Silvia Bravo tiene 24 años. Estudió Matemáticas y, después, un máster habilitante para trabajar dando clases en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Consiguió trabajo en septiembre como una de las profesoras covid contratadas por la Comunidad de Madrid para hacer frente a la vuelta al cole en mitad de la segunda ola de la pandemia. Da clases de Matemáticas, Física y Química y Plástica en un instituto concertado de Orcasur a jóvenes de 1º y 2º de ESO. En el contrato que firmó pone fecha de inicio y de fin: 22 de diciembre. Nunca pensó que ese fuera el fin real. Ni ella ni, dice, los compañeros que conoce en la misma situación. "Aunque pusiera eso, estaba todo bastante abierto", dice en conversación telefónica. Sin embargo, y aunque Silvia todavía piensa que seguirá trabajando en su escuela a partir del día 23 de diciembre, la realidad parece indicar otra cosa.
Como ella hay muchos más. Alrededor de 1.500 profesionales —entre docentes y no docentes, según los cálculos de CCOO y UGT—, terminarán su contrato en poco menos de un mes. Pero sólo en Madrid. La Comunidad presidida por la conservadora Isabel Díaz Ayuso ha decidido prescindir de todo el personal que contrató, según las palabras de su Ejecutivo, "con ocasión de la situación de la pandemia derivada del covid-19", una situación que persiste. Ninguna otra autonomía hará lo mismo, según informan a infoLibre desde UGT y CCOO. La mayoría prorrogará el contrato de sus profesores covid hasta el 30 de junio. Otras, como la Comunitat Valenciana, hasta el 31 de agosto. Madrid, en cambio, dice no tener el dinero suficiente como para hacerlo. A preguntas de este diario, su Consejería de Educación argumenta que "pese a que la Comunidad de Madrid es la primera interesada en que los docentes de refuerzo continúen durante todo el curso escolar, es necesario que el Gobierno comprometa fondos covid, al menos, hasta junio de 2021". Sólo así, dicen, podrán seguir "luchando contra la pandemia y mejorando" el sistema educativo. Por el momento, la decisión, dicen los sindicatos, afectará a alrededor de 20.000 alumnos.
Los sindicatos, en cambio, ya han puesto el grito en el cielo. CCOO ya ha instado al consejero Enrique Ossorio a rectificar. "Estos profesionales que se quieren dejar en la calle han sido esenciales para que la vuelta al cole segura haya sido posible, incluso para que hayan permanecido los centros educativos abiertos", dijo la organización a través de una nota de prensa. "Lo único que se va a conseguir así es aumentar las desigualdades y la segregación que ya de por sí es alta en Madrid", añade Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid. El próximo miércoles 2 de diciembre se manifestarán en la Puerta del Sol para mostrar su rechazo a la decisión y exigir que se dé marcha atrás.
¿Cuántos profesores y quiénes son?
Además de Silvia, hay alrededor de otros 1.499 profesionales afectados por la decisión del Ejecutivo de Ayuso. En este número hay tanto profesores como personal no docente como técnicos especialistas, educadores, auxiliares de control o administrativos. El personal docente supone alrededor de 1.000 personas: los 1.117 que prometió el Gobierno de la Comunidad menos los en torno a 100 que todavía, casi tres meses después de haber empezado el curso escolar, no han sido contratados, denuncian Jusdado e Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid. El personal no docente son las otras alrededor de 500 personas. La Consejería de Educación, por su parte, sólo menciona el cese de los contratos de 1.117 "efectivos". Los sindicatos, en cambio, critican que esa sea la cifra empleada, porque no refleja la realidad.
Tanto ese personal docente como el no docente forma parte de los 10.610 "efectivos adicionales", en palabras de la Consejería, comprometidos para hacer frente a la vuelta al cole más difícil que se recuerda. La mayoría de ellos —los que no son esos 1.500 cuyo contrato acaba en poco menos de un mes— se destinaron "al desdoble de grupos derivado de las medidas sanitarias de espaciamiento de las aulas", explica el organismo dirigido por el conservador Ossorio. Ellos no verán finalizado su contrato, añade la Consejería, "hasta la finalización de la situación de pandemia actual", por lo que "no terminarán en el mes de diciembre".
El problema es que tampoco han llegado todos los destinados a bajar las ratios para ese "desdoble de grupos", denuncian los sindicatos. Ni se han cubierto todos los "puestos estructurales", dice Galvín, que estaban pendientes de cubrir —puestos vacantes por jubilaciones, bajas o reducciones de jornada, por ejemplo—. Por eso son imprescindibles todos esos profesionales que el 22 de diciembre acabarán su contrato. Cumplían todo tipo de funciones. "Se han tenido que ocupar de lo que hacía falta y en la gran mayoría de los casos han asumido lo más urgente que, fundamentalmente, ha sido sustituir o asumir tutorías", critica CCOO. Y no fueron escogidos para eso.
Fueron contratados exclusivamente como profesores de refuerzo por la situación generada durante el confinamiento que paralizó el último trimestre del curso 2019-2020. Según la Consejería, el objetivo de la contratación de esos 1.117 docentes de refuerzo era cumplir con el Plan específico de refuerzo "con el objetivo de desarrollar medidas educativas concretas para determinados alumnos con desfase curricular debido a la pandemia". Eso Silvia no lo sabía. "Parece ser que la Comunidad de Madrid nos contrató para cubrir las carencias que surgieron en el confinamiento, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos haciendo el mismo trabajo que hace el resto. Si yo me voy de mi clase, mis alumnos se quedan sin profesor de Matemáticas", lamenta. Si se van sus compañeros con el mismo contrato, dejará de haber dos grupos en cada curso. "Si nos vamos, dejará de haber dos profesores de Matemáticas, dos tutores...", lamenta. "Es inviable", sentencia.
Los alumnos más vulnerables, los afectados: alrededor de 20.000
El apunte que hace Silvia es importante. Lo destaca también Galvín: como estos profesores de refuerzo han cumplido todo tipo de funciones, el fin de sus contratos genera un problema a los centros, "que se van a tener que reorganizar" e, inevitablemente, van a ver cómo "se pone en riesgo la aplicación de las medidas de seguridad", al tener que agrupar en las mismas aulas a alumnos que estaban hasta ahora separados.
Pero el problema no es solo ese. Estos despidos también tienen una "implicación educativa y pedagógica", dice Galvín. Jusdado suscribe sus palabras. Según critica, la falta endémica de personal y los ceses de estos contratos afectarán "al alumnado más vulnerable" que sufre la brecha digital, la social o la emocional. "O las tres a la vez", lamenta. "Esta decisión supone un aumento de las desigualdades en Madrid y de la segregación escolar, que ya es alta", denuncia. Un estudio elaborado por varios profesores de la Universidad Autónoma de Madrid a partir de los datos extraídos del Informe PISA reveló en 2018 que es la Comunidad que más segrega en los centros educativos en España. Y la segunda en Europa. Save The Children también denunció el pasado mes de abril que cas dos de cada diez escuelas madrileñas funcionan como guetos. Cuatro de cada diez sufren concentración de alumnado vulnerable, precisamente el que más ha sufrido esa brecha que los profesores covid ahora despedidos tenían que destruir. Ahora no lo harán, así que continuarán siendo vulnerables. Incluso más que antes. Según Jusdado y Galvín, serán 20.000 los alumnos vulnerables afectados por el fin de los contratos.
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Silvia cree que la Comunidad dará marcha atrás. Lo contrario, dice, convertirá los centros educativos en espacios imposibles de gestionar. "A día de hoy no estoy buscando otro trabajo. Nos tienen que prorrogar, lo contrario es imposible", afirma. "Si nos vamos a casa, a tomar por saco las medidas anti covid, no se van a poder respetar", lamenta.
El resto de comunidades no tienen ese problema. Según confirman a infoLibre Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de FeSP-UGT, Madrid es la única que ha decidido prescindir de estos profesores. Loranca explica que algunas autonomías como La Rioja "no han hecho distinción de si el personal que contrataban era covid o no covid". "Reforzó las plantillas atendiendo a las necesidades de los centros, nada más", explica. La mayoría, no obstante, sí lo ha hecho, pero han decidido prorrogar estos contratos hasta el 30 de junio. La Comunitat Valenciana, por su parte, lo ha hecho hasta el final del curso académico, el 31 de agosto.
Hay excepciones. Canarias mantendrá a sus profesores covid hasta la Semana Santa y Baleares va a negociar una prórroga de tres meses a los contratos que, inicialmente, también concluían en diciembre.