El Ministerio de Justicia admite que está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar el Registro Civil. Como adelantó infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá ha renunciado a encomendárselo a los registradores, una decisión que ya ha comunicado al decano de su colegio oficial, Gonzalo Aguileracolegio oficial. En principio, los registradores mercantiles debían hacerse cargo del Registro Civil el próximo 15 de julio.
Fuentes del ministerio han asegurado a Europa Press que Justicia intenta alcanzar un “consenso” que satisfaga a los críticos de la medida, todos los sectores implicados, desde los funcionarios del Registro Civil hasta los secretarios judiciales, jueces, partidos de la oposición, sindicatos y los propios registradores. Justicia, añade, se declara “abierto a las sugerencias que le hagan llevar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición”.
El próximo martes se reunirá la Mesa Sectorial de Justicia, en la que los sindicatos intentarán conseguir de los representantes del ministerio detalles sobre la paralización de la reforma del Registro Civil. El sindicato de funcionarios CSI-F, tras celebrar el “acierto” de frenar la privatización, asegura que el ministerio adelantó ya la semana pasada a los responsables del sindicato que está dispuesto a “negociar todo, incluido el modelo de Registro Civil sin sujeción a plazo alguno y, por tanto a revisar el proyecto de privatización”.
CCOO, por su parte, no se conforma con las declaraciones públicas del ministro Catalá en las que anunció el abandono tanto de la propuesta que hasta ahora había promovido, como de la fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha. “Sólo admitiremos para detener las movilizaciones [...] la retirada inmediata del proyecto de ley 18/2014 que pone en manos de los registradores la gestión de los registros civiles, y no un simple aplazamiento de su entrada en vigor”, advierte en un comunicado.
El sindicato de secretarios judiciales, finalmente, reitera su disposición “y capacidad” para asumir la gestión del Registro Civil, una oferta que este cuerpo jurídico hizo desde el principio y nunca fue considerada por el ministerio.
Ahora pide diálogo
La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles es el tercer proyecto estrella del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón del que se termina desdiciendo el Gobierno, tras dar marcha atrás en la aplicación de las tasas judiciales y en la reforma de la ley del aborto.
Sobre el Registro Civil la duda es todavía si el Gobierno va a decretar una nueva prórroga de la vacatio legis –retraso en la entrada en vigor de una ley– de la ley de 2011 o si el proyecto de ley de reforma que se está tramitando en el Congreso terminará decayendo, aseguran las fuentes consultadas por este periódico. La Ley del Registro Civil ya estableció una vacatio legis hasta julio de 2014, que en esa fecha se prorrogó un año. De optarse por esta solución, el Ejecutivo estaría aplicando el tercer aplazamiento de la reforma. El proyecto de ley lleva tramitándose en el Congreso, tras innumerables ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, desde el pasado mes de septiembre.
De momento, el ministro de Justicia sólo ha explicado que “no va a proponer un modelo de reforma que no sea compartido por el conjunto de los agentes”. Después ha ofrecido abrir al diálogo el proyecto tanto a sindicatos como a partidos.
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Polémica financiación
Mientras tanto, Justicia negociaba en una comisión mixta con el Colegio de Registradores, las condiciones de un traspaso que ha encontrado gran resistencia dentro mismo del gremio. La financiación del nuevo Registro Civil ha sido siempre el núcleo del problema. El ministro Catalá repite en todas sus declaraciones públicas que los trámites van a seguir siendo “gratuitos” para el ciudadano “en los mismos términos que ahora”. Pero al mismo tiempo, Justicia está discutiendo con el Colegio nuevas tasas en el Registro Civil y nuevos aranceles para el Mercantil.
Cuando se dio a conocer que el órgano colegial pedía al ministerio que le permitiera cobrar desde los libros de familia electrónicos hasta los actos de última voluntad o la inscripción de poderes, arreciaron las críticas de los funcionarios, de los partidos y de los sindicatos. También de muchos registradores, que rechazan hacerse cargo de una tarea que consideran ajena y que se niegan a sufragar de sus bolsillos. Además, aseguran, por meras cuestiones prácticas, va a ser imposible asumir las 8.120 oficinas de los registros civiles en julio. En España no hay más de 100 registradores mercantiles.
El Ministerio de Justicia admite que está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar el Registro Civil. Como adelantó infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá ha renunciado a encomendárselo a los registradores, una decisión que ya ha comunicado al decano de su colegio oficial, Gonzalo Aguileracolegio oficial. En principio, los registradores mercantiles debían hacerse cargo del Registro Civil el próximo 15 de julio.