Varios centenares de personas han participado en la marcha a pie de cinco kilómetros con la que se ha reclamado al Gobierno central que inicie "valientemente" la presentación de una demanda civil para recuperar para el patrimonio público el Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña), el histórico inmueble que Franco obtuvo tras una cuestación popular en el año 1938 y que sigue en manos de sus herederos. Según informa Europa Press, la marcha reivindicativa convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) se inició a las 12.00 horas en Sada, ante el monumento a las víctimas franquistas, con el apoyo de más de 30 entidades sociales y por partidos políticos como En Marea, BNG, Anova o Esquerda Unida.
Tras recorrer los casi cinco kilómetros entre Sada y Meirás cortando el tráfico, los participantes en la marcha se concentraron ante una de las puertas de la muralla del pazo, en la que escenificaron la entrega simbólica de las llaves por parte de un Francisco Franco y Carmen Polo. Desde la CRMH, su portavoz, Fernando Souto, ha explicado que con esta acción reivindicativa se trata de "aunar esfuerzos" y "mostrarle al Gobierno" que tiene apoyo para actuar "valientemente" para iniciar la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público.
La entidad insta al Ejecutivo a iniciar una acción judicial que determine, que el Pazo debe ser público, de acuerdo con los informes de expertos que apuntan a esta vía y conforme a los hechos "que están acreditados". "Esta marcha solicita esa acción, estamos en el mismo barco y queremos que actúe emprendiendo la acción civil, la pelota está en el tejado del Gobierno y le pedimos y lo animamos con las actividades y acciones corresponsables", ha incidido.
No obstante, sus afirmaciones han estado acompañadas también de cierta crítica, al "no entender por qué de momento no se dieron pasos, porque va siendo hora". En este sentido, ha lamentado que la última información sobre posibles acciones del Gobierno sea de septiembre, cuando tuvieron conocimiento de que se había solicitado un informe a la abogacía del Estado sobre la acción civil contra la familia Franco. Ya en el mes de julio, todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Galicia pactaron por unanimidad instar al Gobierno a abrir la vía civil.
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En la marcha también han participado representantes del BNG y su portavoz nacional, Ana Pontón, que proclamó que "no puede pasar ni un minuto más sin que realmente el Gobierno de Sánchez presente esa denuncia para que devuelvan el pazo a los gallegos y gallegas".
En coincidencia con la acción reivindicativa, también ha recordado que 19 personas están denunciadas por la familia Franco por la acción de protesta impulsada por el BNG el 30 de agosto de 2017, cuando accedieron al recinto del pazo y colgaron una pancarta de una de las torres. "Les piden casi 250 años de prisión", con penas de 3 años a 13, según cada caso, "por poner una pancarta".
Un hecho que entiende que es "una vergüenza en un país democrático", en el que "quienes tendrían que estar sentados en el banco de los acusados son la familia Franco por llevar durante bastantes décadas ocupando un pazo que es patrimonio de los gallegos y gallegas". "Desde el BNG estamos apoyando esa marcha para decir alto y claro 'Nunca máis' y para darle un toque de atención al Gobierno central porque es decepcionante la pasividad con la que se están tomando la recuperación de este pazo", ha concluido.
Varios centenares de personas han participado en la marcha a pie de cinco kilómetros con la que se ha reclamado al Gobierno central que inicie "valientemente" la presentación de una demanda civil para recuperar para el patrimonio público el Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña), el histórico inmueble que Franco obtuvo tras una cuestación popular en el año 1938 y que sigue en manos de sus herederos. Según informa Europa Press, la marcha reivindicativa convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) se inició a las 12.00 horas en Sada, ante el monumento a las víctimas franquistas, con el apoyo de más de 30 entidades sociales y por partidos políticos como En Marea, BNG, Anova o Esquerda Unida.