Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se negaron hace un año en redondo a dictaminar sobre la legalidad del convenio suscrito en 2011 con la sociedad Madrid Trophy Promotion para la celebración del Open de Tenis.
La primera negativa se produjo el 17 de marzo de 2016; y lleva la firma de Rafael Requena, que era director jurídico de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid cuando el equipo de Ana Botella vendió 1.860 pisos públicos al fondo buitre Blackstone en una operación cuya legalidad se encuentra todavía bajo sospecha.
Pero no fue ese el único revés asestado en ese asunto por los servicios jurídicos. El 24 de noviembre de 2016, el director general de la asesoría jurídica, Ángel Luis Ortiz, rechazó la petición que esta vez le había remitido el presidente en funciones de Madrid Destino, sociedad municipal encargada de las relaciones con Madrid Trophy y a cuyo frente se encontraba entonces el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato.
El convenio de 2011 con Madrid Trophy, el último de la serie, fue firmado por Manuel Cobo, del PP, en su calidad de vicealcalde de la ciudad: es decir, en su calidad de número dos de la corporación municipal y no de ninguna de sus sociedades o fundaciones. Pero la respuesta que el letrado municipal Rafael Requena dio a la delegación de Cultura, Deportes y Turismo, solicitante del dictamen, fue que el servicio jurídico no puede “valorar cuestiones que competen al ámbito de sociedades mercantiles municipales”. ¿Por qué? Porque la legislación aplicable –alegó Requena- solo permite que el servicio jurídico asuma el asesoramiento o defensa de sociedades municipales previa suscripción de un convenio. Y no existe ningún convenio entre la abogacía municipal y la sociedad Madrid Destino, heredera de una responsabilidad –los pagos a Madrid Trophy- que durante años estuvo repartida.
Requena es un funcionario de dilatada trayectoria: en 2013 y mientras ocupaba la dirección jurídica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, desempeñó un papel clave en la tramitación administrativa que condujo a la venta de 1.860 pisos públicos al fondo buitre Blackstone. fondo buitre Aquella oscura operación, cuyas irregularidades destacó la Cámara de Cuentas de Madrid en un informe aprobado con los votos de los consejeros elegidos a propuesta del PP, se encuentra ahora pendiente de que la Audiencia de Madrid acepte o rechace la reapertura del caso penal.
En su respuesta a la Coordinación General de Cultura, Deportes y Turismo, Requena invocó a modo de jurisprudencia parte del contenido de informes previos. Lo hizo para concluir lo siguiente: “Esta asesoría no puede pronunciarse sobre cuestiones omnicomprensivas como lo son ‘todos los aspectos que puedan afectar a la legalidad del citado convenio”.
Tras esa segunda negativa, Madrid Destino encargó dos informes jurídicos externos. El segundo de ellos, elaborado por el bufete Alemany, Escalona & De Fuentes, es el que sustenta la denuncia formulada en marzo por la exconcejal de Cultura, Celia Mayer, y Sánchez Mato.
Sánchez Mato espera "no encontrar una cabeza de caballo en la cama" por denunciar tramas mafiosas
En marzo, la alcaldesa, Manuela Carmena, destituyó a Mayer como edil de Cultura. En abril, y también por decisión de Carmena, Sánchez Mato cesó como vicepresidente de Madrid Destino. El PP ha anunciado una querella contra ambos por haber encargado a dedo el dictamen externo que da soporte jurídico al escrito enviado a Anticorrupción.
La denuncia sostiene que Madrid Trophy fue incrementando sus cobros del erario municipal "de forma paulatina y subrepticia". ¿Cómo? "A través de un intrincado engranaje" de sucesivos convenios con la corporación madrileña y sociedades municipales. De los 1,5 millones anuales asignados por el consistorio a la organización del torneo de tenis se pasó en 2009 a 5,3 millones.
Beneficiaria desde 2001 de un convenio municipal que solo en los últimos cinco años le ha reportado 36 millones, Madrid Trophy Promotion SL ha tenido como accionistas únicos sucesivos a dos sociedades de los Países Bajos que conducen a sendos paraísos fiscales. La primera compañía holandesa ostentó el control de Madrid Trophy 10 años, se disolvió a los cinco meses de que Manuela Carmena lograra la Alcaldía de Madrid y encomendó su liquidación a una mercantil de Curaçao. La segunda domina Madrid Trophy desde el 2 de junio de 2015, una semana después de que el PSOE garantizase que su voto expulsaría al PP del gobierno municipal madrileño en favor de Carmena. Esa segunda sociedad es a su vez propiedad de una compañía chipriota.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid se negaron hace un año en redondo a dictaminar sobre la legalidad del convenio suscrito en 2011 con la sociedad Madrid Trophy Promotion para la celebración del Open de Tenis.