El juzgado de instrucción 8 de Sevilla investiga las adjudicaciones y contratos de vuelos de emergencias sanitarias en Andalucía desde 2010 y 2016. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez (PSOE), afirmó este jueves en el Parlamento que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) recibió en julio del pasado año un mandamiento judicial "solicitando la entrega de la documentación relativa a los expedientes de adjudicación de los servicios de aeronaves desde el año 2010 a 2016". En enero de este año el juzgado se volvió a dirigir a la EPES para reclamarle la composición del órgano de contratación, al objeto de profundizar en la investigación sobre un presunto trato de favor a dos empresas del sector.
Los requerimientos informativos ya han sido atendidos por la Consejería que dirige Álvarez (PSOE), según informó la propia consejera durante un debate a petición de PP, Podemos e IU, que lo solicitaron a raíz de publicar el mes pasado infoLibre que la Policía Nacional acusa en un informe a la Junta de favorecer a dos empresas, Faasa e Inaer, incluso en perjuicio de la seguridad de los vuelos sanitarios y del tiempo de respuesta de la atención, que debe ser especialmente breve al cubrir infartos, transplantes... En Andalucía, dijo la consejera,"se externaliza lo mínimo". "La escasa concurrencia se debe a la reducida presencia de estas empresas a nivel nacional", añadió la consejera, que se mostró "segura de que se va a volver a demostrar que se trabaja con rigor".
Según la Policía, dos empresas, Faasa e Inaer, constituidas en "férreo oligopolio", han impuesto sus condiciones en la contratación de helicópteros para servicios de emergencias sanitarias de la Junta, que lo permitió con su inacción o plegándose a sus exigencias. El resultado es que "la seguridad" de los vuelos se vio "claramente en perjuicio", al aceptar la Administración cambios en los requisitos que llegaron a permitir el uso de helicópteros antiguos o sin habilitación para vuelos nocturnos y a incrementar el tiempo de respuesta ante una emergencia.
Todo ello lo indica un informe de la Policía elaborado a partir del examen de cinco expedientes de contratación de la EPES. Dicho informe, incorporado a la investigación que desarrolla el juzgado de instrucción 8 de Sevilla, señala la existencia de una mecánica supuestamente fraudulenta similar a la detectada en la contratación de vuelos para el Plan Infoca contra incendios, también objeto de instrucción judicial y que afecta a la Consejería de Medio Ambiente.
"Cártel del fuego"
La investigación de los vuelos sanitarios se basa, entre otras fuentes, en una denuncia presentada en junio del año pasado por CGT ante la Fiscalía. El sindicato destacaba en su denuncia una "triple coincidencia": "que siempre sean las mismas empresas las adjudicatarias de los concursos a lo largo del tiempo [Faasa e Inaer], que siempre resulten adjudicatarias de los mismos lotes y que siempre resulten adjudicatarias por el mismo importe que el licitado". Las dos empresas forman parte del conocido como "cártel del fuego", un grupo de compañías investigadas por la Audiencia Nacional por un posible fraude de unos 100 millones de euros en los contratos de vuelos contra incendios en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Castilla y León. El caso se extiende pues por buena parte de España y, en el caso de Andalucía, pone ya el foco en dos consejerías.
La denuncia de CGT terminó en el juzgado 8 de Sevilla, que instruía el caso de las adjudicaciones de vuelos del Plan Infoca, si bien en julio se inhibió a favor de la Audiencia Nacional en esta línea de investigación al considerar que es un tema estatal. Lo que la jueza de Sevilla María de los Reyes de Flores no ha soltado es la investigación sobre la EPES. Aún no hay imputados en la Consejería de Salud por las adjudicaciones de vuelos de EPES, aunque la jueza ya busca nombres y apellidos en el órgano contratante. En Medio Ambiente sí hay imputados por las adjudicaciones de vuelos del Plan Infoca. El juzgado sevillano citó a declarar en septiembre a cinco funcionarios y un alto cargo, si bien suspendió la declaración a la espera de que se resuelva la inhibición a favor de la Audiencia Nacional.
La investigación policial sostiene que Inaer y Faasa han acordado un "reparto territorial", por el que cada empresa se queda con unas provincias y se evita la competición directa. El resultado es "un verdadero pulso entre la única licitadora y la Administración, que en no pocas ocasiones se ha visto obligada a ceder a las necesidades de aquella". Ello ha provocado, sostiene la Policía, cesiones tan "delicadas" como "la ampliación del tiempo de respuesta ante una emergencia sanitaria a 2 horas y 45 minutos o la utilización de aeronaves de más de veinte años de antigüedad".
En uno de los expedientes analizados la Policía detecta una modificación de la cláusula que exigía que todos los helicópteros tuvieran menos de 15 años. El requisito queda así: "La flota no tendrá una antigüedad media de más de 15 años". "Parece otra cesión [...] a favor de las empresas que forman este férreo oligopolio", señala el informe, que apunta que "la exigencia previa" se ha visto "forzadamente sustituida por otra, en principio ilógica", ya que "el riesgo de fallos en la aeronave debido a la antigüedad es individual, no puede ser compensado con la menor antigüedad de otra aeronave". "La concesión que realiza la Administración [...] va claramente en perjuicio de la seguridad de los administrados, ya que exigir sólo que la antigüedad media de la flota no sea superior a 15 años implica que se la empresa presenta una aeronave nueva, puede permitirse el lujo de presentar otra de 30 años", añade la Policía. La consejera respondió este jueves en el Parlamento: "La seguridad no está relacionada con la antigüedad. Existen unos controles de las agencias españolas y europea. Los helicópteros cumplen todos los requisitos".
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Críticas de la oposición
La oposición cargó contra la Junta de Andalucía durante la comisión de Salud celebrada este jueves. "La Consejería tiene muchos contratos en tela de juicio", afirmó Ana Mestre (PP), que pidió a Álvarez que saque "luz y taquígrafos". Juan Antonio Gil (Podemos) afirmó que si el caso prospera debe haber "responsabilidades políticas". "Existe una falta de transparencia que propicia que esta picaresca recorra todo el sistema sanitario público con un halo de corrupción. La gestión deficiente de recursos públicos puede hacer que terminen en los bolsillos de desalmados", añadió.
Isabel Albás (Ciudadanos) pidió a la consejera "contundencia", mientras Inmaculada Nieto (IU) afirmó: "No es interpretable que si Salud sabe que hay dos empresas y si siempre presta el servicio una, tiene la obligación de comunicarlo a la Agencia de la Competencia para que se tomen medidas". A juicio de Nieto, con sus cesiones la Consejería "puso en riesgo" la integridad de los pacientes y los pilotos. Salud lo niega.
El juzgado de instrucción 8 de Sevilla investiga las adjudicaciones y contratos de vuelos de emergencias sanitarias en Andalucía desde 2010 y 2016. La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez (PSOE), afirmó este jueves en el Parlamento que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) recibió en julio del pasado año un mandamiento judicial "solicitando la entrega de la documentación relativa a los expedientes de adjudicación de los servicios de aeronaves desde el año 2010 a 2016". En enero de este año el juzgado se volvió a dirigir a la EPES para reclamarle la composición del órgano de contratación, al objeto de profundizar en la investigación sobre un presunto trato de favor a dos empresas del sector.