El Ayuntamiento de Madrid adjudicó la compra de mascarillas y test de antígenos que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto cobro de comisiones millonarias a un precio mucho mayor al que pagaron el resto de grandes ciudades españolas en los momentos más duros de la pandemia. El coste unitario de los tapabocas que fueron comprados a una compañía de Malasia ascendió a 6,23 euros, cuando por aquellas mismas fechas las principales urbes estaban adquiriendo modelos FFFP2 y KN95 nunca por encima de los 4 euros. Las pruebas de anticuerpos, por su parte, se adquirieron a 15,73 euros la unidad, frente a los nunca más de 10,90 euros que estaban abonando el resto durante la primera ola de la pandemia. Es decir, que en el primer caso la capital pagó al menos un 56% más caras las mascarillas y un 44,3% más caros los test que las principales ciudades españolas.
Desde finales de 2020, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra investigando las comisiones millonarias supuestamente obtenidas por dos empresarios –Luis Medina Abascal y Alberto Luceño Cerón– que habrían intermediado en la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid, según ha desvelado elDiario.es. Las adjudicaciones, que han puesto al Ministerio Público tras la pista de seis millones de euros, fueron realizadas a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. "Por aquel entonces, una de las exigencias en estas compras era el pago de una parte por anticipado, y el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer esto. Por eso, se recurrió a la empresa pública como instrumento para poder realizar compras de material sanitario durante el estado de alarma", explican fuentes del consejo de administración de la funeraria municipal.
Las adjudicaciones bajo la lupa del Ministerio Público fueron a parar a Leno SDN BHD, una firma afincada en Malasia, según consta en las diferentes facturas proforma –el borrador de las definitivas– a las que ha tenido acceso este diario. En total, los tres lotes estaban valorados en 14,79 millones de euros, tal y como se refleja en la relación de contratos de emergencia de la funeraria pública. Todos ellos son de la última semana de marzo. El primero, por 6,23 millones de euros, para la adquisición de mascarillas. El segundo, por 3,93 millones, para la compra de pruebas de autodiagnóstico. Y el último, por 4,62 millones, para hacerse con guantes de nitrilo en los momentos más negros de la pandemia. En este último caso, buena parte de lo abonado fue finalmente devuelto: según, elDiario.es, el Ayuntamiento asegura que Luceño devolvió 4 millones de dólares de los 5 que se le habían pagado por los guantes. Al fin y al cabo, el material que se entregó era de una calidad muy inferior a lo que se había acordado, precisa el citado diario.
A través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid se formalizaron 72 contratos por un valor total de 42,14 millones de euros, según recoge el Tribunal de Cuentas en un informe reciente. Entre las adjudicaciones que se incluyen en aquel estudio, en el que se analizó la contratación de emergencia en la docena de municipios más grandes del país –aquellos con más de 300.000 habitantes–, se encuentran, justamente, las tres de Leno SDN. De ellas, la Fiscalía Anticorrupción está centrando las pesquisas sobre las que hacen referencia a las mascarillas y los test de antígenos. Dos productos que se adjudicaron a precios unitarios bastante superiores a los que compraron los mismos materiales el resto de principales urbes españolas.
Según consta en las facturas proforma que fueron facilitadas en su momento a los miembros del consejo de administración de la funeraria municipal, y que coincide con la información que figura en la relación de contratos covid oficial de la empresa pública, se pusieron sobre la mesa 6.232.470 euros para la compra de un millón de tapabocas. Es decir, que cada una se adquirió a 6,23 euros. El precio se aleja notablemente del que pagaron por este material otros grandes consistorios en aquellos momentos. En los últimos días de marzo, tal y como figura en la fiscalización del Tribunal de Cuentas, los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona o Palma estaban adquiriendo a un coste unitario de 1,6 euros, 2,5 euros y 3,99 euros, respectivamente. Y en la primera quincena de abril, no se llegó a superar en ningún caso los 4 euros, que es lo que abonó Sevilla.
De entre todos los contratos para la adquisición de mascarillas FFP2 y KN95 analizados por el organismo fiscalizador, solo en uno se recoge un precio unitario de 5,5 euros. Se corresponde con una adjudicación del consistorio de la capital andaluza. Sin embargo, ese es de los primeros compases de mayo. Por tanto, y tomando como referencia los 4 euros máximos que pagaron los ayuntamientos antes de que comenzara la desescalada, Madrid adquirió los tapabocas bajo la lupa de Anticorrupción a un coste al menos un 55,75% mayor que el resto de grandes urbes.
Lo mismo sucede con las pruebas de anticuerpos. En ese caso, se pusieron sobre la mesa 3.933.390 euros, según recoge el listado de contratos de emergencia covid de la funeraria, para hacerse con 250.000 test. Es decir, que el coste unitario fue de 15,73 euros.
Ni una sola de las adjudicaciones analizadas por el Tribunal de Cuentas vinculadas a estos productos ofrece cifras similares. En Zaragoza, el segundo precio más elevado, se llegaron a pagar 10,90 euros en junio. Y 10,75 euros en mayo en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. En el resto de ciudades, no se llegaron a superar los 8 euros durante la primera ola. Si se coge como referencia, por tanto, el segundo coste unitario más elevado, el del consistorio maño, puede decirse que la capital pagó por los antígenos sobre los que indaga Anticorrupción al menos un 44,3% más que el resto de grandes ciudades.
Las mascarillas de grafeno
Las mascarillas de grafeno, que fue justamente la clase que se adquirió a Leno para distribuirlas entre el personal municipal más expuesto al virus –policía, bomberos o servicios de emergencias–, generaron no pocos quebraderos de cabeza al consistorio durante la primera ola de la pandemia. Tres semanas después de aquella primera compra, el Ayuntamiento de Madrid decidía paralizar la distribución de medio millar de tapabocas que contenían este tipo de partículas. "Hemos tomado esta decisión a raíz de la alerta dada por las autoridades sanitarias de Canadá", explicaba la entonces portavoz, Inmaculada Sanz. Los canadienses, en concreto, habían avisado de que la inhalación de las partículas de grafeno podía ser tóxica para animales, aunque se desconocían los efectos sobre las personas.
El sindicato CSIF solicitó por correo electrónico la retirada de este tipo de mascarillas. Y el 14 de abril, el jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid elaboró un documento en el que recomendaba sacarlas de la circulación: "Dado que existe incertidumbre respecto al desprendimiento de las nanopartículas de grafeno en las mascarillas fabricadas con este material, de acuerdo con un principio de precaución general, se recomienda la retirada y no uso de las mascarillas que contengan grafeno en su composición".
Al día siguiente, se daba la voz de alarma en la Policía Municipal. "En relación con las mascarillas KN95 de grafeno (...) es recomendable que mientras se tengan más estudios al respecto y se tome una decisión final sobre su seguridad, se proceda a retirar el indicado material y cesar en su uso", rezaba una nota interna.
La oposición se plantea ir a los tribunales
El conocimiento de las pesquisas abiertas por Anticorrupción sobre estos contratos para la compra de material sanitario ha puesto en pie de guerra a la oposición municipal. "En lo peor de la pandemia había algunos intentando aprovecharse, forrarse, con la desgracia ajena", ha subrayado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, al tiempo que ha avisado que el equipo jurídico del partido estudia la posibilidad de acudir a los tribunales. "Almeida tiene que decidir qué quiere hacer y está demostrando que en este ayuntamiento sobra", ha aseverado su homóloga en el PSOE, Mar Espinar.
Anticorrupción investiga comisiones en la compra de mascarillas y test del Ayuntamiento de Madrid
Mientras, la ultraderecha ha pedido no sacar conclusiones precipitadas. "No debemos sacar conclusiones antes de tiempo sino pedir que se abra una investigación para saber exactamente qué ha pasado con esos contratos aunque, evidentemente, sería tremendo para los madrileños si se llegase a confirmar que alguien se ha podido aprovechar del dinero municipal para hacer negocio con algo tan trágico como la pandemia y el suministro de mascarillas", ha apuntado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Desde el equipo de gobierno local, sin embargo, se ha recalcado que no es el consistorio el que está siendo investigado por el Ministerio Público. "La Fiscalía Anticorrupción no investiga ni al ayuntamiento ni a ningún trabajador del ayuntamiento, sino a dos empresarios, y los contratos fueron aprobados por todos los grupos. Estamos muy tranquilos al respecto", ha explicado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida desde Sevilla, donde se está celebrando el Congreso Nacional del PP.
Una línea en la que ha insistido la vicealcaldesa, Begoña Villacís. "[El consistorio] está asistiendo en calidad de testigo cuando es requerido por parte de perfiles técnicos para explicar cómo sucedió", ha señalado la dirigente naranja. Según aseguran fuentes del partido, los socios de coalición estaban plenamente informados sobre las pesquisas que estaba siguiendo Anticorrupción. En concreto, resaltan, tanto Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y presidenta de la funeraria, como Engracia Hidalgo, delegada de Hacienda, se lo habían trasladado al concejal de Economía de la formación naranja.
El Ayuntamiento de Madrid adjudicó la compra de mascarillas y test de antígenos que se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto cobro de comisiones millonarias a un precio mucho mayor al que pagaron el resto de grandes ciudades españolas en los momentos más duros de la pandemia. El coste unitario de los tapabocas que fueron comprados a una compañía de Malasia ascendió a 6,23 euros, cuando por aquellas mismas fechas las principales urbes estaban adquiriendo modelos FFFP2 y KN95 nunca por encima de los 4 euros. Las pruebas de anticuerpos, por su parte, se adquirieron a 15,73 euros la unidad, frente a los nunca más de 10,90 euros que estaban abonando el resto durante la primera ola de la pandemia. Es decir, que en el primer caso la capital pagó al menos un 56% más caras las mascarillas y un 44,3% más caros los test que las principales ciudades españolas.