La Justicia exige al Gobierno el fin del secreto sobre las bombas de Palomares

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La Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al Gobierno que desclasifique el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), aprobado en 2010, para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al Consejo de Ministros a remitir a la sala "todas las indicaciones que sean procedentes" en relación al mantenimiento de la "confidencialidad" de su contenido y pide que precise "el tiempo estimado" para finalizar el informe.

Asimismo, la Audiencia Nacional, para poder resolver sobre el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, le pide al Gobierno que "aporte cuanta documentación" se haya elaborado sobre la situación en la zona desde el 5 de mayo de 2010, fecha en que se aprobó el Plan de Rehabilitación.

El colectivo conservacionista llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la "clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares "con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada" previstos en el citado plan de rehabilitación.

La Audiencia Nacional señala que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico "reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966" y considera, por tanto, que "es necesario conocer los planes que se hayan elaborado".

El auto, que cuenta con un voto particular, precisa la necesidad de conocer "en particular el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN con fecha 5 de mayo de 2010 con objeto de poder examinar su contenido y disponer de elementos de juicio que pudieran ser relevantes para la resolución del litigio".

La sala indica, asimismo, que esta decisión "no se ve alterada" por el hecho de que, en el marco del mismo procedimiento, se dictara un auto que rechazaba la práctica de determinada prueba pedida por Ecologistas en Acción por gozar de la categoría de secreto oficial y remarca que, en este caso, sí se "aconseja" contar con esta información.

Informe del pleno de julio de 2015 del CSN

Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.

En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido "a instancias" del Department of Energy (DOE) de EEUU. El colectivo asegura que, para ello, se "han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a", lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.

El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría "únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada", lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

La Abogacía del Estado siempre lo ha rechazado. En el primer caso, alegó que se trataba de un documento que "no elaboró" el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar "con carácter confidencial", por lo que "no puede realizar la aportación del mismo".

En esta misma línea, señaló que el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS en julio de 2015 fue calificado como confidencial de acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales por el propio ministerio y remarcó que el Departamento de Energía de USA entregó los documentos así, "lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad ya que la procedencia de los documentos es de un estado extranjero".

Por último, con respecto al acta de la sesión celebrada por el CSN el 22 de julio de 2015 señala que el "tema de los criterios radiológicos", aseguró que ya se había aportado a la sala "en la parte no afectada por la Ley de Secretos Oficiales".

Bruselas da plazo a España hasta finales de 2021

En tanto la Audiencia Nacional resuelve, la Comisión Europea (CE) ha dado plazo a España hasta finales de 2021 para que informe de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" y ha solicitado que completen la "recomendación" que ya formuló en 2010 para dar cumplimiento al artículo 35 de Tratado Euratom para "eliminar" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".

El informe señala que hace una década la CE recomendó que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación "español", aprobado de hecho en el año 2010, y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes.

Recoge que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas 5 mSv por año".

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunica en su informe que, a fecha de hoy, no se ha descontaminado "ninguna" de las áreas afectadas y alude a que las autoridades españolas tienen "toda actividad paralizada" respecto a esta situación a la espera de un "acuerdo vinculante" con EEUU.

La Audiencia Nacional rechaza ordenar la limpieza de la tierra contaminada con radioactividad en Palomares

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A raíz de esto, la comisión solicita a las autoridades españoles que informen sobre avances en el plan de rehabilitación "final" de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisa de que, de acuerdo a lo que se informe, considerará la "necesidad" de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.

Puedes leer aquí el auto de la Audiencia Nacional:

La Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al Gobierno que desclasifique el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), aprobado en 2010, para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

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