Lesmes prepara la tercera advertencia a las Cortes sobre la obligación de renovar el CGPJ

Hace ya casi seis meses, el 4 de diciembre, caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El proceso naufragó en noviembre después de que el candidato del Gobierno socialista y del PP a presidir el Supremo y el órgano de gobierno de los jueces, Manuel Marchena, diese un paso atrás después de difundirse un mensaje de whatsApp enviado a dirigentes del PP por el portavoz conservador en el Senado en el que este se jactaba de que el acuerdo iba a permitirles el control de la Sala Segunda del Supremo. Ahora, Lesmes volverá a recordar a las Cortes que tienen pendiente cumplir con esta obligación legal.

Según ha podido saber infoLibre, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ aprovechará la respuesta que ultima a las propuestas de resolución del Pleno del Congreso a la memoria de las actividades de este organismo correspondiente al ejercicio 2016 para lanzar la advertencia.

Se trata del tercer aviso que Lesmes remitirá a la Cámara sobre esta materia. El primero data de agosto de 2018; el segundo, del pasado enero, cuando el plazo ya se había cumplido.

Con fecha del 3 de agosto, Lesmes remitió sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado para trasladarles que el 4 de diciembre se cumplían los cinco años de la constitución del órgano de gobierno de los jueces y que debía iniciarse el proceso para la renovación de sus miembros.

"Adoptar las medidas necesarias"

Con este paso, el presidente del CGPJ estaba dando cumplimiento al artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que cuatro meses antes de la expiración del periodo debe remitir a los presidentes del Congreso y del Senado "los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo". El mismo artículo recoge la obligación de estos de "adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo".

La segunda llamada fue ya un toque de atención en toda regla porque el plazo había culminado. El CGPJ informó el pasado 10 de enero de que Lesmes había dirigido otras dos cartas a los mismos destinatarios para recordarles "su obligación legal de renovar el órgano de gobierno de los jueces". Sólo un día antes, el presidente del CGPJ había acudido al palacio de la Moncloa para entregar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las memorias anuales de las instituciones que están a su cargo.

"Habiendo transcurrido más de un mes desde dicha fecha [en alusión al 4 de diciembre] sin que se haya llevado a cabo por las Cámaras la designación de los nuevos vocales, creo necesario recordar que resulta legalmente obligado proceder a la renovación de este órgano en el plazo establecido por la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial", podía leerse. 

"Pronta adopción de medidas"

Lesmes concluía su carta "confiando en la pronta adopción de tales medidas".

En todos los casos, los receptores de los mensajes fueron Ana Pastor, en calidad de presidenta de la Cámara Baja y Pío García-Escudero, como presidente de la Cámara Alta. 

Ahora, tras la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral los actores han cambiado. Ambas instituciones están en manos de dirigentes socialistas: Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente. Tras la sesión constitutiva de Congreso y Senado de hace un par de semanas, la Mesa del Congreso está tomando decisiones en los últimos días sobre cuestiones relacionadas con los grupos parlamentarios, la ubicación de cada uno de ellos en el hemiciclo y la puesta en marcha de las diferentes comisiones parlamentarias. Fue el 20 de junio de 2018, hace ahora casi un año, cuando Lesmes compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de las memorias del CGPJ de 2016. Una exposición en la que aportó también algunos datos de 2017 y 2018, según advirtió en su intervención.

En las palabras que dirigió a los miembros del citado órgano parlamentario, Lesmes ya recordó que expiraba su mandato y que esa sería su última comparecencia ante la Cámara como presidente del CGPJ. Además, avanzó que en semanas iba a activarse el mecanismo para proceder a la renovación. Cerró su comparecencia señalando a sus señorías que quedaba a la espera de recibir las propuestas de resolución que consideraran oportunas y subrayando que "como siempre" desde la institución procederían a "efectuar un detallado análisis y valoración de las mismas". Esa es la respuesta que trasladará próximamente al Parlamento.

El 20 de septiembre, tres meses después de esta comparecencia de Lesmas, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó las propuestas de resolución. Los grupos parlamentarios presentaron un total de 153, de las que se aprobaron 110. Como es habitual, son trasladadas al órgano de gobierno de los jueces en forma de recomendaciones.

Por grupos parlamentarios, se aprobaron 16 del Socialista, 13 del Popular, 22 de Unidos Podemos, 19 de Ciudadanos, nueve de ERC, 28 del PNV y tres de Compromís, integrado en el Grupo Mixto.

Muchas de las propuestas de los grupos iban encaminadas a mejorar la formación y los medios que tienen a su disposición los jueces y a reducir la brecha de género.

Cosidó y el whatsApp que hizo volar el acuerdo por los aires

El 12 de noviembre saltaba la noticia. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, iba a ser el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno socialista y por el Partido Popular de Pablo Casado. El anuncio se hizo desde Presidencia del Gobierno. Todo se torció días después, cuando elespañol.com publicaba un mensaje de whatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a algunos parlamentarios de la Cámara Alta. 

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Cinco días después de que se hiciera público el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Poder Judicial, el dirigente conservador consideraba que, con el pacto alcanzado, su partido controlaría "la Sala Segunda desde detrás". Esta sala es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno.

En el mensaje, Cosidó explicaba que "el pacto previo" con el PSOE daba al PP diez vocales, mientras que el PSOE obtenía once: diez más la presidencia. "Con otras palabras", continuaba el todavía portavoz del PP, "obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional [en alusión a Manuel Marchena], un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".

Tras la difusión de estos polémicos mensajes, Marchena renunció a la presidencia del Poder Judicial. "Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcaba el magistrado en una carta que hizo pública.