Este miércoles se cumplen tres años desde que las dos principales ciudades de España, Madrid y Barcelona, cambiaron sus alcaldes conservadores por dos regidoras progresistas: Manuela Carmena y Ada Colau. Ambas se estrenaban en un cargo público encabezando sendas candidaturas –Ahora Madrid y Barcelona en Comú– apoyadas por Podemos, y ambas tendrán que encarar el último año de una legislatura en la que han puesto en marcha algunos de sus objetivos, pero en la que también se han visto perjudicadas por los problemas internos de su formación, en el caso de Carmena, o la fragilidad de su mayoría en el ayuntamiento, en el de Colau.
Tanto Colau como Carmena llegaron a sus ayuntamientos prometiendo cambios estructurales y medidas drásticas contra realidades como los desahucios. No obstante, tres años después tanto ese problema como otros siguen estando presentes, si bien ambos consistorios han puesto en marcha su maquinaria para comenzar a resolverlos. Buena prueba de ello son las cifras de gasto social en porcentaje del presupuesto, de las que tanto Madrid como Barcelona presumen: la corporación madrileña asegura que el año pasado invirtió en esta materia un 33% que en 2014, mientras la barcelonesa sostiene que es la que tiene "mayor inversión social de todo el Estado" con un 45% del presupuesto destinado a estas partidas.
Ayuntamiento de Madrid
No es el único dato que resaltan las fuentes del Ayuntamiento de Madrid consultadas. En estos tres primeros años de legislatura, Carmena ha logrado reducir sensiblemente la que era la deuda municipal más alta de España, en términos absolutos: a 31 de diciembre de 2017, el consistorio madrileño debía 3.424 millones de euros, un 42% menos que los 6.533 millones que adeudaba en 2014. Asimismo, el ayuntamiento tuvo en 2017 un superávit de 1.057 millones de euros, y fuentes de la corporación presumen de que organismos como la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han amortizado el total de la deuda que mantenían con entidades financieras.
Sin embargo, no todo ha sido tan positivo en el plano económico en los tres primeros años del mandato de Carmena. El pulso que mantuvo el ayuntamiento de Madrid con el Ministerio de Hacienda dirigido hasta hace unos días por Cristóbal Montoro provocó la intervención de las cuentas del consistorio en noviembre del año pasado al entender que su presupuesto vulneraba la regla de gasto. Y eso obligó a Carmena a rectificar y aprobar un mes después un Plan Económico y Financiero con recortes de decenas de millones de euros.
Esa rectificación, además, se llevó por delante al hasta entonces concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que se negó a apoyar el recorte. Y su destitución provocó una fuerte crisis interna en una Ahora Madrid que, desde el inicio de la legislatura, ha vivido una relación tormentosa por la oposición de los sectores más a la izquierda a algunas de las políticas seguidas por Carmena. Seis de los 20 ediles del grupo (los de IU y Ganemos) no acudieron a la votación del Plan Económico y Financiero, y otros tres manifestaron su disconformidad con la destitución de Sánchez Mato.
No ha sido la única vez que el grupo se ha partido: el desbloqueo, tras 25 años, de la polémica operación Chamartín el pasado abril volvió a suscitar las críticas de IU y Ganemos, que criticaron que el proyecto se aleja –a su juicio– del modelo de ciudad de Ahora Madrid y fomenta el desequilibrio entre las zonas ricas y pobres de la ciudad. Y un mes antes, en marzo, la muerte del mantero Mame Mbaye provocó otro incendio interno a causa de las críticas de la edil Rommy Arce a las "persecuciones" que, a su juicio, realiza la policía municipal contra los inmigrantes en situación irregular.
Inversiones en vivienda o medio ambiente
El ayuntamiento, no obstante, pone la lupa en los avances llevados a cabo durante el actual mandato, y uno de los ejemplos a los que se refieren las fuentes consultadas es la política de vivienda. "Cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos con que había sólo 6.000 viviendas públicas, porque el PP había vendido, de una u otra forma, otras 25.000", explican fuentes del consistorio, que señalan que, desde que Carmena se hizo con las riendas del ayuntamiento, se han comenzado a construir 2.200 viviendas públicas.
La corporación no facilita cifras sobre el número de desahucios que se siguen produciendo en Madrid, aunque resalta que la policía municipal ya no participa en los desalojos e insiste en que se están poniendo en marcha políticas de vivienda pública. "Se han adjudicado otras 2.200 viviendas que estaban vacías y que previsiblemente iban a ser vendidas, y antes de que acabe la legislatura nos gustaría que se hubiera iniciado la construcción de un total de 4.000 viviendas", apuntan estas fuentes, que lamentan que Madrid tenga uno de los parques públicos de vivienda "más pequeños" de las capitales europeas y recuerdan igualmente que se ha pagado toda la deuda que tenía la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo con los bancos.
Otro de los asuntos estrella durante los tres primeros años de legislatura en Madrid ha sido el plan puesto en marcha por el ayuntamiento contra la contaminación, un protocolo que fue muy polémico cuando fue aplicado por primera vez al incluir restricciones a la circulación de vehículos. "Cuando llegamos a Madrid nos encontramos con una ciudad donde el coche era el rey absoluto y la contaminación un grave problema ignorado, cuando no tapado, por el gobierno", denuncian fuentes municipales. Y, para revertir la situación, el consistorio está aplicando progresivamente el que han llamado Plan A, un conjunto de medidas que incluye el cierre de la almendra central de la ciudad al tráfico de paso, la ampliación de las aceras de la Gran Vía o la renovación y ampliación del transporte público y las bicicletas de alquiler.
Ayuntamiento de Barcelona
Por su parte, el ayuntamiento de Barcelona no ha tenido problemas con Montoro, pero eso no significa que haya sido fácil para Colau aprobar sus presupuestos. Los de 2018 salieron adelante el pasado mes de marzo después de que la alcaldesa se viera obligada a presentar una moción de confianza para sacarlos adelante si la oposición, como así ocurrió, no lograba forjar una mayoría alternativa en torno a un candidato que la sustituyera como alcaldesa. Y no fue la primera vez: en 2017 ya tuvo que poner su cargo en el alambre para sacar adelante las cuentas.
La imposibilidad de sacar adelante las cuentas sin recurrir a mecanismos excepcionales reflejan la fragilidad en la que vive una Colau cuyo grupo municipal únicamente está formado por 11 de los 41 ediles que forman el ayuntamiento de Barcelona. La soledad de la alcaldesa se ha visto acentuada, además, desde que el pasado noviembre las bases de Barcelona en Comú decidieran romper el pacto de gobierno que mantenía Colau con el PSC desde 2016, una ruptura que no deseaba la regidora y que se produjo a raíz del apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Y es que la crisis territorial en Cataluña ha influido en una importante cantidad de las posiciones adoptadas por el consistorio barcelonés en los últimos meses. Colau siempre ha tratado de mantener una complicada posición intermedia entre el bloque unionista conformado por PP, Ciudadanos y PSC y el secesionista de PDeCAT, ERC y la CUP, y buen ejemplo de ello fue el acuerdo que alcanzó con la Generalitat para facilitar en Barcelona la votación del 1-O sin comprometer al Ayuntamiento ni a los funcionarios –esto es, sin ceder locales ni personal municipal– y considerando la consulta como una "movilización política" y no como "un referéndum vinculante".
En este sentido, este mismo lunes, Colau volvió a asegurar que no es independentista, pero exigió al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda cuanto antes al traslado de los políticos catalanes encarceladosa prisiones de la comunidad y "que no diga que no está en sus manos" porque es una medida que "sí lo está" y que, a su juicio, es urgente. "Hay unas personas que son líderes políticos, con los que se puede discrepar mucho, pero que no han cometido actos de violencia y se encuentran en prisión. Es una anomalía", afirmó Colau. Y sostuvo que ese es el motivo por el cual la fachada del ayuntamiento de Barcelona luce un lazo amarillo, una decisión que ha generado una fuerte polémica.
Políticas de vivienda y energía
No obstante, la regidora siempre ha tratado de poner el foco sobre su agenda social, y las fuentes consultadas llaman la atención sobre algunas de las medidas puestas en marcha por el consistorio barcelonés. Es el caso, por ejemplo, de los "más de 5.800 cortes de suministros" básicos –agua, luz y gas– a familias vulnerables que el equipo de Colau asegura que se han evitado desde 2016.
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En este sentido, fuentes del ayuntamiento aseguran que el número de personas atendidas por los servicios sociales ha crecido un 10% desde 2015, mientras que "ha disminuido en un 24,8% el tiempo de espera" y se ha pasado "de 597 profesionales de servicios sociales básicos a los 699 profesionales previstos para finales de 2018". Y, además, el consistorio ha fundado la comercializadora pública de electricidad Barcelona Energía, que comenzará a operar a partir de enero del año que viene y que distribuirá energía procedente de fuentes renovables.
Los desahucios y la política de vivienda han sido otros de los temas estrella de los tres primeros años de legislatura de Colau, que precisamente se dio a conocer por su activismo al frente de la PAH. Y lo cierto es que en Barcelona se sigue desahuciando y que, además, la ciudad está sufriendo una grave burbuja en los precios del alquiler, si bien el consistorio ha puesto en marcha medidas para tratar de corregir esta situación. Una de las primeras medidas tomadas por Colau fue la creación de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), una agencia pública para asesorar a las familias en riesgo de desalojo que, según los datos del ayuntamiento, atendió en 2017 a 2.351 familias. El consistorio sostiene que "el número de procesos de desahucio ha disminuido en un 22%" desde 2015.
Además, el ayuntamiento afirma que "entre 2016 y 2017 se han finalizado 13 promociones" de vivienda pública, lo que ha supuesto que el parque de vivienda barcelonés haya crecido en 721 nuevas residencias protegidas. "En total, para los cuatro años de mandato, se prevén 1.869 nuevas viviendas", señalan fuentes del consistorio, que aseguran, igualmente, que para luchar contra los alojamientos turísticos ilegales –una de las causas del aumento descontrolado del precio del alquiler– se han abierto "3.473 expedientes sancionadores".
Este miércoles se cumplen tres años desde que las dos principales ciudades de España, Madrid y Barcelona, cambiaron sus alcaldes conservadores por dos regidoras progresistas: Manuela Carmena y Ada Colau. Ambas se estrenaban en un cargo público encabezando sendas candidaturas –Ahora Madrid y Barcelona en Comú– apoyadas por Podemos, y ambas tendrán que encarar el último año de una legislatura en la que han puesto en marcha algunos de sus objetivos, pero en la que también se han visto perjudicadas por los problemas internos de su formación, en el caso de Carmena, o la fragilidad de su mayoría en el ayuntamiento, en el de Colau.