En noviembre de 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobaba la ley 10/2012, según la cual el acceso a los procesos judiciales quedaba cercado por la imposición de tasas a personas físicas y jurídicas. Pero era una legislación con fecha de caducidad.
Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo en 2013, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago en trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En 2015, el actual ministro de la cartera, Rafael Catalá, fue más allá y eliminó las tasas judiciales para personas físicas. El último paso lo dio el pasado 29 de julio el Tribunal Constitucional, al declarar las tasas impuestas a las personas jurídicas como inconstitucionales.
A finales de 2014, el Ejecutivo reconocía desconocer el paradero de los millones recaudados, pese a la promesa inicial de emplearlos para mejorar la asistencia jurídica gratuita. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, los conservadores aseguraron que "el Ministerio no dispone de información al respecto", y que no corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".
En otra respuesta parlamentaria, los conservadores explicaban que la recaudación en 2012 –entró en vigor en diciembre– fue de 8,7 millones de euros, mientras que en 2013 alcanzó los 316,5 millones y hasta noviembre de 2014 la cantidad fue de 187,1 millones de euros. Es decir, un total de 512,4 millones. A falta de datos sobre lo recaudado en el último año y medio, Justicia ha esquivado las cuestiones de infoLibre sobre el destino de dicho dinero.
Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia por diferentes vías –telefónica en reiteradas ocasiones y a través del correo electrónico– a lo largo del martes. La preguntas formuladas, sin embargo, se quedaron sin respuesta.
Jueces y fiscales exigen saber
Las asociaciones Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) hicieron público este martes un comunicado para exigir al Gobierno que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" acerca del destino de los 306 millones recaudados durante el primer año de la entrada en vigor de la ley de tasas.
En la nota, los firmantes recuerdan que el grupo parlamentario Socialista interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la ley. Sin embargo, tal y como denuncian las asociaciones, el Constitucional no se pronunció sobre varios de ellos –los preceptos 2, 5, 6 y 11–, "bajo el argumento de falta de justificación de la demanda". El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aclara en conversación con este diario que, al poner en entredicho esos artículos, "se cuestionaba todo el sistema de las tasas, la imposición de las mismas para acceder a la justicia". En este sentido, continúa, el TC se escuda en que "las demandas constitucionales tienen que estar planteadas de una manera muy concreta" para que sean estimadas. Hacerlo habría sido, a juicio de García, "una buena oportunidad para ver la opinión del TC sobre la justificación, el ámbito de aplicación, la competencia y otras cuestiones de las tasas".
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Tampoco se pronuncia el TC sobre los artículos referidos a personas físicas. El Constitucional emplea en este caso el argumento de "pérdida de sobrevenida de objeto tras la reforma" del 2015. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, explica que el Constitucional entiende que las cuestiones sobre las personas físicas ya habían sido resueltas con anterioridad. Sin embargo, la consecuencia es que aquellas personas físicas afectadas por la ley de tasas hasta la reforma, sólo podrán solicitar una compensación a través de un recurso de amparo, es decir, de forma individual, lo cual supone "dejar la validez constitucional de una ley al esfuerzo personal y económico de cada persona".
Esta es, según Álvaro García, "una de las mayores críticas" a la sentencia del TC, ya que resulta "complicado que cada persona vaya al Constitucional en amparo" con los costes que ello supone –buscar un abogado, procurador, etc–. En todo caso, el resultado si el recurso de amparo es estimado, será a priori la declaración de "nulidad del acto y el derecho a resarcimiento", según apunta García.
En cuanto al importe ingresado por el Gobierno a lo largo de los años de vigencia de la norma, los expertos consultados por este medio entienden que lo idóneo sería una devolución de las cantidades a los afectados. Sin embargo, tanto González Vega como García coinciden en que de no ser así, el Ejecutivo debería cumplir la promesa inicial de dedicarlo a la mejora de la asistencia jurídica gratuita. "En España sólo el 0,4% PIB va destinado a Justicia", subraya García, quien añade que "de ese 0,4%, más del 90% es para los sueldos", por lo que la cantidad restante para "inversiones en Justicia es absolutamente ridícula". Por ello, insiste en la importancia de que el equipo de Mariano Rajoy dé explicaciones sobre el paradero de los cientos de millones recaudados y cuyo destino se desconoce.
En noviembre de 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobaba la ley 10/2012, según la cual el acceso a los procesos judiciales quedaba cercado por la imposición de tasas a personas físicas y jurídicas. Pero era una legislación con fecha de caducidad.