La hecatombe registrada en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia aún colea en la justicia madrileña. Más de dos años después de que el coronavirus se cebase con unos geriátricos a los que se impedía derivar a hospitales, decenas de causas siguen abiertas en los tribunales de la región a la espera de una resolución. En concreto, los últimos datos de la Fiscalía de Madrid hacen referencia a más de siete decenas de procedimientos judiciales incoados para esclarecer los fallecimientos en estos centros relacionados con la gestión de la crisis sanitaria. Un asunto que ha vuelto a ocupar la portada de la agenda política autonómica después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, asegurase que las familias ya habían "superado" el hecho de cuestionarse si todos esos fallecimientos podían haberse evitado.
En su última memoria anual, presentada este mismo jueves, los fiscales madrileños dedican unos párrafos a dibujar la situación de todas estas investigaciones. Lo hacen, dicen, por tratarse de un asunto de "especial trascendencia". En el momento en el que se elaboró el informe, es decir a cierre de 2021, el Ministerio Público tenía conocimiento de la existencia de 64 procedimientos judiciales "incoados para el esclarecimiento de fallecimientos en residencias relacionados con la gestión de la pandemia por el virus covid-19". Todas ellas eran causas derivadas de la acción de los familiares a las que habría que sumar, por otro lado, siete denuncias interpuestas por la propia Fiscalía que, apunta la memoria, "continúan su tramitación en sede judicial" y que fueron presentadas en los juzgados por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
Uno de los casos que todavía se mantienen vivos está centrado en Leganés. Allí, en el Juzgado de Instrucción número 5, se acumularon en el año negro de la pandemia dos querellas relativas a lo sucedido en cuatro centros de la ciudad. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. La otra, la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.
Se acusaba a los directores de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. La de Marea de Residencias pedía también actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y Justicia, pero todos ellos quedaron fuera de la investigación judicial. Hace justo un año, la jueza archivó el caso a pesar de la acumulación de pruebas de falta de atención. Sin embargo, a comienzos de año la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso. Se ha tomado declaración a los directores y a los equipos médicos de la mayoría de residencias y del Hospital Severo Ochoa. "Ahora en octubre y noviembre se va a tomar declaración a los médicos de Vitalia Leganés", explica una de las familiares querellantes, quien resalta que la jueza "no ha hecho prácticamente investigación".
Desde Marea de Residencias, el colectivo que lleva una parte importante de las causas en suelo madrileño, explican que también sigue actualmente activa, por ejemplo, otra querella interpuesta contra dos centros sociosanitarios de Parla. "El próximo 11 de octubre declararán los querellantes ante el juez", apuntan.
Siete denuncias de Fiscalía
Los familiares, así como los diferentes colectivos que los agrupan, llevan meses denunciando la inacción tanto de los jueces como del Ministerio Público. "¡Es una absoluta vergüenza!", sostiene Mariví Nieto, portavoz de Marea de Residencias. Algo contra lo que también ha cargado Amnistía Internacional. A comienzos de año, la ONG calificó de "deficiente" la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, al tiempo que alertaba que había dado carpetazo a casi nueve de cada diez casos analizados. Una actitud pasiva que medios como infoLibre han podido ejemplificar en casos concretos. Ahí está el de la residencia Elder, en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), donde la fiscal adscrita al caso por presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro –ya archivado– ni siquiera acudió a la declaración del único imputado.
En el caso de la Fiscalía Provincial de Madrid, durante el año 2021 tramitó 64 diligencias de investigación relativas a muertes de residentes durante el confinamiento. De ellas, el 65,6% –42– fueron archivadas tras concluir que "no había indicios suficientes de la comisión de hechos delictivos". "Se alcanzó esa conclusión tras analizar de forma pormenorizada la actuación de los responsables de las distintas residencias y, especialmente, de sus equipos sanitarios, muy especialmente en relación con la atención médica dispensada a los usuarios cuyos fallecimientos eran objeto de investigación", explica el Ministerio Público. En las veinte restantes sí que vieron indicios de delito. Once de esos casos ya estaban judicializados, por lo que dejaron el asunto en manos del juez. En los nueve restantes, sin embargo, interpusieron denuncia, de las cuales siete están tramitándose y dos fueron archivadas.
Desde el estallido de la pandemia, la asociación Pladigmare ha puesto sobre la mesa del Ministerio Público gran cantidad de denuncias. Sin embargo, la gran mayoría han terminado guardadas en un cajón o archivadas. "De 59 residencias que denunciamos ante la Fiscalía sólo han encontrado algo en dos", cuenta Miguel Vázquez, portavoz de la plataforma. Una de ellas es la Residencia Adolfo Suárez, geriátrico de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en el que fallecieron 91 residentes entre marzo y mediados de junio de 2020 –80 de ellos por coronavirus–. En la denuncia que interpuso el Ministerio Público se puso el foco en la directora y dos doctoras, apuntando que las médicas no llegaron a activar el mecanismo de coordinación puesto en marcha con el Hospital Ramón y Cajal "a pesar de que concurrían los presupuestos para ello".
Una nueva instrucción de Fiscalía
"No lo superaremos hasta que haya justicia": la réplica de familiares de fallecidos al 'número dos' de Ayuso
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha hecho referencia este mismo jueves al asunto durante la apertura del año judicial de la comunidad. "La crisis sanitaria ha puesto de relieve los fallos de nuestro modelo residencial y la situación de especial vulnerabilidad de las personas mayores y personas con discapacidad que viven en este tipo de centros, lo que justifica la necesidad de extremar el celo con nuestra función de control", ha señalado. En este sentido, Lastra ha dictado una instrucción para que se recuperen "sin demora" las visitas presenciales a estos centros de los fiscales encargados y, en caso de detectarse irregularidades, se trasladen a la "mayor brevedad posible" a la autoridad administrativa. El Ministerio Público ha elaborado un modelo de acta a fin de garantizar la recogida de datos.
La fiscal también se refirió en su intervención a los familiares de los residentes fallecidos. Y lo hizo ante la atenta mirada de Isabel Díaz Ayuso, cuyo Gobierno ha vuelto a revolver a los hijos o nietos de quienes perdieron la vida encerrados en los geriátricos de la comunidad cuando se ha pronunciado sobre la posibilidad de volver a poner en marcha una comisión en la Asamblea de Madrid centrada en esta cuestión. "Solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a las familias, que podrán volver a pensar '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Yo creo que eso las familias ya lo han superado", dijo en rueda de prensa el miércoles el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, en referencia a la iniciativa que ha traído por sorpresa la ultraderecha después de haberse negado en repetidas ocasiones a que se investigase la hecatombe en las residencias.
Las palabras de Ossorio han estado este jueves muy presentes en el Pleno de la Cámara madrileña. Desde la oposición se han tachado sus declaraciones de "miserables" y se ha pedido su dimisión, al tiempo que el PSOE abandonaba el hemiciclo antes de que interviniese el vicepresidente en señal de protesta. "Ahora se atreven a hablar en su nombre para decir que ya lo han superado y no hay que reabrir heridas. ¿Superar el qué, señor Ossorio? ¿Que ustedes sabían que iban a morir de forma indigna y no hicieron nada?", ha aseverado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, quien ha recordado durante su intervención los "protocolos de la vergüenza" que impidieron las derivaciones a los hospitales.
La hecatombe registrada en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia aún colea en la justicia madrileña. Más de dos años después de que el coronavirus se cebase con unos geriátricos a los que se impedía derivar a hospitales, decenas de causas siguen abiertas en los tribunales de la región a la espera de una resolución. En concreto, los últimos datos de la Fiscalía de Madrid hacen referencia a más de siete decenas de procedimientos judiciales incoados para esclarecer los fallecimientos en estos centros relacionados con la gestión de la crisis sanitaria. Un asunto que ha vuelto a ocupar la portada de la agenda política autonómica después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, asegurase que las familias ya habían "superado" el hecho de cuestionarse si todos esos fallecimientos podían haberse evitado.