De alguna manera, el descalabro de la privatización sanitaria en Madrid –certificada este lunes después de que el Gobierno regional anunciara que da marcha atrás en su plan de externalizar la gestión de seis hospitales públicos– comenzó en el Hospital de La Princesa. El 31 de octubre de 2012, el presidente Ignacio González reveló su plan de cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Entre otras medidas anunció que ese centro de referencia, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca, se convertiría en un geriátrico y que se privatizaría la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. Dos días después, médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y usuarios de La Princesa, movilizados por asociaciones profesionales y sindicatos, aunque también de forma espontánea, iniciaron un encierro indefinido en defensa de su hospital. Otros hospitales y centros de salud, grandes y pequeños, siguieron su ejemplo.
En las noches de encierro y en los tiempos de descanso ya se rumiaba la idea de hacer una gran movilización e incluso de llamar a la huelga si el Gobierno del PP no daba marcha atrás. El 21 de noviembre de 2012, el entonces consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty –este lunes presentó su dimisión– anunció que mantendría La Princesa como un centro de atención general. Fue la primera victoria de la ciudadanía contra los planes privatizadores del Ejecutivo regional. Pero el movimiento en defensa de la sanidad pública en Madrid no había hecho nada más que empezar. La Princesa era sólo uno más de los escollos a superar.
Meses antes, en mayo de 2012, el neurocirujano Pedro González, con más de veinte años de dedicación a la sanidad pública, plasmó en una carta su desazón ante la “burocratización” y la “centralización” del sector en detrimento de la calidad y los intereses de los pacientes. Llamó a sus colegas a organizarse, a dar un paso adelante y reivindicar su profesión. En octubre de ese mismo año nació la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), creada para defender de forma inseparable los derechos de los médicos y de los pacientes ante los “continuos y graves recortes” que está sufriendo la sanidad pública. Ahora él es su presidente. En noviembre de 2012 Afem llamó a la huelga a todos los médicos madrileños. No durante un día, ni durante dos. De forma indefinida. Los paros duraron cinco semanas. “Era lo mínimo que podíamos hacer. En veinte años de especialización he visto muchos cambios, pero lo que hay ahora es un cambio de modelo de Estado. El objetivo es, como sea, instalar la idea de que lo privado es mejor”, señala González.
De forma inesperada, el sector sanitario, tradicionalmente conservador y poco dado a la movilización, había comenzado a dar la batalla. El centro de su movilización era la defensa del sistema público y la crítica al pretendido ahorro de 200 millones de euros con el que Sanidad justificó el proceso privatizador. Además de Afem, otros colectivos de trabajadores y usuarios como CAS Madrid o PaTuSalud ganaron protagonismo en las protestas. En los despachos del Gobierno regional ya empezaron a tomar en serio a ese grupo de profesionales que había puesto patas la sanidad en Madrid. Sus manifestaciones eran multitudinarias. Su movilización no era cosa de un día. En público hubo incluso descalificaciones. Y eso todavía quedaba el frente judicial, que ha sido el que ha acabado por asestar el mazazo definitivo a un plan en el que, desde el inicio, el Gobierno de González ha estado en la más absoluta soledad.
"Conseguimos lanzar un mensaje profesional al margen de ideologías y generar una esperanza social", dice Patricia Alonso, geriatra y miembro de Afem. Esta profesional con años de experiencia en la sanidad pública asegura haber recibido con "sorpresa" el despertar de su sector. "Conseguimos salir del individualismo, unirnos en una sola voz. Confiamos en que ahora la paralización sea definitiva. Ahora lo que necesitamos es que se empiece a trabajar porque podemos conseguir un sistema más barato y de mayor calidad", señala.
En febrero de 2013 Afem llamó a hacer un día de no-huelga. El objetivo era recaudar el sueldo de un día para pagar a un bufete de abogados que investigara si había irregularidades en las concesiones de los primeros hospitales que privatizó la Comunidad y tratar de detener en los tribunales nuevas privatizaciones. En virtud de esa querella, que avanza por la vía penal, a día de hoy está imputada la cúpula de la sanidad madrileña que impulsó la privatización, entre ellos los exconsejeros de Esperanza Aguirre Manuel Lamela y Juan José Güemes por presuntas irregularidades cometidas en los primeros hospitales de la Comunidad cuya gestión se externalizó.
Meses después, cuando salió a concurso la gestión de los seis hospitales, varios colectivos iniciaron una ofensiva judicial contra los pliegos de adjudicación. Cada zarpazo jurídico tenía una respuesta en la calle, en forma de manifestación. Sólo el verano y el exceso de convocatorias rebajaron el nivel de afluencia a las protestas. La privatización ya se estaba jugando en los tribunales. Y ahí es a donde miraban los profesionales y los ciudadanos defensores de la sanidad pública.
Afem, el sindicato médico AMYTS, CCOO y los socialistas madrileños presentaron recursos, aunque los dos últimos fueron rechazados por falta de legitimación. Desde el pasado septiembre la adjudicación de la gestión de la parte sanitaria de los seis hospitales a las empresas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL estaba suspendida por los tribunales. Ahora, según anunció este lunes Ignacio González, su Ejecutivo ha dejado "sin efectos" esa licitación.
Fracasa el laboratorio de las políticas privatizadoras del PP
Nuevos interrogantes
Por el camino quedan aún algunos interrogantes. El principal, si las empresas adjudicatarias serán indemnizadas y cuánto costará al erario público resarcirlas y si el Gobierno regional llevará a cabo otras medidas anunciadas como la privatización de la gestión de cuatro centros de salud. Por eso, las organizaciones impulsoras de la marea blanca aseguran que seguirán en la lucha. "La paralización es una victoria de los cientos de miles de profesionales y ciudadanos que en la Comunidad de Madrid han mantenido sus movilizaciones, demostrando que cuando se producen movilizaciones masivas, unitarias y sostenidas en el tiempo se pueden conseguir los objetivos", dice Marciano Sánchez Bayle, médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En este sentido, considera que esta suspensión no tiene que poner punto y final a las movilizaciones. "Continúan en pie otras muchas agresiones contra el sistema sanitario público como recortes en distintas áreas, privatizaciones como las de la extracción de sangre o derivaciones sin motivo a los centros privados", lamenta.
Ángel Serrano, médico del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de Los Reyes, cree que la movilización de los últimos quince meses ha supuesto un "despertar en las conciencias de la gente", aunque no un cuestionamiento a fondo de las carencias del modelo público. "Lo que hay que hacer es plantear una alternativa de verdad, ver que esto es una responsabilidad de todos y no protestar sólo cuando vemos peligrar nuestras condiciones de trabajo. Es necesario que haya más control", amplía. Con la privatización hospitalaria detenida, coinciden los profesiones consultados, el objetivo es ahora centrarse en mejorar el sistema con criterios de eficacia y no exclusivamente de rentabilidad económica. Los trabajadores, aseguran, quieren implicarse. La pelota está ahora en el tejado de Javier Rodríguez, médico y hasta ahora parlamentario del PP, que ocupará la consejería de Sanidad madrileña tras la dimisión de Lasquetty.
De alguna manera, el descalabro de la privatización sanitaria en Madrid –certificada este lunes después de que el Gobierno regional anunciara que da marcha atrás en su plan de externalizar la gestión de seis hospitales públicos– comenzó en el Hospital de La Princesa. El 31 de octubre de 2012, el presidente Ignacio González reveló su plan de cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Entre otras medidas anunció que ese centro de referencia, ubicado en el barrio madrileño de Salamanca, se convertiría en un geriátrico y que se privatizaría la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. Dos días después, médicos, enfermeros, auxiliares, pacientes y usuarios de La Princesa, movilizados por asociaciones profesionales y sindicatos, aunque también de forma espontánea, iniciaron un encierro indefinido en defensa de su hospital. Otros hospitales y centros de salud, grandes y pequeños, siguieron su ejemplo.