Menos macrorresidencias y más atención a domicilio: así es el plan para que este sea también 'un país para viejos'

Llevar a cabo una "revolución". Eso es lo que quiere Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que este lunes anunció que su Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad es ya inminente. Será aprobada por el Consejo de Ministros previsiblemente en junio. Y apostará, prioritariamente, por potenciar que las personas mayores puedan vivir en sus casas de manera digna. Con una red de atención a domicilio más amplia. Con mejores servicios de teleasistencia. Y con más plazas en centros de día.

Así lo explican desde su departamento, desde el que añaden que, de manera paralela, se trabajará para que las residencias de mayores se focalicen en la atención a la persona, en línea con el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) aprobado en 2022. Pero, no obstante, lo principal es lo primero. "Durante muchos años en España se ha pensado que incrementar las políticas de dependencia significaba construir residencias más grandes, pero cuando se le pregunta a la gente, el 90% de las personas quieren envejecer en su pueblo, en su barrio, en su ciudad", señaló el propio Bustinduy en la Cadena Ser.

La Ley de Dependencia aprobada en el año 2006 iba de hecho en esa línea. En su artículo 13, la norma recoge que el primer objetivo de las prestaciones pasa por "facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible". Sin embargo, según señala el ministro de Derechos Sociales, se ha apostado en cambio por una institucionalización de la dependencia. En otras palabras: por fomentar en demasiados casos el ingreso en un geriátrico. Y muchas veces, en uno con más de 200 plazas, un modelo que durante la crisis del coronavirus se demostró fallido. Fue allí, señaló un estudio publicado en la revista científica Epidemiología, donde la mortalidad por covid llegó incluso a duplicarse.

Los datos indican no obstante que este tipo de centros aglutinan hasta el 38% de las plazas en centros de mayores que existen en nuestro país. Por eso el objetivo es justo el contrario: desinstitucionalizar los cuidados a los mayores. "Lo que se pretende es acabar con el modelo de las macrorresidencias y apostar por los cuidados en proximidad, reforzando la atención a domicilio, la teleasistencia y los centros de día", concretan fuentes del departamento de Bustinduy. Eso no significa en cambio que haya que acabar con los geriátricos, sino que hay que repensarlos. "Tienen que ser éstos los que se adapten a los mayores, no al revés", señala Sara Moreno, profesora de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona.

España tampoco está sola en esto. Y así lo recoge el informe El efecto de las transiciones demográfica, climática y digital en la desigualdad territorial presentado hace una semana por la Fundación Alternativas y del que es coautora, precisamente, Moreno. "Existe un amplio consenso a nivel europeo sobre la necesidad de impulsar modelos de cuidados que favorezcan la permanencia de las personas en su entorno domiciliar y comunitario, reduciendo la cobertura e intensidad de los cuidados institucionalizados en centros residenciales", afirma el documento.

Muestra de ello es la Estrategia Europea de Cuidados para cuidadores y receptores de cuidados, trasladada a España en 2023 mediante la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización para una Buena Vida en Comunidad, una primera hoja de ruta que ahora Bustinduy pretende concretar en un documento específico. Lo hará además con el apoyo firme de la población española, según se demostró a través de una encuesta realizada a 2.505 personas, entre las que ocho de cada diez consideran que las personas que residen en centros o instituciones asistenciales están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad.

Atención a domicilio, teleasistencia y centros de día

Pero vayamos a las cifras. ¿En qué punto se encuentran los recursos que ofrece la Ley de Dependencia más allá de los centros residenciales? Los datos los recoge el Imserso y los últimos ofrecen una panorámica a 31 de diciembre de 2022. En concreto, el servicio de teleasistencia atiende a 988.623 personas, un 10,2% de los mayores de 65 años. De ellas, el 75% son mujeres. Por su parte, 534.321 personas reciben servicio de ayuda a domicilio, lo que supone que esta prestación tan sólo alcanza al 5,52% de quienes han cumplido ya los 65. En este caso, las mujeres representan un 71,9% del total de las beneficiarias. Los centros de día, por último, ofrecen atención a 66.421 personas en 105.447 plazas. En este caso, ellas son el 68,7% de los usuarios.

Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se trata de números completamente insuficientes. Así lo denunció el pasado mes de febrero, cuando la organización lamentó además que la media de tiempo en atención y cuidados sólo alcanza las 20,2 horas mensuales, una cifra que resulta dos décimas menos que en 2019. "Estos datos tan limitados y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años hacen inviable avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres", señaló la organización.

Profesionalización y dignificación del trabajo

Porque ese es el modelo de cuidados actual. Según los últimos datos recogidos por el Imserso, la mayoría de prestaciones de la Ley de Dependencia están orientadas a cubrir los gastos de los familiares que cuidan. En concreto, el 29,2%. Un dato que a juicio de Moreno muestra uno de los motivos por los que la norma aprobada en 2006 no ha tenido una buena aplicación. En concreto, la experta recuerda que otro de los objetivos de la Ley era profesionalizar los cuidados, algo difícil de conseguir si quienes siguen realizando estas labores son las —porque la mayoría son mujeres— familiares de los mayores. "Hacer una ley no implica cambiar la realidad. Hay que trabajar en los marcos normativos, claro, pero eso no implica que no haya obstáculos socioculturales difíciles de derribar", subraya.

En este sentido, desde el Ministerio de Derechos Sociales apuntan a que la estrategia del nuevo modelo de cuidados, además de esa desinstitucionalización, pretende mejorar las condicionales laborales de las trabajadoras del sector de la dependencia. Según sus propios datos, más del 80% son mujeres y más del 40% son, además, migrantes. Por otro lado, las que realizan su labor en residencias cobran un 41% menos que el salario medio de nuestro país y las que lo hacen en domicilios hasta un 59% menos.

Las macrorresidencias suman el 38% de las plazas de mayores, un modelo que se demostró letal en el covid

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Pero la precariedad va más allá. Según denuncia el responsable de Negociación Colectiva Privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Jesús Cabrera, los contratos a tiempo parcial de las cuidadoras a domicilio suponen más del 70% del total y las plantillas dentro de los geriátricos son totalmente insuficientes. Por ello reclama más fondos. "España destina un 0,9% de su PIB a dependencia y la media europea se encuentra en un 1,5%", detalla.

El origen está en la crisis económica de 2008, el segundo factor, a juicio de Moreno, que ha contribuido a que la aplicación de la norma no sea efectiva. En tan sólo cuatro años, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy recortó hasta 2.000 millones de euros la financiación a la dependencia, una cifra que el Gobierno se propuso recuperar mediante el plan de choque aprobado en 2021 que contemplaba más de 600 millones de euros. Sin embargo, y según denunciaron los directores y gerentes de Servicios Sociales y lamenta también Cabrera, esa circunstancia fue "aprovechada" por algunas comunidades para rebajar su aportación —que, en teoría, debería de estar equilibrada con la proveniente del Estado. En concreto fueron Cataluña, Andalucía, Comunitat Valenciana, Madrid, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia.

Ahora, el Ministerio de Bustinduy transferirá fondos europeos a las autonomías para aplicar esta nueva estrategia, financiada también en parte por el propio Gobierno, que inyectará presupuesto a distintos proyectos de innovación.