Los expedientes de indulto de los nueve líderes independentistas encarcelados por sedición están plagados de argumentos políticos y de motivaciones basadas en la "utilidad pública" que, a juicio del Gobierno, lleva aparejada la medida de gracia. Desde el Ejecutivo, de hecho, sostienen que este acto, el de conmutar la pena de prisión de los condenados por el Tribunal Supremo, es una "decisión política" dirigida a "favorecer objetivamente la vía del diálogo" y de la "concordia", pues la justificación de indultar a unas personas en concreto está "por encima de intereses, razones y criterios individuales".
Así lo expone el Gobierno a lo largo de las más de treinta páginas de cada uno de los expedientes, pues aunque cada uno es individualizado por cada preso, los motivos que llevan a concederlos "por el bien común de España" coinciden en todos ellos. Así, hay razonamientos en positivo como que "el castigo penal ofrece una utilidad limitada para pacificar situaciones de conflicto como la que vive la sociedad catalana", pero también en negativo, pues "una decisión denegatoria traería consigo, sin duda, la agravación y cronificación del conflicto". Y otra idea general: el Ejecutivo no cuestiona la sentencia del Supremo, es más, la defiende por la "gravedad" de los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017, pero apunta que "esa fue la vía judicial" y la de indultar es "la vía política".
En los expedientes de indulto, a los que ha tenido acceso infoLibre, el Gobierno defiende su decisión como un "gesto de distensión que abra oportunidades al diálogo". "Se configura como una decisión estrictamente política y que sigue la lógica de la política, que es satisfacer necesidades públicas. Por consiguiente, su justificación y su finalidad están por encima de intereses, razones y criterios individuales. También el bien común de la nación está por encima de la voluntad mostrada por los propios condenados. El Gobierno de España es autónomo y sus decisiones políticas no dependen de las actitudes particulares", explica el documento referido al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras.
Los indultos han sido aprobados tras una larga sesión del Consejo de Ministros –de más de cuatro horas de duración– con la opinión favorable de todos los miembros del gabinete. Las medidas son parciales –el informe desfavorable del tribunal sentenciador impide que sean totales– y conmutan la pena de prisión que quedaba por cumplir a los condenados por el procés con la condición de que no vuelvan a cometer delito "grave" en un tiempo que va desde los tres a los seis años, en función de cada preso. Además, se les mantiene la inhabilitación absoluta que acarrea la condena del Supremo; Junqueras es el que más tiempo estará sin poder ejercer cargo público, hasta mediados de 2031. Los nueve presos prevén salir de prisión este miércoles al mediodía, según uno de los abogados defensores.
Fuentes del Ejecutivo admiten que "no ha sido una decisión fácil", pero que la toman por "responsabilidad y convicción" de que es buena para el país por ser un intento de "pasar página" y "abrir una nueva etapa" en la que aspiran a lograr una "solución transversal" al conflicto catalán, por lo que insisten en que no es una medida sólo dirigida a los presos, sino a "todos los catalanes y españoles". Frente a esta postura, se preguntan "qué proyecto plantea la derecha" para Cataluña y añaden que el "rechazo irracional" a los indultos tiene que llevar consigo una alternativa, pero que ésta no puede ser la "confrontación".
Eso sí, las fuentes consultadas dejan un recado al independentismo: "El Gobierno ha dado un paso; ahora les toca a ellos". Y así, afirman que "el 1-O fue un gran día para los independentistas", pero la decisión de este martes de indultar a los condenados por sedición "les resta argumentos".
Las palabras de Junqueras, "indicios" sobre la utilidad pública
En el indulto a Junqueras, el Ejecutivo cita declaraciones públicas que ha hecho el político en las que habla de "la vía del acuerdo" y de buscar un "referéndum pactado", lo que aporta "factores o indicios sobre la utilidad pública de la decisión, en la medida en que puedan favorecer objetivamente la vía del diálogo". En su caso, además, destaca que, "como indudable protagonista del conflicto y líder de una de las principales formaciones catalanas, su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible".
Es intención del Gobierno de Pedro Sánchez, según los textos, tomar las medidas necesarias para la "normalización de la vida social y política en Cataluña" y "huir de la inacción política" así como "abstenerse de emprender toda acción que pueda empeorar o agravar aún más la situación". "Todo acto que contribuya a intensificar la fractura política y social ya existente en esa comunidad autónoma y pueda desbaratar el camino de diálogo que se ha iniciado, si es posible, debe ser evitado", añade.
Fuentes gubernamentales remarcan que en el procés hubo "errores de todos", pero sobre todo de los independentistas ignorando a la parte de Cataluña que no ansía la independencia. Pero también, apuntan, del Gobierno anterior, el presidido por Mariano Rajoy, por no escuchar a los dirigentes catalanes. Ahora, dicen, se trata de hacer política para solucionar el problema, pero hacerlo "con cerebro", no "desde las vísceras", y por eso el Ejecutivo de Sánchez ha tomado la "iniciativa" con las medidas de gracia. Confían, además, en que esta decisión se vaya entendiendo cada día más por parte de la sociedad española.
De hecho, remarca uno de los expedientes que "a todos interesa" que el paso dado ahora "tenga éxito" y que "realmente logre el objetivo de concordia y cohesión social que persigue", algo que, en su opinión, "depende en buena medida de que toda la sociedad la haga suya como una decisión de Estado". Así, el Gobierno pide "generosidad, visión de futuro y patriotismo a toda la sociedad, pues sólo así podrá desplegar con plenitud la utilidad pública que de ella se predica". "La unidad de España está garantizada por la Constitución, pero la convivencia entre los españoles es una tarea diaria. Una tarea de todos", asevera.
Y, en este sentido, los expedientes recogen los "amplios apoyos sociales" que, según el Gobierno, ha ido recabando la voluntad de las partes de "propiciar el diálogo". Por un lado, explican, la "mayoría de partidos políticos y de diputadas y diputados en el Congreso" que son "favorables a la concesión del indulto por su utilidad para contribuir a la convivencia y el diálogo", y destacan la moción del PP contra la medida de gracia que fue rechazada en el Pleno el pasado 15 de junio. También recuerdan que organizaciones sindicales como UGT y CCOO "se han mostrado partidarias" del indulto así como, "de manera más reciente, el presidente del Círculo de Economía de Barcelona y la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a todas las diócesis catalanas".
Según argumenta también el expediente referido al exconseller de Interior Joaquim Forn, en el Consejo de Ministros son "realistas" y reconocen que "el indulto, por sí sólo, no resolverá el conflicto político en Cataluña", pero sí "pretende facilitar un clima habitable para ir avanzando en soluciones". "Es un acto de clemencia de un Estado fuerte que apela a quienes han actuado fuera del marco constitucional. La alternativa es conocida y el Estado de Derecho, implacable, como ya ha demostrado. El indulto no aspira ni a erradicar las ideas independentistas ni a convencer a quienes las defienden. Nuestra democracia es de todos. Y nuestra Constitución nos protege a todos, también a quienes quisieron acabar con ella o la denigran a diario. Con esta decisión aspiramos a abrir caminos para encontrar la mejor forma de convivir en democracia", subraya.
"No lo van a volver a hacer"
En este sentido, las fuentes del Gobierno son claras: persistir en la inhabilitación y los condicionantes de no volver a delinquir, así como la vigencia del Código Penal, hacen inviable que los nueve indultados vuelvan a cometer delito. Es más, remarcan que están convencidos de que "no lo van a volver a hacer".
En el caso del exconseller de Interior y de otros políticos presos de Junts como Josep Rull o Jordi Turull, el expediente de indulto reconoce que "a diferencia de otros condenados en la causa, don Joaquim Forn ni ha realizado públicamente un ejercicio de autocrítica con respecto a los hechos que motivaron su condena ni ha protagonizado gestos orientados claramente a la recuperación del clima de entendimiento y de diálogo". Y que, de hecho, "ha manifestado expresamente que no pretende pedir perdón" y que "aunque es firmemente partidario del diálogo, no renuncia a ninguna vía unilateral siempre que sea pacífica y democrática".
Sin embargo, el Gobierno insiste en sus argumentos políticos para conceder la medida de gracia: "Con todo, existen también en este caso razones de utilidad pública que aconsejan la concesión del indulto. El interés público en generar un clima de entendimiento con las formaciones políticas independentistas y la voluntad de recuperar un ambiente de concordia en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española prevalece en este caso sobre el juicio que merezca la concreta actitud del penado".
Blindaje ante los recursos de la oposición
La amplia justificación para la concesión de los nueve indultos es lo que hace confiar al Gobierno en que no prosperen los ya anunciados recursos por la vía de lo contencioso-administrativo que van a presentar PP, Vox y Ciudadanos contra los decretos. Desde el Ejecutivo están convencidos de que los indultos están más que motivados y que, por tanto, los requisitos que impone la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este aspecto se cumplen con creces. En concreto, citan la sentencia de noviembre de 2013 que anuló la medida de gracia otorgada a un conductor kamikaze por el primer gobierno de Mariano Rajoy.
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En aquella ocasión, el Pleno de la Sala Tercera del Supremo prácticamente se partió en dos, pero la mayoría de magistrados optó por revocar la medida de gracia al considerar que el Consejo de Ministros no había argumentado el decreto al no señalar las “razones de justicia, equidad o utilidad pública” en las que se basaba. Y añadía que el indulto es un acto discrecional del Gobierno y el control jurisdiccional no puede extenderse a su esencia, que es su concesión o denegación, pero sí a la concurrencia de arbitrariedad en la concesión.
Según fuentes gubernamentales, en el caso de los nueve presos del procés el procedimiento se ha llevado a cabo de forma "escrupulosa" y consideran que más de treinta folios de motivación por cada uno de los expedientes, alegando la "utilidad pública" de la medida, hacen que los decretos en este caso sean "muy difíciles de revocar".
Todo ello si finalmente esos recursos son estudiados por la Sala Tercera, ya que aún está por ver si los partidos de la oposición están legitimados para impugnar los decretos de indulto. Sobre este extremo no se pronuncian desde el Ejecutivo y afirman que tendrán que ser los magistrados del alto tribunal los que decidan una vez estudiado el caso.
Los expedientes de indulto de los nueve líderes independentistas encarcelados por sedición están plagados de argumentos políticos y de motivaciones basadas en la "utilidad pública" que, a juicio del Gobierno, lleva aparejada la medida de gracia. Desde el Ejecutivo, de hecho, sostienen que este acto, el de conmutar la pena de prisión de los condenados por el Tribunal Supremo, es una "decisión política" dirigida a "favorecer objetivamente la vía del diálogo" y de la "concordia", pues la justificación de indultar a unas personas en concreto está "por encima de intereses, razones y criterios individuales".