El Congreso ha dado su visto bueno a la Ley de Memoria Democrática, que ha contado con 175 votos a favor, 159 votos en contra y 14 abstenciones. El texto será remitido al Senado para su aprobación definitiva en el mes de septiembre. La norma contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas y declara ilegal al régimen franquista y a sus tribunales, así como la nulidad de todas sus condenas. La ley supone un enorme avance respecto a la norma de 2007, que se quedaba exclusivamente en la "ilegitimidad" de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos.
"Hoy vivimos un día importante en esta Cámara como fue aquel 26 de diciembre de 2007 cuando se aprobó la primera ley de memoria", ha celebrado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde la tribuna. "La España del siglo XXI es una España que necesita profundizar en las políticas de Estado en favor de la verdad, de la justicia, de la reparación y la garantía de no repetición. La memoria es un derecho de la ciudadanía y es, sobre todo, un derecho de las víctimas", ha asegurado.
Un mensaje que también ha transmitido Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso y uno de los miembros del Ejecutivo que más se ha volcado para aprobar el texto. "Gracias al Gobierno de coalición garantizamos más derechos y nos comprometemos a seguir trabajando para que nunca más haya abandono a las víctimas", ha asegurado. El dirigente morado ha calificado como "una vergüenza" que los partidos de la derecha se "escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura".
La derecha se ha pronunciado con vehemencia en su oposición a esta ley, tanto que PP y Vox se han comprometido a derogarla si llegan a la Moncloa. Una batalla contra la memoria histórica que siempre ha estado incrustada en el ADN de la derecha española. Hace más de una década, cuando el espectro conservador sólo estaba representado por un único partido a nivel nacional en el Congreso, el PP no tuvo ningún reparo en cargar contra la normativa memorialista de José Luis Rodríguez Zapatero aseverando que era “perjudicial para la convivencia nacional”.
Los portavoces de la derecha —desde el tránsfuga de UPN pasando por Foro Asturias, Ciudadanos Vox y PP— han dedicado más tiempo de sus intervenciones a hablar sobre la banda terrorista ETA que a analizar sus motivos del rechazo a la ley. "Hoy el PSOE le deja a Bildu que escriba el relato", ha señalado Carlos Adanero (ex UPN). "Todavía no son conscientes de lo que han hecho. Han traicionado al pasado, a propios y a ajenos, y al legado de su partido. España no paga traidores", ha inquirido, por su parte, Guillermo Díaz (Ciudadanos). Desprecia las memorias de las víctimas pactando esta ignominiosa ley, que a partir de ahora llamaremos ley Bildu o ley de la memoria totalitaria", ha manifestado Jaime Miguel Mateu, diputado del PP.
Vox justifica el asesinato de Puig Antich y el PP reúne a asociaciones de víctimas
Con la entrada del partido ultra Vox en las instituciones, las embestidas de la derecha se han endurecido. Los ultras han vuelto a defender este jueves que la historia es subjetiva por lo que, a juicio de su diputado Francisco José Contreras, el régimen franquista se caracterizó por ser un periodo de "paz y prosperidad". "Ya tuvo lugar una verdadera reconciliación, preparada con gestos de concordia décadas atrás. Por ejemplo, el enfoque que dio el régimen de Franco a la celebración de los 25 años de paz en 1964. Fue un enfoque no sectario", afirmó. Sus declaraciones van en la línea de otras de las frases de la formación de extrema derecha como que "no tiene sentido" condenar el franquismo porque "somos herederos de nuestra historia".
Contreras también ha justificado desde la tribuna el asesinato del anarquista Salvador Puig Antich, asegurando que el régimen de Francisco Franco lo ejecutó —con la técnica del garrote vil— porque mató a un policía Francisco Anguas, aunque lo cierto es que su "juicio" estuvo repleto de irregularidades. Su caso fue juzgado en un consejo de guerra franquista en el que no quedaron probados en modo alguno los hechos acusatorios. Tras esas palabras de Contreras, los diputados de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos han abandonado el hemiciclo.
Por su parte, en respuesta a la aprobación de la ley, el presidente de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una reunión con una veintena de asociaciones de víctimas del terrorismo a puerta cerrada. Un acto que no ha contado con la presencia de Covite, la asociación más relevante de víctimas en País Vasco y cuya presidenta es Consuelo Ordoñez, hermana de Gregorio Ordoñez, concejal del PP asesinado por ETA hace 27 años. Ordoñez ha denunciado las "formas" en que fueron convocados a la reunión, sólo con dos días de antelación.
Tampoco ha asistido la Fundación Víctimas del Terrorismo, presidida por Tomás Caballero, hijo del edil de UPN del mismo nombre en Pamplona, asesinado también por ETA, pese a que Feijóo había presumido en una entrevista en Telecinco de que iban a ir "todas las asociaciones de víctimas". Para el exlehendakari socialista Patxi López, Feijóo trata de "instrumentalizar" y "manipular" a las víctimas del terrorismo para atacar al Gobierno. López ha afeado a los 'populares' que traten de enfrentar a las víctimas del terrorismo con las de la dictadura y ha enfatizado que nada tiene que ver la Ley de Memoria con los asesinados por ETA.
Los socios parlamentarios celebran la ley pero piden ir más allá
Los aliados parlamentarios del Gobierno han celebrado la aprobación de la normativa, si bien han indicado que todavía queda camino por recorrer. "Hoy damos un paso más para devolver a miles de víctimas del franquismo y sus familias una parte de la justicia y reparación que se merecen y llevan décadas esperando. Ha sido un camino largo, lleno de dificultades y obstáculos hasta llegar aquí", ha señalado la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, cuya formación ha sido clave para aprobar la ley.
Para Mikel Legarda, diputado del PNV, "este proyecto de ley es un texto necesario y no revanchista que permite una mejor reparación de las víctimas y sus familias". Es más, Legarda se ha preguntado si, tal y como planteaban las derechas, es revanchismo "permitir que la gente sepa dónde están sus familiares o si se han vulnerado derechos fundamentales durante el franquismo".
La ley de memoria democrática también apunta contra el Ibex aunque sin dar nombres
El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha interpelado también a las derechas al asegurar que esta "no es una ley ni una discusión de las víctimas de ETA": "No la instrumentalicen", ha demandado. "Es una ley sobre las víctimas de la dictadura. Ese dolor sucede hoy y gracias a esta ley podrán acceder a los archivos y se anularán las sentencias de los tribunales ilegales de la represión", ha celebrado.
"Es un buen punto de partido y un buen resultado el que se ha hecho con esta iniciativa parlamentaria", ha asegurado, por su parte, el diputado Sergi Miquel (PdeCat) que ha confirmado el voto afirmativo de los cuatro diputados de su grupo, una posición que contrasta con el 'no' de Junts, que considera que "esta ley habla de justicia pero no va a juzgar a nadie y muchos continuarán impunes", en palabras de Josep Pagès.
Otras formaciones como Esquerra Republicana y el BNG han celebrado algunos aspectos de la norma y criticado otros, por lo que se han decantado por una abstención. La republicana Carolina Telechea ha señalado que las aportaciones de su grupo han contribuido a mejorar el proyecto, pero ha lamentado que la norma queda "muy lejos de la reparación justa a la víctimas y del reconocimiento de lo que fue una ignominia" y consagra la "impunidad de los verdugos". Al igual que Néstor Rego: "Reconocemos algunos avances que hay en esta ley pero hace falta una cuestión básica: derogar parte de la Ley de Amnistía", ha manifestado.
El Congreso ha dado su visto bueno a la Ley de Memoria Democrática, que ha contado con 175 votos a favor, 159 votos en contra y 14 abstenciones. El texto será remitido al Senado para su aprobación definitiva en el mes de septiembre. La norma contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas y declara ilegal al régimen franquista y a sus tribunales, así como la nulidad de todas sus condenas. La ley supone un enorme avance respecto a la norma de 2007, que se quedaba exclusivamente en la "ilegitimidad" de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos.