Las tres querellas contra Peinado y la revisión de su instrucción marcan la apertura del año judicial

Una toma de declaración insólita al presidente del Gobierno en La Moncloa sin ninguna trascendencia práctica. Un secreto de sumario que solo se aplica a la imputada, Begoña Gómez, pero no a las asociaciones que la acusan, lo que presuntamente vulneraría su derecho de defensa. Una investigación judicial que trasciende los límites que impuso al instructor la Sala que tiene el cometido de controlarla. Dos informes de la Guardia Civil repetidamente ignorados, que descartaban cualquier tipo de irregularidad en el caso. El titular del juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha aprovechado el mes de agosto, normalmente inhábil a efectos procesales, para impulsar la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este mismo lunes ha continuado tomando declaración a varios testigos, sin avances palpables. En unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid analizará las tres querellas presentadas contra el magistrado que le acusan de recurrir al lawfare, una de las cuales, la de Gómez, podría apartarlo del caso. El 30 de septiembre, la Audiencia Provincial abordará la enmienda a la totalidad de la causa presentada por la Fiscalía y la defensa de Gómez.

Mientras, la polémica investigación ha seguido generando titulares durante el verano. El último, el del pasado 22 de agosto, cuando, en una providencia, Peinado aseguró que el silencio que decidió mantener Sánchez durante su toma de declaración como testigo el pasado 30 de julio en La Moncloa, permite sacar conclusiones "de carácter objetivo" para la instrucción. El jefe del Ejecutivo decidió no declarar acogiéndose a su derecho constitucional y legal a no hacerlo en causa abierta contra un familiar, como es su propia esposa. Varios juristas consultados al respecto aclaran que, al contrario de lo que mantiene Peinado, no cabe inferir nada de la decisión de alguien de no declarar conforme a la ley. El instructor hizo esa reflexión en la misma providencia en la que ordenó trasladar copia de la grabación en vídeo de ese acto infructuoso de toma de declaración a todas las partes en contra de lo que solicitó la Fiscalía. La diligencia duró dos minutos; el tiempo que tardó Sánchez en decir que no respondería a las preguntas. Las imágenes de la toma de declaración de su esposa, en la que también guardó silencio, fueron publicadas por varios medios tras ser filtrada por las partes.

La toma de declaración de Sánchez en Moncloa es, precisamente, lo que motivó la inmediata querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez en nombre del presidente del Gobierno y que ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al que Peinado está aforado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al presidente y al resto del miembros del Gobierno, así como a otras altas autoridades del Estado, declarar por escrito, y así se lo pidió expresamente el jefe del Ejecutivo al instructor. Sin embargo, Peinado insistió en tomarle declaración personalmente en la sede de la presidencia del Gobierno al asegurar que no pretendía interrogarlo por razón de su cargo, sino como marido de la principal imputada, Begoña Gómez. "Los hechos investigados son aquellos que conforman el objeto de la investigación y resulta que, en este caso, el objeto de la investigación se circunscribe a (...) el momento en que el testigo [Sánchez] pasó a ser presidente, y no el momento en que pasó a ser marido de la investigada", dice la querella de la Abogacía. "Es su cargo, no su estado civil, lo único relevante a efectos de cualquier pregunta", añade el escrito.

Fuentes judiciales consultadas por infoLibre vaticinan, sin embargo, que la querella de Sánchez será difícil que prospere al tratarse de una cuestión interpretativa, lo que, en principio, descartaría que la resolución de Peinado en que acordó la toma de declaración pueda ser considerada manifiestamente injusta y adoptada "a sabiendas", como exige el delito de prevaricación que le achaca. Tampoco provocaría que el instructor se apartara en caso de que el TSJM la admitiera a trámite, ya que el presidente del Gobierno no es parte en el proceso, sino únicamente un testigo. Esas mismas fuentes sí dan más peso a la segunda querella contra el juez, presentada por Begoña Gómez, que, como principal imputada del caso (por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios), sí está personada en el procedimiento, por lo que su admisión inicial, en caso de producirse, colocaría al juez en una causa legal de abstención o recusación.

Un "secreto a la carta"

Esta segunda querella de Gómez, además de por prevaricación, también se presenta por revelación de secretos. Peinado decretó el secreto de sumario el 16 de abril tras admitir a trámite una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias contra la esposa del presidente basada en recortes de periódico, entre ellos el de una noticia falsa. El secreto –que implica que solo el propio juez y el fiscal pueden conocer las diligencias– no fue levantado hasta el 24 de mayo, pero, entre esas dos fechas, el instructor dio traslado de declaraciones y documentos de la causa a Vox y al resto de acusaciones populares, todas ellas de la esfera ultra. Según el exministro Antonio Camacho, abogado de Gómez, el juez dictó un "secreto a la carta" de manera ilegal, lo que habría vulnerado los derechos fundamentales de su clienta.

El escrito de Camacho califica además la investigación de "inusual, errática y prospectiva", una "causa general" contra Gómez, dirigida "a sabiendas" por Peinado, algo expresamente prohibido por la ley. También desliza acusaciones de que la auténtica finalidad del instructor es "buscar un impacto político" o que se guía por "un desmedido afán de protagonismo mediático". El pasado 29 de mayo, la Audiencia de Madrid limitó el contenido del caso a los contratos públicos de Red.es obtenidos por las sociedades del empresario Carlos Barrabés para los que Gómez redactó cartas de recomendación. En su auto, la Audiencia rechaza como "una simple conjetura" todas las acusaciones de la querella inicial de tráfico de influencias relacionadas con el rescate de Globalia. Sin embargo, el instructor ha continuado ordenando diligencias sobre este segundo aspecto ya rechazado por sus superiores.

La decisión sobre si se admiten o no a trámite ambas querellas, así como una tercera presentada por el periodista Máximo Pradera, se tomará por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM el mes que viene. El tribunal estará presidido por el magistrado conservador José Manuel Suárez Robledano, que además será el ponente, y de él formarán parte María Prado y Francisco José Goyena. Este último fue el instructor de la querella presentada por el empresario Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso– contra la fiscalía de Madrid por una nota informativa sobre una denuncia por delitos fiscales contra este, una práctica completamente normal en los gabinetes de prensa tanto del Ministerio Público, como de los tribunales. Goyena ha elevado el caso al Tribunal Supremo al apreciar indicios de revelación de secretos en el fiscal general, Álvaro García Ortiz. El alto tribunal debe decidir ahora si lo imputa o no.

Tres meses para estudiar dos recursos

Pero además de la posible responsabilidad penal de Peinado, septiembre será también el mes en que, por primera vez desde el pasado 29 de mayo, la Audiencia de Madrid volverá a pronunciarse sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez contra las decisiones de Peinado. La esposa del jefe del Ejecutivo ha pedido al tribunal que ordene el archivo de la causa, dado que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" que, sostiene, el juez ha abierto contra ella. Peinado señaló en un auto a principios de julio que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial". En su recurso, la defensa de Gómez sostiene que está sufriendo "una investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático".

La Audiencia también estudiará el recurso del Ministerio Publico, que ha reclamado al tribunal que acote la investigación a los hechos en que ya lo hizo en su anterior resolución del 29 de mayo. La fiscalía recuerda que los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabados por el juez han descartado cualquier tipo de irregularidad en los contratos investigados. Pese a ello, el juez ha seguido adelante con sus pesquisas. Para el fiscal, al igual que sostiene la esposa del presidente, el proceso abierto a Begoña Gómez es "genérico y carente de concreción".

La deliberación llegará tarde. Tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, casi tres meses después de que se presentaran los recursos, lo que ha permitido a Peinado seguir actuando sin ningún tipo de restricción. Desde entonces, además de intentar tomar declaración a Pedro Sánchez, el juez ha imputado a Barrabés y al rector de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Goyache, a los que previamente había llamado a declarar como testigos. Es decir, primero los interrogó con obligación de decir la verdad y después con derecho a guardar silencio lo que, según sus abogados, atenta contra su derecho de defensa. También ha ordenado a la Guardia Civil el registro del domicilio del primero. Es el retraso endémico de la administración de Justicia en España lo que dará al magistrado al menos un mes más para seguir tomando decisiones. Este mismo lunes, ha tomado declaración a cuatro nuevos testigos en relación con la cátedra que Begoña Gómez dirigió en la Universidad Complutense. Uno de ellos, el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón, ha asegurado en su declaración que los resultados de esa cátedra que la entidad decidió patrocinar "son satisfactorios", al tiempo que "ha dejado claro que no mantuvo ningún contacto con su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", según un comunicado de la Fundación La Caixa difundido por Europa Press.