En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos. Es una herramienta que constituye uno de los medios más formales de control en el seno del Legislativo, pero se dirige más a la ciudadanía que a los propios tribunales, puesto que sus conclusiones no son vinculantes ni afectan a las resoluciones judiciales. Su origen se remonta al Parlamento británico de finales del siglo XVII, aunque su uso comenzó a popularizarse en el último siglo y medio, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
En España estas comisiones aparecen reguladas en el artículo 76 de la Constitución de 1978, si bien existen precedentes en reglamentos parlamentarios datados de épocas anteriores. La Carta Magna establece que "el Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público". Por norma general se trata de asuntos relacionados con la corrupción aunque pueden ir encaminadas a esclarecer un problema político, como ha sucedido recientemente en el caso de la gestión de las residencias de mayores o de las vacunas.
Su creación está supeditada a la mayoría parlamentaria, lo que suele beneficiar al partido (o partidos) que formen parte de ella. Una vez creada es la propia mayoría la que controla su funcionamiento y sus eventuales acuerdos, porque la composición de las comisiones se rige por la importancia numérica de los grupos en la Cámara. Esto contrasta con parlamentos como el de Alemania y Portugal, donde la oposición también tiene la posibilidad de crear estas comisiones aunque no cuente con mayoría.
Un ejemplo del uso partidista de estas comisiones es lo que ocurrió en el Senado en el año 2017. El PP, que contaba con mayoría en la Cámara Alta, creó una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos. Lo hacía en respuesta a la constitución de la comisión que se formó en el Congreso específicamente para la presunta financiación ilegal de la formación conservadora.
Estas comisiones son de carácter temporal y pueden convocar a cualquier persona, que tiene la obligación de acudir pero no de contestar. Un recurso del que hacen uso muchos de los llamados a comparecer. Sin embargo, si deciden contestar, tienen la obligación de decir la verdad, al contrario de lo que sucede en un juicio, en el que un acusado sí puede mentir. En algunos casos las comparecencias pueden ser secretas si así lo acuerda la mayoría de la comisión o si su objeto guarda relación con una actuación judicial bajo secreto de sumario.
Un instrumento al servicio de la mayoría parlamentaria
En el caso del Congreso si dos grupos parlamentarios unen fuerzas pueden solicitar su creación, un supuesto que también se aplica en el caso de que un único grupo cuente con una quinta parte de los escaños de la Cámara, lo que equivale a 70 diputados. En el Senado la propuesta debe partir del Gobierno o de 25 senadores que no pertenezcan al mismo grupo parlamentario. A quien le corresponde calificar la idoneidad formal de la propuesta es a la Mesa, y, si pasa ese trámite, se aprueba definitivamente en el pleno.
Tal y como está configurada la actual mayoría en la Cámara Baja, esto significa en la práctica que PSOE y Unidas Podemos pueden bloquear las comisiones que no les interesen, al igual que sucede en parlamentos autonómicos gobernados por la derecha. En este sentido es frecuente que en los regímenes parlamentarios, como el español, la mayoría parlamentaria coincida con el color del Gobierno, lo que dificulta la independencia de estas comisiones. En otros sistemas como los presidencialistas la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo es más clara.
La última comisión en acaparar los focos -mediáticos y políticos- de la Cámara Baja ha sido la Kitchen, en la que han comparecido exdirigentes del Partido Popular como Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, María Dolores de Cospedal, exministra y número dos de la formación, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y también José Manuel Villarejo, comisario jubilado y antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía.
Algunos juristas cuestionan la utilidad de las comisiones que sí reivindican los políticos
La resolución de la comisión Kitchen dictaminó que la "cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior". El documento de conclusiones, propuesto por el PSOE y que contó con el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu, dictaminó que Cospedal ordenó robar a Luis Bárcenas, extesorero del PP las pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción.
Tal y como está recogido en la Constitución y en el reglamento de las Cortes, las comisiones de investigación no tienen por objeto declarar la culpabilidad jurídica de las personas, sino establecer la responsabilidad política, por acción u omisión, al poder público. En algunos supuestos la Carta Magna obliga a la comisión a poner en conocimiento de la Fiscalía "las eventuales conductas ilícitas" de los investigados, aportando los materiales y testimonios obtenidos por el órgano parlamentario.
Por ese motivo algunos juristas como José María de Pablo, abogado penalista, critican la utilidad de las mismas y señalan que únicamente sirven para “el cobro de dietas de los señores diputados”. Sin embargo esta afirmación no es correcta, ya que los parlamentarios que forman parte de estas comisiones no reciben ingresos extra, salvo los que ocupan la presidencia, la vicepresidencia o la portavocía.
La comisión de investigación del Congreso concluye que Rajoy y Cospedal ordenaron la 'operación Kitchen'
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, participó en la citada comisión de la Kitchen y sus desencuentros con Rajoy y Villarejo, entre otros, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Tras el interrogatorio a Rajoy el catalán recibió críticas por la falta de decoro parlamentario. Unas críticas que él minimiza. "No tiene que ser un baño masaje revestido de supuesto parlamentarismo correcto. Nadie atenta contra el parlamentarismo por ser incisivo en las preguntas o por decirle mentiroso al mentiroso o ladrón al ladrón", señala en conversación con infoLibre.
Rufián, que ha participado en cuatro comisiones de investigación desde que llegó al Congreso en el año 2015, asegura que en todas las comisiones se produce la misma "cantinela" sobre su supuesta inutilidad. "Yo creo que sí que sirven, en el sentido que está muy bien que condenados por corrupción y malas praxis no den explicaciones en sede judicial, sino en la sede de la soberanía popular. Creo que en otros países con democracias más avanzadas se hace, con una dureza mucho mayor que nosotros", asegura.
"Si al final se consigue un video de unos 20 o 30 segundos en el que de forma flagrante se ve a un prohombre mintiendo, porque habitualmente son hombres los que han ejercido el poder en este país y en el mundo, y eso llega a los teléfonos de la gente que no lo había visto tan claro, ya sirve, y a mí me consta que eso pasa", zanja.
En las comisiones de investigación parlamentarias son los políticos los que fiscalizan a otros políticos. Es una herramienta que constituye uno de los medios más formales de control en el seno del Legislativo, pero se dirige más a la ciudadanía que a los propios tribunales, puesto que sus conclusiones no son vinculantes ni afectan a las resoluciones judiciales. Su origen se remonta al Parlamento británico de finales del siglo XVII, aunque su uso comenzó a popularizarse en el último siglo y medio, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.