mes de abril, el equipo de Albert Rivera ya denunció ante el Ministerio Público acciones constitutivas de delitos tras su visita al municipio vasco. En un informe interno publicado este lunes, la formación naranja se felicitaba por el rédito mediático de aquel acto y por el éxito de aquella denuncia a la hora de "alargar este efecto".
Lanzamiento de objetos, insultos y amenazas. Es parte de lo que Ciudadanos, aseguran sus miembros, tuvo que soportar durante la manifestación del Orgullo LGTBI. Desde que los manifestantes expulsaran al partido de la marcha, la formación naranja no ha dejado de reprochar la reacción de los activistas. Ahora ese reproche toma forma de denuncia por amenazas, injurias y odio. Inés Arrimadas, Patricia Reyes y Miguel Gutiérrez se presentaron este miércoles ante la Fiscalía General del Estado para registrar una denuncia que, según los juristas consultados por este diario, parece aspirar a tener más impacto mediático que penal y que dibuja hechos completamente opuestos a los descritos en el informe confeccionado por la Policía Nacional.