La familia de un fallecido en una residencia por covid se querella contra la médica: "Lo mantuvo en situación crítica"
Cuando Isidoro ingresó en la Residencia Mirasierra, un centro concertado con más de dos centenares de plazas ubicado al norte de la capital, las fiestas navideñas marcaban el calendario de buena parte de los españoles. Era miércoles, 26 de diciembre de 2018. Con poco más de setenta años, el hombre entró en el geriátrico arrastrando problemas de salud que le hacían ser dependiente de terceras personas. A pesar de ello, y con ayuda de tratamientos, iba tirando. Pero todo cambió con el estallido de la pandemia. En cuestión de días, el coronavirus segó la vida de Isidoro. Ahora, tres años después, su familia ha interpuesto una querella contra una de las médicas que lo atendió en el centro. "Lo mantuvo en una situación crítica", denuncian. El hombre, como tantos otros, ni siquiera tuvo oportunidad de llegar al hospital.
La querella interpuesta se apoya sobre la información clínica que la residencia, entonces gestionada por el grupo residencial DomusVi, facilitó a la familia tras la apertura de un procedimiento en un juzgado madrileño. "Como desde el centro no se daba la información que se había reclamado desde el principio, y además la que se aportaba contenía errores e inexactitudes, como por ejemplo confundir la fecha del fallecimiento, se recurrió a la vía judicial, abriéndose unas diligencias preliminares por lo civil", explica al otro lado del teléfono Adolfo Barreda, abogado de la familia. Fue así como obtuvieron el llamado Informe Global sobre el que ahora sustentan la acción dirigida contra la médica, a la que acusan de homicidio por imprudencia profesional grave con resultado de muerte.
Los hechos se remontan a marzo de 2020. Pocas horas antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma y el confinamiento general de la población, Isidro presentaba un "cuadro catarral sintomático con febrícula y desaturación". Algo a lo que apenas se le dio importancia en el centro. "A la vista de los síntomas que presentaba, que eran suficientes para iniciar un tratamiento con mucolíticos, broncodilatadores o antibióticos, haber realizado una radiografía de tórax y, fundamentalmente, haber llamado a su tutora para mantenerla al tanto de la situación, no consta que ello se hiciera en momento alguno, hasta el punto de que en el denominado por la residencia Informe Global no existe ninguna anotación que refleje un seguimiento del enfermo", se recoge en la querella.
Dos semanas después, el 27 de marzo, el psicólogo del centro dio un nuevo aviso sobre el residente. Isidro presentaba mal estado general, fiebre, tos y "alto riesgo de caída". Y el profesional consideró necesario llevar a cabo una "valoración de aislamiento". Desde entonces, el estado de salud del hombre se fue debilitando cada vez más. Tanto, que a las pocas horas presentaba una saturación de oxígeno por debajo de lo normal, temperatura elevada y "ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax". Una situación que se mantuvo, según consta en la querella, durante más de dos días y a la que se intentó hacer frente, sin éxito, con un tratamiento de oxígeno por gafas nasales.
Fue entonces cuando la médica del centro se puso en contacto con los allegados de Isidro. "Hasta ese momento, no nos habían comunicado nada", señala al otro lado del teléfono Silvia, su sobrina y también tutora. La familia exigió que se le llevase de inmediato al hospital ante la situación crítica en la que se encontraba. Pero para cuando se acordó el traslado, dos días después del aviso del psicólogo, ya era demasiado tarde. El hombre había fallecido. "No se planteó hasta el último momento y por consejo de un familiar del fallecido llamar al servicio 112 para su traslado al Hospital de La Paz, como centro de referencia, haciendo caso omiso del grave estado físico que presentaba y de los documentos médicos que apreciaban y aconsejaban dicho urgente ingreso hospitalario", recoge la querella interpuesta.
Para la familia, la médica mantuvo a Isidro "en una situación crítica, de riesgo vital". Una "falta de atención y cuidado" que, resalta la denuncia, motivó que el residente presentase un "pésimo estado" que "devino" en su fallecimiento. Este diario se puso en contacto el pasado viernes con DomusVi para saber por qué motivo se tardó tanto tiempo en acordar el traslado del interno al hospital de referencia a pesar de los malos datos clínicos que se tenían sobre el paciente. Desde la empresa, sin embargo, rechazan hacer comentario alguno sobre casos que se encuentran judicializados.
"Ha fallecido de forma indigna y solo, a pesar de que tenía familia", lamenta su sobrina, que también afea a la residencia que no la hubieran informado antes sobre el estado de salud de su tío: "Si me hubieran llamado diciéndome, por ejemplo, que no lo podían llevar al hospital, yo podría haberme planteado saltarme las normas, sacarle de allí y llevarle a urgencias".
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La residencia Mirasierra fue una de las que menos derivaciones llevó a cabo en marzo y abril de 2020. En aquellos dos meses, según los datos desvelados en su día por infoLibre, de los 69 residentes que perdieron la vida, 60 lo hicieron en el centro y solo 9 en el hospital. "Nos comunica la directora que tuvo acumulación de fallecidos en el centro (periodo máximo de cadáver en centro 72 horas)", recogió la Policía Municipal en un acta que levantó tras una inspección que realizó al centro a finales del mes de abril, un documento que también ponía de manifiesto que el geriátrico había pedido autorización escrita a los familiares para dejar morir a residentes rechazados por el hospital.
Desde DomusVi explicaron en su día a este diario que intentaron de forma reiterada que se llevaran a cabo decenas de derivaciones de residentes a los hospitales antes de que muriesen pero que fue imposible: "Se llamó reiteradamente a los servicios sanitarios para atenderles hospitalariamente y ante la situación de emergencia sanitaria que vivía la Comunidad de Madrid y la saturación de las UCIs hospitalarias no fue posible el traslado".
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo un Protocolo en el que se establecían una serie de criterios para decidir cuándo una persona enferma de una residencia podía ser trasladada a un hospital para recibir asistencia y cuándo quedaba condenado a permanecer en el geriátrico. Entre esos criterios figuraban algunos que impedían derivar al residente si tenía un determinado nivel de dependencia o una demencia senil avanzada, circunstancias que nada tienen que ver con las expectativas de vida de una persona. Dos días después, se aprobó una segunda versión del Protocolo donde se fijaban con total crudeza los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. Una última versión, del 25 de marzo, suavizaba algunos criterios pero mantenía en la práctica la exclusión de los pacientes con mayor nivel de dependencia (“fragilidad igual o mayor de 7” en una escala del 1 al 9) o con el grado máximo de demencia senil (GDS 7).
