Unidas Podemos pide estar "alerta" ante la posibilidad de que la derecha no reconozca resultados electorales en España

El Consejo General de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha prohibido durante seis meses a partir del 1 de febrero los patinetes eléctricos en el transporte público, después de una reunión a raíz de que uno de ellos explotara en un vagón de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) el 17 de noviembre.

Así pues, en un comunicado este martes, han explicado que a partir de febrero los operadores de transporte público y las administraciones titulares de sus servicios informarán por todos sus canales de la prohibición temporal de acceder con patinete o monociclo eléctrico -tampoco si está plegado- en sus instalaciones y vehículos.

Durante estos seis meses se elaborará una propuesta de regulación sobre el acceso y seguridad de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, y se impulsará la habilitación de plazas de aparcamiento de patinetes en las estaciones ferroviarias e intercambiadores de autobús.

Asimismo, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ya ha anunciado la adaptación de los Bicibox para los patinetes eléctricos y se promocionará que los aparcamientos de enlace ofrezcan esta prestación.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso Enrique Santiago ha llamado este martes a estar "alerta" ante la posibilidad de que la derecha "tenga la tentación" de no reconocer futuros resultados electorales en España, que este año afronta comicios municipales, autonómicos y generales.

Así lo ha dicho en una concentración de repulsa ante el intento de golpe de Estado vivido en Brasil y de apoyo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ha tenido lugar frente al Congreso de los Diputados y a la que ha asistido también la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto.

Santiago espera que en España "no ocurra nunca" algo similar a lo acontecido este domingo en Brasilia o hace dos años con el asalto al Capitolio estadounidense, pero ha resaltado que estos episodios eran "un resultado anunciado" que, a su juicio, responde a la "misma estrategia" que la derecha española desplegó hace tres años para "deslegitimar" al Gobierno de coalición" de PSOE y Unidas Podemos.

La Policía Federal de Brasil ha puesto en libertad este martes a cerca de 600 personas -madres de niños pequeños, mayores de más de 65 años y otras con enfermedades- acusadas de participar en los actos antidemocráticos del domingo.

Todos ellos habían sido detenidos tras ser desalojados del campamento que por más de dos meses estuvo instalado a las puertas del cuartel general del Ejército, en Brasilia, desde donde los acólitos de Jair Bolsonaro reclamaron durante todo ese tiempo un golpe de Estado y el domingo acudieron a la plaza de los Tres Poderes donde perpetraron el asalto a la democracia que tanto habían estado reclamando.

Más de 1.200 personas fueron subidas a medio centenar de autobuses para que desalojaran dicho campamento después de la orden dada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien decretó la prisión provisional de todos ellos.

Ahora, la Policía Federal ha puesto en libertad a cerca de la mitad de los detenidos amparándose en razones humanitarias tras haber sido interrogados. El resto de quienes no encajan en los criterios de edad y enfermedades han sido llevados primero a dependencias médicas para luego ser trasladados a la cárcel.

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha asegurado que despedirá al exdirigente del PNV de Álava Alfredo De Miguel de la sociedad pública Hazi cuando reciba la notificación oficial de su condena por corrupción.

También procederá al despido del exmiembro de la Ejecutiva del PNV de Álava Koldo Otxandiano, en la actualidad trabajador del Parque Tecnológico de Álava y también condenado por el Tribunal Supremo en la misma sentencia hecha pública este martes.

En su resolución, el Tribunal Supremo (TS) ha rebajado ligeramente la condena impuesta al exintegrante del PNV Alfredo de Miguel en el mayor proceso por corrupción de la historia de País Vasco, aunque ha confirmado el grueso de las condenas impuestas a otros acusados y mantiene el cumplimiento efectivo de las penas de prisión que dictó en 2019 la Audiencia Provincial de Álava.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este martes que el Gobierno asume que "si se siguen produciendo" los datos que en materia de violencia de género se están contabilizando es porque "algo está fallando" y ha apuntado que es "obligación de los poderes públicos revisar" los protocolos al respecto y "trabajar para dar una respuesta adecuada" a las mujeres.

Preguntada por las medidas que va a plantear el Ejecutivo ante el repunte de asesinatos machistas registrado en diciembre y en la primera semana del año, Rodríguez ha recordado que Interior se ha reunido este martes con las fuerzas de seguridad del Estado y las policías territoriales para analizar qué es lo que ha ocurrido en 2022 en esta materia y, especialmente, en aquellos casos que había denuncia o advertencia previa.

En este sentido, y aunque ha destacado el sistema de protección español a las víctimas de esta lacra como "pionero", sí ha señalado la necesidad de revisar protocolos o de aprovechar los sistemas de Inteligencia Artificial o alertas "para modernizar sistemas".

Los salarios pactados en convenio subieron un 2,78% hasta diciembre de 2022, cifra superior al dato acumulado de noviembre (2,69%), pero tres puntos inferior al último IPC adelantado, cuya tasa interanual se moderó en diciembre hasta el 5,8%, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A falta de revisiones posteriores por la inclusión de cláusulas de garantía salarial, este incremento salarial es menor que la subida del 3,6% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022 y está algo más en línea con las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral.

Este AENC no se pudo renovar en 2022 ante las diferencias existentes en torno a la cláusula de revisión salarial, irrenunciable para los sindicatos e inaceptable para los empresarios ante los elevados niveles de inflación.

La mayor parte de los convenios registrados en 2022 en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tuvieran efectos en aquel año.

En concreto, en 2022 se registraron un total de 3.084 convenios colectivos con efectos económicos para dicho ejercicio, de los que sólo 880 se firmaron ese año, con una subida salarial media del 3,24%. El resto, 2.204, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio inferior, del 2,60%.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha lamentado este martes desde el hospital de Orlando en el que se encuentra internado por dolores abdominales derivados de un apuñalamiento en 2018, que no haya tenido "días tranquilos" desde que está en Estados Unidos, haciendo referencia a sus dolores abdominales y, sin citar, al "episodio lamentable" que protagonizaron sus seguidores el domingo.

"Este es ya mi tercer ingreso por obstrucción intestinal grave. Vine a pasar un tiempo fuera con la familia, pero no he tenido días tranquilos. Primero, hubo ese lamentable episodio en Brasil y después mi ingreso en el hospital", ha lamentado.

Bolsonaro ha explicado que si bien la intención inicial era permanece en Estados Unidos hasta finales de enero, los problemas de salud que han forzado su ingreso en un hospital de Orlando han provocado que adelante su vuelta a Brasil, en plena crisis política por los actos antidemocráticos protagonizados por sus seguidores.

"En Brasil los médicos ya saben de mi problema de obstrucción intestinal debido a la apuñalada. Aquí los médicos no harán seguimiento", ha contado Bolsonaro en declaraciones para la cadena CNN, de las que se ha hecho eco el diario 'O Globo'.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cree que puede haber repuntes en los precios en este mes de enero al eliminar la bonificación generalizada a los carburantes, aunque ha asegurado que a lo largo de 2023 España va a continuar en esa tendencia de moderación de la inflación que se ha venido registrando estos meses atrás.

"Cabe esperar que haya un cierto freno en este proceso de bajada, pero todo apunta que en este año vamos a seguir con esa tendencia a la moderación de la inflación", ha señalado la responsable económica del Gobierno durante su intervención en la VII Conferencia de Embajadores de España, celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

El control de la escalada de precios ha sido, según la vicepresidenta, el principal reto para España en el pasado 2022, pero gracias a los paquetes de medidas aprobados y a la contención de los costes energéticos en los mercados internacionales, la inflación se moderó cinco puntos en cinco meses. "España en noviembre y en diciembre se situó con la inflación más baja de toda la Unión Europea y de toda la zona euro", ha destacado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la tasa de paro en España es "infinitamente inferior" a la media registrada durante los años de expansión económica, a pesar de que el país, con una tasa del 12,4%, lidera el desempleo en la eurozona, según Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

Díaz ha admitido que España tiene "un gravísimo problema de paro estructural y un gravísimo problema de paro estructural juvenil", arrastrado durante toda la democracia, aunque se está corrigiendo con "políticas públicas diferentes".

"Estamos reduciendo la tasa de paro globalmente en España y reduciendo en los jóvenes. Estamos cambiando la tendencia de más de 40 y tantos años de democracia en España. Queda muchísimo por hacer. Mientras tengamos a una persona en paro, no vamos a dejar de trabajar para mejorar estos datos", ha dicho la ministra de Trabajo, preguntada por los datos del Eurostat, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El paro de la eurozona se mantuvo estable en noviembre respecto del mes anterior en el mínimo histórico del 6,5%, con España a la cabeza del desempleo, con una tasa del 12,4%.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Estatuto del Artista. Gracias a él los trabajadores culturales intermitentes tendrán prestación de paro. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reconocido que este sector sufre “enormes dificultades” debido a la irregularidad de sus empleos y de sus ingresos, por lo que es clave la aprobación de este estatuto. "No se trata de abaratar los costes laborales, se trata de mejorar la empleabilidad en colectivos que sabemos de antemano que tienen enormes dificultades para acceder a ello", ha asegurado.

Además de disfrutar del paro, el estatuto rebaja a la mitad los requisitos de días cotizados para que puedan acceder al subsidio. "Aquellas personas autónomas que tengan bajos ingresos (3.000€) pues tendrán un régimen de cotizaciones también absolutamente dúctil y flexible", ha apuntado. La vicepresidenta segunda también ha anunciado la creación de dos comisiones: una para el estudio de las enfermedades profesionales del sector cultural y otra para el estudio "profundo" de la intermitencia en las relaciones laborales, con el objetivo de estudiar el efecto de estas medidas.

La medida cambia el régimen ordinario de protección social, y según Yolanda Díaz, los beneficiarios podrán acceder a un sistema de cotización "dúctil" con 60 días de cotización en un plazo de 18 meses para una prestación de desempleo por un total de 120 días o elegir el sistema de desempleo que minora las necesidades de cotizaciones a 180 días en un plazo de seis años. "En estos supuestos, las personas tendrán derecho a una prestación que en función de las cotizaciones podrá ser del 80 o el 100% del IPREM", ha señalado.