La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir un caso de fallecimiento de una usuaria de una residencia de Guadarrama en plena pandemia al considerar que se archivó sin una investigación "eficaz" sobre la falta de un adecuado asistencia sanitaria por no derivar a la paciente a un hospital.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, por el que los magistrados estiman el recurso apelación interpuesto por el hijo contra el auto, de 25 de septiembre de 2023, del Juzgado de Instrucción 3 de Collado Villalba, por el que se acordaba el sobreseimiento provisional de una querella presentada por el fallecimiento de la mujer en una residencia de Guadarrama en la peor época de la pandemia del Covid-19, el 15 de abril de 2020.
Los magistrados ordenan revocar dicha resolución y que se proceda a realizar las diligencias que se estimen necesarias para una eficaz investigación de los hechos.
Alegaba el recurrente como motivos vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión y falta de motivación. También esgrimía que existen de indicios de criminalidad de los hechos de la querella, que revisten los caracteres de un delito de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes.
La denuncia apunta a una posible responsabilidad penal de diversos dirigentes políticos autonómicos, entre ellos la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero y el consejero en aquella época de Presidencia y Justicia, Enrique López.
También señala por estos supuestos hechos delictivos al director o directora de la residencia Los Ángeles en la que residía la mujer por el fallecimiento de esta en plena pandemia.
Indicios de que la mujer "no fue tratada de modo adecuado"
La Sala expone que no puede cerrarse la investigación penal, pues existen indicios de que la mujer fallecida "no fue tratada, al menos no de modo adecuado". "Desde finales de febrero estaba mal, con fatiga, tos y dificultad respiratorio, sin que se sepa si se le aplicó el tratamiento prescrito, dada la baja del médico que la atendía y falta de su sustitución", señala.
Recalcan los jueces que "pese a su estado y empeoramiento no recibió una asistencia médica presencial, no sabiéndose si le fue aplicado por la residencia el oxígeno y cuidados pautados telefónicamente".
"Desde luego no se realizó la derivación hospitalaria que estaba indicada, desconociéndole los motivos de ello. Estamos ante lo que parece ser una falta de una adecuada asistencia médica sanitaria, que debe ser debidamente investigada, siendo le sobreseimiento precipitado y fundado en una ausencia de una investigación eficaz", recoge.
Así, indican que "no solo deben ser oído el querellante y los familiares de la mujer, sino del director del centro residencial en el momento de los hechos como investigado y de las personas que atendieron a F., así como del médico que la asistió en un primer momento de modo presencial y después, telefónicamente, y demás diligencias que se estimen necesarias, cuidando las prórrogas de los plazos de instrucción, si fuera necesario".
Tras conocerse esta reapertura, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, reiteró que tanto el Gobierno autonómico como los profesionales hicieron durante la pandemia "todo lo humanamente posible por salvar cada vida".
Durante un acto celebrado el martes, Dávila recordó que su actuación fue "avalada por diez sociedades médicas", así como que la Justicia ha archivado hasta 19 causas sobre esta cuestión. En cualquier caso, la consejera expresó su respeto por "el trabajo que sigue haciendo la Justicia", pero remarcó su apoyo "al trabajo que hicieron todos los profesionales que se dejaron la piel por salvar cada vida".
Cuarto caso reabierto
Las muertes en residencias durante marzo y abril de 2020 continúan sobrevolando el mandato de Ayuso cuatro años después de la catástrofe. La aprobación de su conocido como Protocolo de la Vergüenza, desvelado por este periódico, un documento que llegó a tener hasta cuatro versiones y tras cuya aplicación fallecieron 7.291 residentes en el propio geriátrico —el 77% del total de 9.468 muertes—, ha sido objeto de más de 300 querellas presentadas por los familiares agrupados en la organización Marea de Residencias.
Con este nuevo caso, ya son cuatro las investigaciones reabiertas de este tipo contra tres altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El último, un acto del pasado 30 de octubre al que ha tenido acceso infoLibre. En esta investigación la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por la familia del fallecido tras haber alegado que la derivación hospitalaria se había realizado "a destiempo".
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El 2 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Collado Villalba reabrió otro caso por orden de la Audiencia Provincial y citó a declarar, en calidad de testigos, al exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur, firmante de los protocolos, y a la exdirectora de salud pública de la Comunidad Yolanda Fuentes.
La Audiencia Provincial exigió el 25 de octubre al Juzgado de Instrucción número 50 que investigara si las mismas tres personas aforadas —contra quienes también se dirige la causa del juzgado número 3 de Villalba— tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete residentes del geriátrico Amavir Ciudad Lineal, que habrían fallecido sin haber sido trasladados al Hospital Ramón y Cajal y, además, sin haber recibido asistencia sanitaria en el propio centro.
En paralelo, hay una causa por los fallecimientos de residentes en varios centros de Leganés que ha llegado al Tribunal Supremo y al menos 60 recursos de amparo esperando recibir una primera respuesta en el Tribunal Constitucional. Ayuso, por su parte, continúa defendiendo la hipótesis —desmentida por sus ex altos cargos— de que el Protocolo de la Vergüenza fue tan sólo un "borrador falso" que no se aplicó y, por tanto, no tuvo consecuencias.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir un caso de fallecimiento de una usuaria de una residencia de Guadarrama en plena pandemia al considerar que se archivó sin una investigación "eficaz" sobre la falta de un adecuado asistencia sanitaria por no derivar a la paciente a un hospital.