El 11M, y sobre todo los años que siguieron a los atentados, fueron la puesta de largo de un eficaz modelo de creación y expansión de bulos en el que participaron periódicos, emisoras de radio y de televisión y partidos políticos con un único objetivo: deslegitimar el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo.
Las ganó el PSOE por sorpresa, en contra de lo que pronosticaban las encuestas, después de que los electores decidiesen castigar la mentira del Gobierno del PP, que durante tres días, y en contra de todas las evidencias, intentó atribuir a ETA la colocación de las bombas que acabaron con la vida de 193 personas. Pero la derecha, política, mediática y económica siempre creyó que “alguien” se las había robado. Y se aplicó a fondo en la difusión de diferentes teorías de la conspìración para sembrar dudas sobre los hechos, sobre el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre la propia sentencia del 11M.
Con el tiempo, aquellas ideas disparatadas, con la invención de pistas que supuestamente volvían a apuntar a ETA y que insinuaban la connivencia del PSOE o que más tarde trataban de señalar a Marruecos, se fueron desinflando. Pero no la mecánica de la fabricación de noticias falsas. El modus operandi de la desinformación política se fue perfeccionando a medida que el uso de redes sociales, sobre todo Facebook y Twitter, se convirtieron en el soporte principal de la conversación pública.
Lo que tampoco ha cambiado es el botón que pone en marcha la fábrica de las mentiras: la voluntad de la derecha de combatir, por ilegítimos, los gobiernos de la izquierda. Primero el de José Luis Rodríguez Zapatero. Después, el de Pedro Sánchez. Al primero le atribuyen haber llegado a la Moncloa gracias a las bombas. Al segundo, haber incumpulido sus promesas de campaña, en particular el deseo de no meter a Unidas Podemos en el Gobierno o el compromiso de no pactar con los independentistas vascos y catalanes.
Es verdad que algunas de aquellas prácticas vienen de antes. El periodista Enric Juliana, que esta semana publica España: El pacto y la furia. Una historia política de nuestro país del 11M al presente (Arpa, 2024), defiende que “hay cosas que ya estaban y acabaron de catalizarse en aquel momento. Una determinada concepción del combate político en España ya estaba instalada y ya la habíamos visto a finales de los años 90, incluso a finales de los 80. Yo creo que en España se ha construido un relato tan azucarado de la Transición que nos hemos olvidado de algunas cosas. Tensión política en España la ha habido desde el minuto uno. ¿Cuándo se jodió el Perú? El Perú vino jodido de fábrica”, dice con ironía.
¿Cuándo se jodió el Perú? El Perú vino jodido de fábrica
También en el caso de la connivencia entre prensa y poder. Juliana evoca, en conversación con infoLibre, la escena del balcón de Carabaña (Madrid), una simbólica fotografía en la que aparece José María Aznar hace 28 años, recién elegido presidente, disfrutando de la Semana Santa en compañía de Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, el diario que había sido pieza clave para llevarle a La Moncloa. La imagen es en sí misma “toda una declaración”.
En su opinión, lo que pasa a partir del 11M también viene de ahí. Porque “los que habían hecho exhibición de estar orgánicamente implicados con el poder no aceptan perder. Porque si tú has subido al balcón y el que está en el balcón se la ha pegado, puede interpretarse que tú también te la habías pegado”.
Ahora, reconoce, se “ha acentuado algo que ya existía y se ha generalizado. La semilla estaba, lo que pasa es que se ha multiplicado en fuerza” porque se ha visto influida por “la cultura derivada de las redes sociales, que es una cultura de confrontación y de agresividad”.
En el fondo, lo que hay, recuerda, es una “competición por la atención”, por “el clic”. “Hay mucha gente hablando. Por lo tanto, si no grito, si no la digo muy gorda, nadie se va a fijar en mí. Y la política también ha ido adaptándose a estos patrones. La agresividad política, en parte, lo que busca es llamar la atención, apoderarte de la conversación, dominarla”.
El periodista Iñaki Gabilondo, en una conversación con Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, incluida en el número de tintaLibre de este mes, sí cree que “gran parte de la radicalización que hay” en estos momentos “procede de aquel asunto”, de lo que siguió al 11M.
El rastro de la desinformación
Algunas cosas son fácilmente rastreables. Como el empeño de PP y Vox en dar carta de naturaleza al 8M como el foco de la pandemia en España, en parte construido por el ecosistema de medios de la derecha —muchos de ellos seudomedios financiados desde las administraciones controladas por el PP— y por sus aliados en la judicatura y las fuerzas de seguridad.
Un buen ejemplo es el atestado realizado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el que se basaba la imputación por prevaricación administrativa del entonces delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco por autorizar manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma. Estaba lleno de “errores de bulto, noticias tergiversadas, clamorosas omisiones, bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío”.
Los mismos autores intelectuales y las mismas locomotoras mediáticas que impulsaron los bulos que siguieron al 11M fueron los que se lanzaron, de la mano de Pablo Casado y de Santiago Abascal, a utilizar el virus del covid-19 para intentar derribar al Gobierno. Una tercera ola de crispación dirigida a deslegitimar a un Ejecutivo socialista, después de la de 1993, en un contexto de paro, despilfarro y corrupción en los últimos años de Felipe Gónzález, y de la de 2004, con ETA y el Estatut como telón de fondo. ¿El nexo común? “El uso de la mentira como eje central de la estrategia política de la oposición”, señalaba una información de infoLibre fechada en junio de 2020.
También se observa, por ejemplo en la tormenta desatada por el PP tras la detención del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni, en febrero de 2023. Entregó su acta de diputado a petición del PSOE tras ser imputado en el marco de una operación que sacó a la luz una trama dirigida a ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos, y también extorsionarlos a cambio de supuestos favores en inspecciones y ayudas europeas.
La implicación del PSOE en aquel caso se limitó a este diputado, expulsado inmediatamente, y a su sobrino, candidato socialista a la alcaldía de Antigua, una localidad de poco más der 10.000 habitantes situada en la isla canaria de Fuerteventura. Sin embargo, el PP, Vox, y el ecosistema de medios de la derecha desplegaron una intensa actividad para presentar como implicados en la trama a numerosos diputados socialistas relacionándolos, sin pruebas, con prostitución, alcohol y drogas.
El patrón se repite
Como sucede ahora con el caso Koldo, los informativos se llenaron de gravísimas acusaciones y la dirección del PP se hartó de señalar como responsable a todo el PSOE e incluso a Pedro Sánchez. Sin más pruebas que supuestas informaciones periodísticas que nunca tuvieron más recorrido, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso llegó a afirmar la existencia de “una trama corrupta instalada en el Grupo Socialista y de cuyas actuaciones se han podido beneficiar una cantidad importante de diputados”. Una trama que “se comprometía a beneficiar a ciertas empresas mediante gestiones o contratos públicos a dedo en los ministerios o en el Gobierno de Canarias y, además organizaban fiestas y cobraban mordidas”.
La pauta es muy parecida a la de ahora con Koldo García. Generalización de acusaciones sin pruebas, señalamientos al presidente como máximo responsable, diagnósticos de “un gobierno en descomposición” e insinuaciones de que desde el Ejecutivo se había advertido a los implicados de las investigaciones en marcha.
Aquella tormenta, que el PP planteaba como el final del Gobierno, no duró. De hecho desapareció de los informativos con las elecciones. Y, en contra de todas las insinuaciones, bulos e informaciones fabricadas de aquellos días, no ha alcanzado a ningún político más que al llamado Tito Berni y a su sobrino. Tan limitado fue su alcance que, según los investigadores, la trama no cumplió ni uno solo de los objetivos de los empresarios investigados.
En ese sentido, no es muy diferente de lo que está pasando con el caso Koldo, con el que el PP y sus aliados mediáticos han desatado una ofensiva para instalar en la opinión pública la idea de que existe una trama de corrupción liderada por Pedro Sánchez mediante la cual el Gobierno y el PSOE se han enriquecido a costa del erario público.
En España “se ha normalizado es el uso de la mentira como arma electoral, pero además no una mentira cualquiera, sino una mentira que criminaliza a tu adversario político”, explica Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de Voces del 11-M. Víctimas de la mentira (Planeta, 2024).
Bloques irreconciliables
Sampedro describe un bloque “que se autodenomina nacionalista español, unionista y conservador, que va desde el PP hasta Ciudadanos, pasando por Vox” y que “impugna al otro bloque”, el que “se autodenomina progresista, socialista y plurinacional”. Estos dos proyectos “se deslegitiman mutuamente. Uno apela a la memoria histórica del franquismo para llamarles fascistas, para negar su naturaleza democrática, y los otros apelan al mito de la España roja y rota”.
“Esto lo resume muy bien Abascal en su primera intervención en el Parlamento, que es la de la investidura de Sánchez, cuando dice es un usufructuario de un proceso de usurpación que ha tenido lugar ya en el 2004”. Y se empieza a cimentar el relato del cambio de régimen, de la tercera república y de la ruptura de España, que más tarde acaba asumiendo el PP de Alberto Núñez Feijóo de la mano de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso.
“Negar la legitimidad para participar en la esfera pública lleva a una degradación del debate. Las instituciones son incapaces de gestionar los problemas más urgentes y se ven ocupadas por unas agendas polarizantes que impiden dar cuenta del día a día”. Y eso “se traduce en involución democrática. Estamos sumidos en ese proceso”.
En cuanto a los medios, Sampedro sostiene que los últimos 20 años, desde el 11M, se ha consolidado “un foco irradiador del discurso de odio frente al Gobierno cuando no es ocupado por el Partido Popular” y frente a “la periferia soberanista” que “se traslada a las instituciones”. Con ocasión del 11M, recuerda, esa irradiación de odio, impulsada por José María Aznar al señalar a ETA como culpable de los atentados, es la que acabó dos días después con la vida del panadero pamplonés Ángel Berroeta, asesinado por un policía nacional por negarse a colocar un cartel en su establecimiento en que se atribuían las bombas a la organización terrorista.
Esa “normalización del odio”, sostiene, es la misma que ha hecho que Consuelo Ordóñez, presidenta de la AVT, acabe siendo revictimizada por la Comunidad de Madrid porque la derecha reclama a las víctimas de ETA como propias y exclusivas. La hermana de Gregorio Ordoñez, el concejal asesinado en 1995, acaba sintiendo “que la Asamblea de Madrid [dominada por el PP] es el foro más hostil que se ha encontrado en toda su vida”.
“Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid desatienden en cada aniversario la memoria de una de cada dos víctimas mortales por terrorismo en esta comunidad. Esta prepotencia también se ha instalado. Una indolencia, una falta de compasión y de atención al dolor social y a sus causas”, señala.
Hay una evidente responsabilidad por omisión de la profesión periodística
Los bulos, recuerda, necesitan dos cosas para prosperar. Primero, “algo de apoyatura en la realidad, que puede ser mínima”. Y segundo, “una cultura o incultura democrática en la población” para poder calar.
El bulo consigue, además, “extremar mucho las posiciones y llamar a rebato a tus seguidores en un planteamiento frentista. Cuanto más se polariza, más se apuesta porque cada uno de los polos no solo se niega en legitimidad, sino porque no rinda cuentas ante los otros”. Y “permite decir barbaridades pertrechándote en que estás en un momento de emergencia nacional, que es en el que vivimos todo el tiempo, en el cual todo se va a romper y la armonía social y el país van a estallar por los aires”.
Así transforma el PP meras sospechas en hechos para fabricar acusaciones sin pruebas en el ‘caso Koldo’
Sampedro, con todo, no se resigna a que esta situación sea inevitable. e interpela al propio periodismo para que dé un paso al frente. Los bulos del 11M se apoyaban, recuerda, en la radio de los obispos, la segunda en audiencia, el segundo diario en venta de ejemplares, la televisión pública y las televisiones privadas. “Es decir: es un bulo muy, muy serio. Hay una evidente responsabilidad de la profesión por omisión”.
Sobre esa responsabilidad, señala, los único que han reflexionado son los medios digitales, que nada tuvieron que ver con aquello. “Los medios convencionales mayoritarios fueron cómplices. Bien porque dieron pábulo a las teorías de la conspiración, aireándolas, produciéndolas, generándolas o consintiendo que estuvieran ahí”, bien porque dieron por buena en un primer momento la mentira de ETA. Por eso echa en falta algún tipo de autocrítica por parte de medios como El País o La Sexta, un autoexamen de lo que hicieron aquellos días, “en vez de excusarse diciendo que ‘quién iba a pensar que el presidente iba a mentir’. ¿No le habían visto mentir con la existencia de armas de destrucción masiva, sobre el Prestige y sobre el Yak 42”, se pregunta.
El autor de Voces del 11-M. Víctimas de la mentira echa en falta autocrítica. Pero también “autocontrol de la profesión”. Una “representación gremial que, en vez de premios, sancione públicamente” cuando se rompe “el protocolo periodístico”, cuando se dice que se hace periodismo de investigación y en cambio se hace “periodismo de intoxicación”.
El 11M, y sobre todo los años que siguieron a los atentados, fueron la puesta de largo de un eficaz modelo de creación y expansión de bulos en el que participaron periódicos, emisoras de radio y de televisión y partidos políticos con un único objetivo: deslegitimar el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo.