La primera norma estatal sobre el robo de bebés no consigue alzar el vuelo en el Congreso de los Diputados. Casi un año después de superar el primer filtro en la Cámara Baja con la toma en consideración, que recibió luz verde de todos los grupos parlamentarios salvo el de la extrema derecha, el texto se encuentra actualmente atascado en la Comisión de Justicia, donde ya se han ampliado más de una treintena de veces los plazos para la presentación de enmiendas. Fuentes consultadas por infoLibre señalan que parte de dicho retraso tiene que ver con algunas diferencias existentes entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, alrededor de este asunto. En concreto, apuntan esas mismas fuentes, en cuestiones como el derecho a la justicia de las víctimas o la interpretación del robo de bebés como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Mientras, los colectivos siguen esperando: "Es incomprensible que una ley con un consenso político y social tan grande esté parada".
Las asociaciones de bebés robados llevan ya casi tres años a la espera de una norma en la materia a nivel estatal. "El texto lleva listo desde enero de 2018, que es cuando se lo presentamos a los grupos políticos", cuenta Soledad Luque, presidenta de una de las organizaciones integradas en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). La norma, no obstante, no fue registrada en el Congreso por el Grupo Socialista y algunos diputados del Grupo Mixto hasta septiembre, cuando la moción de censura ya había sacado a Mariano Rajoy de la Moncloa. Unas semanas después, fue sometida a debate en el hemiciclo, donde se aceptó su toma en consideración por unanimidad. Con el primer filtro superado, se abrió el plazo para la presentación de enmiendas, que se prolongó durante algo más de un mes. Pero para cuando ese trámite ya se había superado, y la Comisión de Justicia preparaba su informe, el adelanto electoral metió la ley en un cajón.
Casi un año tuvieron que esperar los colectivos para ver cómo su texto volvía de nuevo al Congreso. Fue a finales de febrero de 2020, pocos días antes de que estallara oficialmente la crisis sanitaria en el país. A finales de junio, cuando todo el territorio ya estaba instalado en la nueva normalidad, el texto afrontó su primer debate en la Cámara Baja. "Porque hubo robos de bebés consideramos que hay que reparar a las víctimas, hay que repararlas moralmente y, en la medida de lo posible, su derecho a la entidad. Hay que conseguir que encuentren a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus hijas. Y porque hubo bebés robados en este país, somos partidarios de establecer la norma que impida que esto vuelva a ocurrir. Esto jamás puede volver a ocurrir", señaló entonces Antonio Hurtado, diputado del PSOE, uno de los grupos que prestó su firma para la tramitación del texto.
La norma superó sin problemas la toma en consideración: 296 votos a favor y 53 en contra, los correspondientes a los parlamentarios de la extrema derecha de Vox y el diputado de Foro Asturias. Se remitió entonces el texto a la Comisión de Justicia y, el pasado mes de septiembre, se abrió el plazo de enmiendas. Y justo ahí, en ese punto, se encuentra encallado. Desde hace ocho meses, la Mesa, en la que socialistas y Unidas Podemos tienen mayoría, ha ampliado el plazo para la presentación de modificaciones en 31 ocasiones. La última, el pasado miércoles. "Se está dilatando mucho en el tiempo y no sabemos cuáles pueden ser las razones", apunta la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, que explica que tanto su grupo parlamentario como algunos otros ya han registrado en la Cámara Baja sus enmiendas al texto en tramitación.
Fuentes socialistas consultadas por infoLibre explican que parte del retraso se debe a que algunos partidos manifestaron su intención de enmendar pero todavía no han registrado sus modificaciones a la norma. "No queremos que un cierre de los plazos se interprete como un intento de que no se aceptan sus enmiendas", dicen. Sin embargo, no es el único motivo. Como ha podido saber este diario, también está influyendo en la tardanza algunas discrepancias entre los dos socios de Gobierno, Unidas Podemos y PSOE, alrededor de este tema. Desde las filas socialistas reconocen la existencia de diferencias. "Hay puntos en los que estamos negociando con Podemos para que ambas partes lleguemos a un acuerdo", apuntan, al tiempo que añaden que la intención es continuar "hablando" para intentar "arrancar" la Comisión "lo antes posible".
Fricción entre PSOE y Podemos
Los morados, por su parte, admiten que "las posturas de ambos partidos están todavía alejadas" y recalcan que su posición coincide con "la de los colectivos". Otras fuentes conocedoras de las negociaciones explican que las fricciones se están produciendo, sobre todo, alrededor de tres cuestiones. La primera, tiene que ver con la vinculación directa del robo de bebés con la dictadura. "Unidas Podemos considera que van de la mano y que hay que enmarcarlo ahí justamente y el PSOE parece que quiere hablar de bebés robados como una cuestión desvinculada del franquismo", apuntan las fuentes pulsadas. Solo entre 1944 y 1954, el número de menores hijos de presas tutelados por el Estado, en la mayoría de los casos a través de centros religiosos, ascendía a 30.960, según un auto de 2008 del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Es una de las cifras que siempre se pone sobre la mesa al hablar de esta cuestión. Sin embargo, lo cierto es que las denuncias se extienden también durante los primeros compases de la democracia.
La segunda divergencia gira alrededor del derecho a la tutela judicial de las víctimas. En este sentido, el texto en tramitación establece que la Fiscalía tendrá que "ejercer de oficio o a instancia de las víctimas" todas las acciones judiciales necesarias, "en cualquier orden jurisdiccional", para la "exigencia de responsabilidades que correspondan". Además, el Ministerio de Justicia tendrá que sufragar "las exhumaciones que sean precisas para la efectividad de los derechos de las víctimas, tanto en terrenos de titularidad pública como privada" y hacerse cargo de "las pruebas de determinación de ADN u otras procedentes que sean precisas para la efectividad del derecho de las víctimas". Y cada administración censal estará obligada a facilitar "a la autoridad policial o judicial", previo requerimiento, datos informatizados sobre aquellos nacimientos y defunciones ocurridos en cada una de las provincias o distritos.
El tercer punto de fricción, exponen fuentes conocedoras de las negociaciones, tiene que ver con la calificación del robo de bebés como crimen de lesa humanidad, como siempre han exigido los colectivos. "Aquí está, sobre todo, buena parte de la discusión", reconocen las mismas fuentes. Esta es una cuestión sumamente importante. Y lo es, principalmente, porque el hecho de enmarcar este tipo de actuaciones dentro de esa clase de delito implicaría su imprescriptibilidad. Por el momento, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre esta cuestión, clave para los miles de casos de bebés robados denunciados pero que no han podido juzgarse. Sí que lo hizo, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2018 en el caso de Inés Madrigal. En aquella sentencia, que luego corrigió el Alto Tribunal, las magistradas consideraban culpable al acusado –el doctor Eduardo Vela– de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad en documento oficial, pero le absolvían porque todos llevaban prescritos desde 1987.
"Es incomprensible que esté parada"
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Mientras las dos formaciones buscan un acuerdo alrededor de estas tres cuestiones, los principales colectivos han decidido este viernes alzar la voz. Lo han hecho poniendo en marcha una campaña en redes sociales en la que exigen que se cierre de una vez por todas el trámite de enmiendas para que el texto pueda seguir el procedimiento parlamentario hasta su aprobación definitiva y urgente. "No es normal que se esté alargando tanto. Es incomprensible y muy alarmante que una ley que tiene un consenso tan grande políticamente y socialmente esté parada", critica Luque.
La portavoz de Ceaqua en este tema lleva más de una década buscando a su hermano mellizo Francisco, nacido el 25 de enero de 1965 en la Maternidad de O'Donell: "Le dijeron a mis padres que había fallecido pocas horas después de comunicarles que ya estaba listo para irse a casa. No les dejaron ver el cuerpo. Y cuando mi padre y mi hermano mayor fueron a recogerlo, le dijeron que lo habían incinerado por hacerles un favor. Ni siquiera le dieron las cenizas".
Las organizaciones comprenden que haya que presentar enmiendas. "Es lo lógico, lo normal y lo saludable", dicen. Sin embargo, piden a los grupos que no traten de alterar significativamente el texto original al ser el que "ha recabado un enorme consenso social". "Lo que no queremos es que esto se quede en una ley vaciada que al final no sirva para nada", pide la presidenta de Todos los Niños Robados Son También Mis Niños.
La primera norma estatal sobre el robo de bebés no consigue alzar el vuelo en el Congreso de los Diputados. Casi un año después de superar el primer filtro en la Cámara Baja con la toma en consideración, que recibió luz verde de todos los grupos parlamentarios salvo el de la extrema derecha, el texto se encuentra actualmente atascado en la Comisión de Justicia, donde ya se han ampliado más de una treintena de veces los plazos para la presentación de enmiendas. Fuentes consultadas por infoLibre señalan que parte de dicho retraso tiene que ver con algunas diferencias existentes entre PSOE y Unidas Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, alrededor de este asunto. En concreto, apuntan esas mismas fuentes, en cuestiones como el derecho a la justicia de las víctimas o la interpretación del robo de bebés como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Mientras, los colectivos siguen esperando: "Es incomprensible que una ley con un consenso político y social tan grande esté parada".