La Comunidad de Madrid ha externalizado parte del rastreo de contactos vital para afrontar la pandemia a la empresa Quirón Prevención. El pasado viernes se publicó la resolución del procedimiento de contratación (consúltala aquí), otorgado a dedo por trámite de urgencia. La compañía sanitaria pondrá a 20 auxiliares de enfermería y dos médicos a hacer encuestas a los positivos por covid-19 para identificar a sus contactos estrechos y así frenar la expansión del virus en la región, con peligrosos tintes de transmisión comunitaria. La administración ha justificado el proceso rápido por "el tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca", pese a que ha tenido meses para prepararse desde que en junio la gestión de la emergencia sanitaria pasó a manos de las Comunidades Autónomas. Los expertos también argumentan desde mayo, como se puede comprobar en esta noticia, que esta vigilancia epidemiológica es vital para no volver al descontrol de marzo.
La resolución publicada el viernes por la administración autonómica, explica que "la situación epidemiológica" muestra "un incremento e el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos". Es un criterio defendido desde hace meses por los responsables políticos de la Comunidad: Aguado afirmó en julio que no hacían falta más rastreadores porque los números eran bajos. Sin embargo, la opinión de la totalidad de los expertos en Epidemiología y Salud Pública consultados por infoLibre desde que explotó la pandemia en España defienden que la lógica debe ser la contraria: no se contratan rastreadores cuando la cifra de casos sube –cuando ya es, probablemente, demasiado tarde– sino cuando el mar está en calma, para evitar precisamente que la situación se descontrole. La Comunidad de Madrid es la región española, junto a Euskadi, en la que más rápidamente han escalado los datos de nuevos positivos durante la última semana.
El documento, de hecho, explica el contenido del decreto 21/2020, del 9 de julio, en el que Sanidad estableció las bases de la conocida como "nueva normalidad" y que precisamente dejan entrever que la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes a tiempo. La norma, reconoce la administración regional, "establece que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. En particular, garantizarán un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica". Sin embargo, los médicos de Atención Primaria han advertido en repetidas ocasiones que no contaban con los suficientes facultativos en esa primera línea del frente ante el covid-19 y que detectaban muchos casos en los que Salud Pública, la encargada del rastreo, no llegaba a llamar a los positivos para preguntarles por sus contactos estrechos y, así, poner en cuarentena a todo aquel sospechoso de portar la enfermedad, para evitar una transmisión descontrolada.
El Gobierno Ayuso le ha visto las orejas al lobo y lleva semanas buscando rastreadores a toda prisa, toda vez que la evolución epidemiológica ha pasado a ser realmente preocupante. Ha llegado a pedir voluntarios para realizar esta labor en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, una estrategia ampliamente criticada por los expertos y por la oposición. La propia Plataforma del Voluntariado en España ha señalado que la iniciativa va contra el espíritu de la Ley del Voluntariado, que reza que "la realización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones Públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas por ley". Una obligación que deja bien clara la Comunidad de Madrid en su exposición de motivos para otorgar a dedo parte del rastreo a Quirón Prevención.
Quirón ofertaba plazas de rastreadores dos días antes de cerrar la adjudicación con Ayuso
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Aún con la externalización anunciada el viernes, el número de rastreadores que la Comunidad de Madrid reconoce que tiene sigue siendo muy inferior a la tasa de entre 15 y 30 rastreadores por cada 100.000 habitantes que recomiendan varios organismos internacionales, aunque no hay una cifra exacta, ya que depende de la organización sanitaria de cada territorio. Madrid cuenta, con esta última incorporación, con 202 profesionales destinados a esta tarea: 3 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Es un dato también inferior al que han comunicado países como Italia o Alemania. El primero, especialmente, fue muy golpeado durante la primera ola del covid-19 y ahora, según los números oficiales, mantiene a raya los rebrotes, con una comunicación de positivos diarios muy por debajo de la española.
A Madrid le faltan rastreadores, sin embargo, no solo por las recomendaciones internacionales, también por la propia evidencia que muestran sus datos. Durante la última semana, el sistema sanitario madrileño detectó un 7,6% de asintomáticos en relación con el total de positivos confirmados. Generalmente, esta baja tasa suele indicar que la vigilancia epidemiológica no está resultando eficaz: una buena red de rastreadores detecta más personas que no desarrollan cuadros de tos o fiebre, ya que suelen ser mayoría. La cifra fue recogida por un informe de la propia Comunidad de Madrid que el pasado jueves recogió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón. Como respuesta, el consejero de Sanidad madrileño le llamó desleal y mentiroso (pese a que la información era oficial y provenía de la propia administración autonómica). Horas después, modificó el documento para borrar la información supuestamente errónea.
Pese a esta evidente carencia, el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso no ha reconocido en ningún momento ni que tuviera un problema ni que estuviera desoyendo tanto las recomendaciones de todos los expertos como las exigencias de Sanidad para pasar de fase durante la desescalada. Hizo promesas que no se cumplieron: se comprometió a contratar a 400 rastreadores, luego bajó a 360,y desde mayo apenas ha llegado a la mitad. El Ejecutivo regional sí ha cargado tintas contra el "agujero" que, a juicio de los dirigentes madrileños, supone el aeropuerto de Barajas, donde no se hacen test PCR a la llegada a los viajeros. Una práctica que no es de consenso por los expertos. Desde el 1 de mayo al 18 de julio, la Comunidad de Madrid detectó 64 positivos de pasajeros: solo el pasado viernes, se comunicaron 148 casos nuevos en la región.