Los presupuestos públicos destinados a la sanidad han pasado de constituir el 6,78% del PIB español en 2009 al 6,23% en 2017, cayendo algo más de medio punto en la última década, según datos de la OCDE rescatados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) para su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas. Se trata de un informe que alerta no sólo del desgaste del sistema, sino de un proceso de privatización de la sanidad en todos los órdenes: aseguramiento privado, conciertos, gasto de bolsillo dedicado a la salud... La federación de asociaciones considera la privatización perniciosa en sí misma para el modelo sanitario público, al incrementar su coste y favorecer la desigualdad. "Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización", señala el informe, presentado este miércoles. Y añade que la privatización "va unida a una mayor desigualdad y a exclusiones porque sólo acceden a estas formulas las personas con mas recursos".
La asociación presidida por Marciano Sánchez Bayle denuncia la falta de transparencia y de datos homogéneos de las 17 comunidades autónomas. No obstante, logra hacer un análisis de nueve variables a partir de los datos de 2017 y 2018 de los ministerios de Sanidad y Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística y las memorias de Muface, la Mutualidad General Judicial y el lobby de la sanidad privada IDIS. Ello le permite analizar nueve variables: 1) porcentaje de población cubierta por mutualidades de funcionarios; 2) gasto en seguros privados per cápita; 3) gasto sanitario de bolsillo per cápita; 4) índice de camas privadas sobre el total; 5) porcentaje de equipamiento de alta tecnología en hospitales privados sobre el total; 6) porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados; 7) número de consultas anuales a especialistas del sector privado; 8) número de consultas anuales al médico de cabecera en el sector privado; y 9) presencia de modelos de colaboración público-privada.
¿Cuál es el resultado? ¡Una tabla clasificatoria de comunidades autónomas desde la que tiene una sanidad más privatizada a la que menos. Las más privatizadas son, empezando por la primera, Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y País Vasco. Las menos son, empezando por la última, Extremadura, Castilla La Mancha, Andalucía y Asturias.
El resultado completo es este (entre paréntesis el partido que preside el Gobierno autonómico):
– Comunidades con un "elevado grado de privatización":
1) Comunidad de Madrid: 31 puntos (PP).
2) Cataluña. 29 (JxCAT).
3) Islas Baleares: 25 (PSIB-PSOE).
4) Canarias: 24 (CC).
5) País Vasco: 24 (PNV).
– Comunidades con "grado intermedio de privatización":
6) Castilla y León: 20 (PP).
7) Comunidad Valenciana: 20 (PSPV).
8) Galicia: 19 (PP).
9) Comunidad de Murcia: 19 (PP).
10) Navarra: 19 (Geroa Bai).
11) Aragón: 18 (PSOE).
12) Cantabria: 18 (PRC).
13): La Rioja: 18 (PP).
– Comunidades con "bajo grado de privatización":
14) Asturias: 16 (PSOE).
15) Andalucía: 15 (PP, tras las elecciones del 2 de diciembre).
16) Castilla La Mancha: 13 (PSOE).
17) Extremadura: 12 (PSOE).
Un fenómeno que afecta a todo el sistema
Haciendo un repaso de ediciones anteriores del informe, la Fadsp señala que Madrid y Cataluña son desde 2014 la primera y la segunda en privatización. La tercera empezó siendo Galicia, pero desde 2017 es Baleares. En el grupo con menor nivel de privatización se mantienen con respecto al año pasado Extremadura y Castilla la Mancha y se incorporan Asturias y Andalucía, que estaban en el grupo intermedio. Otros movimientos en la tabla son: Aragón y Navarra bajan –es decir, están menos privatizados comparativamente– 4 puestos cada una y La Rioja 2. Suben –es decir, están más privatizadas que antes– Valencia (6 puestos), Murcia (4), Castilla y León y Cantabria (3 cada una). Las cuatro comunidades con sistemas menos privatizadas están, o han estado hasta muy recientemente, en el caso de Andalucía, gobernadas por el PSOE.
La Fadsp destaca que la privatización ha aumentado en todas las comunidades y que el resultado y las movimientos en la clasificación "sólo recogen la mayor o menor intensidad que ha alcanzado" este crecimiento en cada una. El informe sitúa el punto de partida de los procesos privatizadores en la Ley General de Sanidad (1986) y su continuación en el conocido como Informe Abril (1991). A día de hoy, según la federación, "la privatización se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud". "No obstante", añade, "merece la pena señalar que hay algunos motivos para la esperanza como ha sido la reversión del hospital de Alzira el 1 de abril de 2018 a la red sanitaria pública". "Esta recuperación evidencia que la clave de la privatización/desprivatización sanitaria está en la voluntad política de las administraciones públicas y sus gobiernos", añade. A pesar de ellos, la Comunidad Valencia empeora comparativamente en este informe.
Mutuas y camas
La comunidad en la que hay más porcentaje de funcionarios cubiertos por mutualidades es Castilla y León (6,9%); la que menos, País Vasco (1,08%). La media está en el 5,72%.
El mayor porcentaje de camas privadas está en Cataluña, con un 55,8%, en contraste con la comunidad que menos tiene, Castilla La Mancha, con el 7,49%. La media se sitúa en el 27,08%.
Cataluña, la que más concierta
El estudio de la Fadsp también introduce una tabla con el índice de gasto en conciertos en relación con el total de gasto sanitario público por comunidades. Es uno de los indicadores más importantes a la hora de puntuar la privatización de las autonomías. La media está en el 7,34%. Por encima de la media están Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias y La Rioja. El resto, por debajo de la media.
No obstante, a la hora de precisar qué comunidades autónomas invierten más en conciertos en relación con el gasto sanitario global, es preferible acudir a la estadística de gasto sanitario público de 2017, que el Ministerio de Sanidad hizo pública este miércoles. Son datos oficiales La inversión en concierto y el porcentaje que supone con respecto al total del gasto sanitario son, empezando por la comunidad con más conciertos en relación con el conjunto de la inversión:
– Cataluña: 2.677,23 millones, un, 25,6% del total del gasto sanitario público.
– Madrid: 914,76 millones, 11,2%.
– Baleares: 173,43 millones, 11,1%.
– Canarias: 277,82, 9,6%.
– La Rioja: 34,43 millones, 7,7%.
– País Vasco: 246,92 millones, 6,7%.
– Murcia: 149,43 millones, 6,6%.
– Navarra: 67,06 millones, 6,5%.
– Asturias: 102,87 millones, 6,1%.
– Galicia: 210,07 millones, 5,4%.
– Castilla la Mancha: 147 millones, 5,3%
– Andalucía: 422,62 millones, 4,4%.
– Extremadura: 73,49 millones, 4,3%.
– Aragón: 85,66 millones, 4,2%.
Las comunidades autónomas registran una brecha de hasta 557 euros en gasto sanitario
– Comunidad Valenciana: 278,94 millones, 4,1%.
– Castilla y León: 138,16 millones, 3,7%.
– Cantabria: 30,05 millones, 3,5%.
Los presupuestos públicos destinados a la sanidad han pasado de constituir el 6,78% del PIB español en 2009 al 6,23% en 2017, cayendo algo más de medio punto en la última década, según datos de la OCDE rescatados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) para su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas. Se trata de un informe que alerta no sólo del desgaste del sistema, sino de un proceso de privatización de la sanidad en todos los órdenes: aseguramiento privado, conciertos, gasto de bolsillo dedicado a la salud... La federación de asociaciones considera la privatización perniciosa en sí misma para el modelo sanitario público, al incrementar su coste y favorecer la desigualdad. "Los recortes y el deterioro de la sanidad pública han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado, y por eso es una de las estrategias utilizadas para favorecer la privatización", señala el informe, presentado este miércoles. Y añade que la privatización "va unida a una mayor desigualdad y a exclusiones porque sólo acceden a estas formulas las personas con mas recursos".