Madrid sigue confinando por zonas de salud sin pruebas de que sea eficaz

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General Moscardó es, además de un militar sublevado y golpista, uno de los barrios que, en teoría, se ubican en la parte rica del distrito de Tetuán (Madrid). La calle Bravo Murillo funciona en su tramo norte como una cicatriz urbana que divide a la zona más humilde del barrio, al oeste, y otra al este más adinerada y destinada al business, a los señores en traje que hablan mucho por teléfono. Sin embargo, hay espacios de transición y un paseo por General Moscardó, que es además una Zona Básica de Salud (ZBS), sirve para constatar que aquí, de lujos, poco: y de barrio, mucho. Es una de las ZBS confinadas perimetralmente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por sus preocupantes datos de incidencia. No se puede entrar ni salir sin autorización. "Saberlo sí lo sabemos. Pero la gente está harta", dice la camarera de uno de los bares aledaños al Mercado Maravillas. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue con una estrategia que, explican los expertos, carece de evidencia a su favor, de sentido en términos de Salud Pública, y por lo percibido en la calle, de seguimiento entre los ciudadanos. El Gobierno, que reprendió en términos nunca antes vistos a la región por su reticencia a tomar medidas duras contra la segunda ola, se abstiene de calificar la gestión de la tercera ola madrileña: séptima comunidad del país en incidencia y muy reticente a tomar medidas que afecten a la actividad económica.

"No hay mucha percepción de que es una zona confinada. La gente entra y sale libremente", asegura Juan, que regenta una administración de lotería en el corazón del barrio. Cuando a mediados de septiembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid inauguró la estrategia de confinar perimetralmente las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que peores datos de transmisión registraban, los fotógrafos y cámaras se detuvieron en el dispositivo policial montado en Puente de Vallecas para controlar las entradas y las salidas. En General Moscardó, un control de agentes municipales en la entrada al barrio desde Bravo Murillo detiene a los conductores que giran la esquina: no así a los peatones, que pueden acceder o salir de la zona sin mayor problema. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, volvió este jueves a pedir ayuda a la Delegación de Gobierno para garantizar el cumplimiento de su estrategia. "Necesitamos la ayuda de la Delegación de Gobierno de Madrid para hacer efectivas las medidas para salvaguardar la salud y a la vez evitar el cierre total", aseguró en Twitter. 

General Moscardó, en Tetuán (Madrid).

La Delegación de Gobierno en Madrid asegura a infoLibre que no tienen capacidad para poner controles en todas las aceras que delimitan las Zonas Básicas de Salud. "Es completamente imposible tener un policía en cada esquina controlando si te cruzas o no te cruzas", aseguran fuentes del departamento, que aseguran que la Policía Nacional sí que hace "controles aleatorios" dentro de estos espacios. No tienen datos de cuántas sanciones se han impuesto por saltarse las restricciones, pero el Ayuntamiento de Madrid sí que ofrece cifras sobre la labor de los agentes municipales: la semana pasada se realizaron 9.797 controles a peatones y a 5.733 vehículos por este motivo. 

Cuando Madrid empezó a confinar barrios en septiembre, muchos epidemiólogos y especialistas en Salud Pública fueron muy críticos por dos motivos principales. El primero: el señalamiento institucional que se hacía a los barrios más empobrecidos y vulnerables, que sufrieron con especial intensidad la segunda ola madrileña y cuya movilidad fue limitada por la administración. "La transmisión está fuera de control en toda la Comunidad de Madrid", argumentó por entonces la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap). "Es necesario aplicar restricciones de la movilidad y las relaciones sociales en todo el territorio y no de forma diferenciada en los distritos o municipios con mayor incidencia, lo que contribuye a la estigmatización de sus habitantes y a la crispación social". El segundo sigue vigente sean cuales sean los barrios cerrados: confinar perimetralmente Zonas Básicas de Salud no sirve de prácticamente nada. Su impacto es "testimonial", ha demostrado el análisis de los datos, meses después de la inauguración del plan Ayuso para salvar Madrid.

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Ya desde el primer día, muchos expertos advirtieron que no tenía sentido utilizar como criterio las Zonas Básicas de Salud, ya que muchos ciudadanos desconocen cómo se conforman y hasta dónde alcanzan. Y además, previeron que la mayor parte de la movilidad no se iba a frenar: la mayoría de los desplazamientos de la periferia al centro y viceversa se producen por motivos de trabajo, exonerados del cumplimiento. Ahora, la evolución de la incidencia en las ZBS confinadas en comparación con el resto muestra que su impacto, de existir, es muy bajo. "No hay ninguna evidencia" de que prohibir el desplazamiento en los barrios más afectados sea útil, asegura el médico de familia y experto en gestión sanitaria Javier Padilla.

Padilla y los especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública Pedro Gullón y Mario Fontán han escrito un artículo, aún pendiente de revisión por la revista, sobre el resultado en términos de transmisión del covid-19 del confinamiento perimetral de las primeras ZBS que se clausuraron en septiembre. "Comparamos la trayectoria de esas zonas confinadas con otras no confinadas pero que tenían una incidencia también elevada, ya que en las que tenían menos impacto la evolución epidémica era distinta y podían sesgarse los resultados", explica Fontán. Han sacado dos conclusiones principales: la primera es que no hay ninguna tendencia distinta observable entre las ZBS confinadas y las que no. Y la segunda, que las cifras empezaron a estabilizarse o incluso a bajar antes de que el confinamiento se pusiese en marcha, por lo que no cabe otorgar ningún mérito a la decisión política. "La tendencia epidemiológica es favorable en 45 de las 46 Zonas Básicas de Salud en las que hemos adoptado restricciones", aseguró en octubre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. No mencionó lo que pasó en las ZBS que no fueron cerradas.

"Ni siquiera es plausible que pueda servir de algo. Si empieza a bajar la incidencia, será a pesar de ello", concluye, contundente, Padilla, que ya en noviembre hizo motu proprio un análisis de la incidencia de las ZBS con restricciones en comparación a otras. El resultado fue el mismo: no hay diferencias destacables. Tras unas semanas de bajada de incidencia, el 21 de diciembre la Comunidad de Madrid confinó perimetralmente varios barrios de la región. La comparación, que se puede visualizar en el siguiente gráfico, llega a la misma conclusión: comparadas con otras ZBS (en este caso, escogidas al azar), la tendencia es muy similar. 

¿Pueden servir las restricciones perimetrales por barrios para, por lo menos, aumentar la percepción del riesgo entre los vecinos, consiguiendo que limiten su movilidad y sus contactos estrechos? Padilla no lo cree. "Eso podría tener sentido al principio, cuando tu barrio era el único que se confinaba. Ahora, con tantas Zonas Básicas de Salud afectadas, se pierde ese efecto singularidad. La gente piensa: 'mira qué mal está todo', y ya está", opina. "El mayor elemento de concienciación es tener cerca casos confirmados", continúa: "Cuando en Vallecas se alcanzaron los 1800 casos de incidencia en los últimos 14 días, en un mes entre el 3% y el 4% de la población había sido diagnosticada. La mayor parte de la gente conocía a otra gente que se había contagiado". 

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Fontán cree que el cierre de las Zonas Básicas de Salud funcionaría en ese sentido si la Comunidad de Madrid comunicara bien qué espacios se clausuran. "Tengo mis dudas de que la gente no solo de cuál es su ZBS, sino de que sepa si está confinada o no", explica el especialista en Salud Pública. Reivindica más información, incluso fuera de los canales habituales: con carteles explicativos en la frontera de cada zona, si es que la administración quiere asegurarse del cumplimiento de una medida que, a juicio de estos expertos, es inútil. En todo caso, considera que la percepción del riesgo es muy limitada si los madrileños que viven en estos barrios sufren una "disonancia" no exclusiva de la capital: "La población no termina entendiendo que les pidan que no socialicen pero, cuando van a la calle, al trabajo, ven todos los bares abiertos. Termina perdiéndose un poco ese mensaje de gravedad", considera. 

La Comunidad de Madrid ha estado semanas siendo la autonomía con las medidas más laxas dentro de las que se encuentran en "riesgo extremo", según el semáforo covid aprobado por el Consejo Interterritorial. Además, los criterios que se aplican a las ZBS son distintos de los de septiembre.  No son fijos: se adaptan a la evolución de la pandemia para evitar confinar a toda la ciudad. El Gobierno de Ayuso fue bajando gradualmente el umbral para imponer limitaciones en zonas de salud de una incidencia acumulada de 1.000 a una de 400. Ésta es la que estaba vigente hasta la semana pasada, en la que volvió a modificar el umbral para confinar solo a los barrios que estuvieran por encima de la media de toda la región. Pero también modificó otro detalle: los aforos del interior de bares y restaurantes son los mismos en todo el territorio, independientemente de la ZBS. Clausurar o limitar con severidad el aforo del interior de la hostelería es, según la evidencia científica disponible, la medida "más eficaz" para reducir la transmisión, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Este mismo viernes, el Ejecutivo autonómico endureció las restricciones, siguiendo lo que para Fontán es el modus operandi pandémico habitual del Gobierno de Ayuso: "la economía por delante de todas las cosas". Ya son 56 zonas básicas y 25 localidades y municipios los que se confinan perimetralmente. Se prohíben las reuniones entre no convivientes en domicilios, mientras que la hostelería sigue abierta: hasta las 21 horas y con toque de queda a las 22 horas. Aún lejos de la decisión que han tomado otros territorios: adelantar a media tarde el cierre de bares y restaurantes o, directamente, clausurar los interiores. Sigue siendo de las autonomías más laxas, pero desde el Gobierno central no ha habido, al menos en público, ningún toque de atención al Ejecutivo de Ayuso. Llama la atención la diferencia con septiembre: el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo en varias ocasiones que no le parecía útil tomar medidas solo en las ZBS más afectadas y que las restricciones debían endurecerse y ampliarse. En enero de 2021, la Comunidad de Madrid no es, como pasó en otoño, la región más afectada, ni mucho menos la única. Pero sí vuelve a repetirse un escenario ya vivido. Los expertos en Salud Pública consideran que no está haciendo lo suficiente para contener la pandemia y que sus esfuerzos para salvar la economía se pueden llevar demasiadas vidas por delante. 

General Moscardó es, además de un militar sublevado y golpista, uno de los barrios que, en teoría, se ubican en la parte rica del distrito de Tetuán (Madrid). La calle Bravo Murillo funciona en su tramo norte como una cicatriz urbana que divide a la zona más humilde del barrio, al oeste, y otra al este más adinerada y destinada al business, a los señores en traje que hablan mucho por teléfono. Sin embargo, hay espacios de transición y un paseo por General Moscardó, que es además una Zona Básica de Salud (ZBS), sirve para constatar que aquí, de lujos, poco: y de barrio, mucho. Es una de las ZBS confinadas perimetralmente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid por sus preocupantes datos de incidencia. No se puede entrar ni salir sin autorización. "Saberlo sí lo sabemos. Pero la gente está harta", dice la camarera de uno de los bares aledaños al Mercado Maravillas. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue con una estrategia que, explican los expertos, carece de evidencia a su favor, de sentido en términos de Salud Pública, y por lo percibido en la calle, de seguimiento entre los ciudadanos. El Gobierno, que reprendió en términos nunca antes vistos a la región por su reticencia a tomar medidas duras contra la segunda ola, se abstiene de calificar la gestión de la tercera ola madrileña: séptima comunidad del país en incidencia y muy reticente a tomar medidas que afecten a la actividad económica.

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