A la hora de dirigirse a los medios de comunicación, o más en sentido amplio a la opinión pública, el PSOE andaluz suele saber lo que se hace. Planifica y ejecuta sin dejar a la improvisación más que lo estrictamente necesario –que en política suele ser bastante, por otra parte–. Se mueve además en coordinación con la Junta de Andalucía, otra eficaz maquinaria de difusión de mensajes en las ocho provincias. Tanto el PSOE como la Junta tenían claro el guión de la pasada semana. Andalucía se iba a convertir –de hecho, se convirtió– en la primera comunidad autónoma en aprobar sus propuestos de 2018, lo cual le permitía presumir de estabilidad y deberes hechos gracias a la solidez del pacto PSOE-C's. Al mismo tiempo, tanto el partido como la institución pública alzarían la bandera blanquiverde con motivo del 40º aniversario de las grandes manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre de 1977. Orgullo del pasado y estabilidad para el futuro. Pero el guión se torció. Porque saltó el que podríamos llamar caso Durán.
El caso Durán no es un caso de corrupción. Nadie tienen que decir en él la Fiscalía ni los juzgados. Hay poco margen para una demanda. Pero haber, hay caso. El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán (PSOE), ha tenido que dar públicamente explicaciones en una tensa comparecencia ante los medios. También se ha comprometido a ofrecérselas a los grupos parlamentarios en la Mesa de la Cámara este mismo martes. Pero, ¿qué es el caso Durán? Aquí están los hechos. El Parlamento de Andalucía contrató a la empresa El Cañonazo Transmedia, con sede social en Madrid, para la realización de una campaña de difusión de vídeos en redes sociales con motivo del 40º aniversario del 4-D. Las ideas centrales eran "Orgullo andaluz" y "La voz de un pueblo". El quid reside en que en dicha empresa trabaja el sobrino del presidente Durán, Alberto Fernández, de 23 años, que aparece como militante de Juventudes Socialistas. Se ocupa, según la web de la empresa, de las tareas de "community manager" y "estrategia". La contratación se realizó a dedo. Por su cuantía –14.000 euros, según el presidente del Parlamento, que no ha mostrado el contrato– no era necesario un concurso público.
Todos los grupos de la oposición, una vez conocidos los detalles de la contratación tras desvelarlos ABC Córdoba, han criticado durante al presidente del Parlamento. La propia calidad de la campaña, dirigida fundamentalmente a los jóvenes, ha sido puesta en tela de juicio, aunque desde el Parlamento insisten en que ha sido "un éxito". También el hecho de que la realizase una empresa madrileña, tratándose precisamente de la difusión de un aniversario tan marcadamente andalucista. Pero éstos son asuntos secundarios. Lo principal era: ¿Se benefició la empresa de tener al sobrino de Durán como trabajador? ¿Benefició Durán a la empresa en la que trabaja su sobrino?
Dentro de la legalidad
Sobre la legalidad, poco hay que decir. La contratación está amparada por el método simplificado que la Ley de Contratos del Sector Público establece para las cuantías menores a 18.000 euros, como es el caso. Las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía también avalan el procedimiento seguido para este contrato, al ser su cuantía menor de 30.000 euros. La propia Secretaría General del Parlamento, en vista de la polvareda levantada, emitió un comunicado que señalaba: "La tramitación del referido expediente, en fase de ejecución, cumple las prescripciones vigentes establecidas en las Normas de Contratación del Parlamento de Andalucía aprobadas por la Mesa de la Cámara, así como las contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".
Los responsables jurídicos del Parlamento –que estaban ahí antes de llegar Durán, y seguirán ahí cuando Durán se vaya– avalan la contratación. Haber contratado a esta empresa a dedo, sin publicidad ni concurso público, no se sale del margen legal ni normativo. Pero eso no es todo lo que se dirime. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, ha llegado a pedir la dimisión de Durán. Rodríguez dijo: "Es una metáfora perfecta de los 40 años del 4 de diciembre de 1977: progreso para los que tienen el carné del PSOE en la cartera". Para Rodríguez se trata de un caso "evidente" de "nepotismo", palabra que viene de la voz latina "nepos", que significa "sobrino".
"Un mal ejemplo"
El resto de grupos, sin llegar a tanto, sí exigen explicaciones al presidente del Parlamento o incluso a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP andaluz, dijo que era "un mal ejemplo", y que "no es ético, ni estético, que el presidente del Parlamento andaluz contrate a su sobrino [en realidad a la empresa en la que trabaje su sobrino] a dedo, sin transparencia y sin información". Juan Marín (C's), socio de investidura del PSOE, se limitó a adelantar que pedirá explicaciones si hay alguna irregularidad. Antonio Maíllo (IU) anunció que pedirá explicaciones sobre una campaña y una contratación que consideró "cutres". "Se van a Madrid cuando en Andalucía hay empresas que pueden afrontar con entusiasmo y con conocimiento de causa y emocional" la materia, añadió.
La posición del PSOE ha consistido básicamente en subrayar que se trata de una contratación legal y en avalar las explicaciones de Durán. Otras veces ha habido mayor entusiasmo en la defensa de un referente institucional en apuros. Durán ha tenido que defenderse casi en solitario. El jueves se plantó ante los medios y lanzó un mensaje que podría resumirse así: 1) Es todo legal; 2) Yo sí sabía que mi sobrino trabajaba en esta empresa, pero jamás pensé que contratar a esta compañía pudiera parecerle mal a alguien; 3) Mi sobrino es un simple trabajador de la empresa, no su propietario, ni miembro de su directiva o consejo de administración, ni tampoco cobra por contrato; y 4) La campaña está funcionando bien en las redes sociales.
Una propuesta de la empresa, según el Parlamento
A preguntas de este periódico, la Presidencia del Parlamento aclara que la propuesta de realizar la campaña partió de la empresa El Cañonazo Transmedia, no al revés. Es decir, no se la ofreció –según esta versión– Durán o su equipo a la empresa. infoLibre ha solicitado al equipo de Durán el contrato con El Cañonazo Transmedia, sin éxito. La respuesta es que el presidente lo mostrará en la Mesa del Parlamento del martes. A ello se ha comprometido Durán con el resto de grupos. Éstos habían llegado a solicitar una reunión extraordinaria de dicho órgano, que finalmente no se celebrará.
Durán defendió la realización de la campaña sobre el 4-D, que consta de varios vídeos y que ha tenido un coste de unos 14.000 euros, porque está teniendo una importante acogida y repercusión en las redes sociales, "sobre todo, entre los jóvenes", con unas 210.000 visitas hasta el jueves. El presidente del Parlamento explicó que el mes pasado planteó en la Mesa de la Cámara llevar a cabo una campaña concreta sobre el 4-D en redes sociales destinada a la población más joven, dentro de un proyecto sobre el 35º aniversario del Parlamento, y que contó con el visto bueno para ello. Cuando se decidió que el contrato fuera con la empresa en la que trabaja su sobrino, no informó a la Mesa de tal extremo, como reprochan los grupos de la oposición. Durán recalcó que el expediente para la contratación se hizo con "todos los parabienes y requisitos que establecen las normas de contratación del Parlamento". "Nadie pensó desde el gabinete de comunicación del Parlamento que esto fuese relevante porque [mi sobrino] no era una persona que fuera relevante en algún aspecto ni para la contratación ni para el diseño", añadió. Finalmente, dijo la palabra clave: si la contratación es "un error", lo asume. Un "error". Ahí es donde pretende dejarlo Durán.
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¿Por qué asume la posibilidad de "un error", si todo es legal? Porque lo legal no es necesariamente ético, ni estético, como le recuerda la oposición, que se pregunta cómo se pusieron en contacto la empresa y el Parlamento. ¿Hubo igualdad de oportunidades? La Presidencia de la Cámara explica que fue la empresa la que hizo la propuesta. Durán asegura además que El Cañonazo Transmedia había dejado un dossier ofreciendo sus servicios tras grabar en la sede del Parlamento, el conocido como Hospital de las Cinco Llagas, unas entrevistas promocionales de la serie La Peste, del director andaluz Alberto Rodríguez.
Tras hacerse pública la información sobre la contratación, el propio Alejandro Fernández cargó en Twitter contra Rafael Ruiz, periodista de ABC Córdoba: "Eres una vergüenza para las nuevas generaciones que llegamos al medio. Saltarse el código deontológico periodístico es muy grave y debería ser motivo de despido". Un rato después Fernández cerró su cuenta. infoLibre intentó recabar el punto de vista de Fernández, pero no hubo respuesta.
A la hora de dirigirse a los medios de comunicación, o más en sentido amplio a la opinión pública, el PSOE andaluz suele saber lo que se hace. Planifica y ejecuta sin dejar a la improvisación más que lo estrictamente necesario –que en política suele ser bastante, por otra parte–. Se mueve además en coordinación con la Junta de Andalucía, otra eficaz maquinaria de difusión de mensajes en las ocho provincias. Tanto el PSOE como la Junta tenían claro el guión de la pasada semana. Andalucía se iba a convertir –de hecho, se convirtió– en la primera comunidad autónoma en aprobar sus propuestos de 2018, lo cual le permitía presumir de estabilidad y deberes hechos gracias a la solidez del pacto PSOE-C's. Al mismo tiempo, tanto el partido como la institución pública alzarían la bandera blanquiverde con motivo del 40º aniversario de las grandes manifestaciones autonomistas del 4 de diciembre de 1977. Orgullo del pasado y estabilidad para el futuro. Pero el guión se torció. Porque saltó el que podríamos llamar caso Durán.