La Marea Blanca volvió a inundar las calles de Madrid este domingo. La convocatoria número 81 de la organización, con el lema "Ni un paso atrás", volvió a reclamar un sistema sanitario "público, universal y de calidad". Comenzaron a hacerlo en 2012, el año del mayor tijeretazo a los servicios públicos y el momento en el que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió llevar a cabo el mayor proyecto de privatización de la sanidad madrileña. El dirigente conservador pretendía adjudicar la gestión de seis hospitales públicos —Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste— a empresas privadas, un proceso que, además del rechazo social, provocó el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que suspendió cautelarmente la adjudicación. Una decisión que, además, se llevó por delante al entonces consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty. Tras González llegó Cristina Cifuentes y, después de su dimisión, Ángel Garrido. Ahora, tras el 26M, todo apunta a que el PP mantendrá la Presidencia de manos de Isabel Díaz Ayuso, una perspectiva que, según las organizaciones defensoras de la sanidad pública, provocará un recrudecimiento de la privatización sanitaria.
La Comunidad de Madrid es el paradigma de un proceso de deterioro de la sanidad pública que, sin embargo, ha afectado a toda España. Según datos de la OCDE reseñados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) en su informe La privatización sanitaria de las comunidades autónomas, los presupuestos públicos destinados a la sanidad pasaron de constituir el 6,78% del Producto Interior Bruto (PIB) español en 2009 al 6,23% en 2017. En la última década, además, cayeron más de medio punto. Y Madrid, con diferencia, es la autonomía más privatizada, según el documento de la organización.
Lo que temen las asociaciones es que esto persista porque, tal y como declaran en conversación con infoLibre, el proceso de privatización nunca se ha paralizado. Con los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 26M, la conservadora Díaz Ayuso alcanzará previsiblemente la Presidencia de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Según el programa con el que los conservadores concurrieron a los comicios, una de las medidas prioritarias es continuar con la "colaboración público-privada para lograr mayor eficiencia y reducción de las listas de espera". Una propuesta en la que coinciden con la extrema derecha, que aboga por "promover la colaboración con la sanidad privada y con las consejerías de Sanidad de las comunidades limítrofes para reducir las listas de espera", según explicó Vox. El partido naranja, en cambio, no hizo ninguna alusión a este asunto en su programa.
"Ese riesgo existe, claramente. Es muy probable que la privatización se incremente de una manera muy notable", teme Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp. "Esto va a continuar y cada vez iremos a peor", añade Carmen Esbrí, portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y de la Coordinadora Estatal de las Mareas Blancas. Vicente Losada, miembro del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), vaticina lo mismo: "Existe ese temor. No creemos que se produzcan diferencias sustanciales y se modifique la política general ni la sanitaria".
Continuidad del proceso privatizador
Todas las fuentes consultadas apuntan a la continuación de un proceso que, matizan, comenzó hace años. De hecho, según el informe que presentó la Fadsp el pasado mes de abril, el punto de partida de los procesos privatizadores es la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y su continuación en el conocido como Informe Abril (1991). Desde entonces, según la federación, "la privatización se ha extendido a todo el Sistema Nacional de Salud". Pero lo hizo con especial crudeza en la Comunidad de Madrid. "La privatización de la sanidad pública madrileña nunca dejó de existir", señala Sánchez Bayle.
Y se ha hecho de todas las formas posibles que existen para privatizarla. Por ejemplo, desarrollando hospitales de modelo PPP (partenariado público-privado) o FPI (iniciativa de financiación privada). El primero es un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. El segundo consiste en que la empresa concesionaria construye la infraestructura sanitaria a cambio de la gestión del edificio sanitario y la provisión de servicios no sanitarios (alimentación, limpieza, alimentación, etc.).
Pero la privatización también adquiere otros métodos, como la externalización de servicios. Se hace, por ejemplo, con los laboratorios, los servicios de citas, de lavandería o de cocina. O mediante la creación de fundaciones sanitarias públicas como la madrileña Fundación Jiménez Díaz.
Según Sánchez Bayle, esta privatización ha seguido un "goteo" incesante. "Por ejemplo, se han reducido las camas de los hospitales públicos y aumentado las de los privados, se ha incrementado la derivación de enfermos de los hospitales públicos a los privados y aumentado los conciertos con otros centros", critica. Además, según añade Esbrí, "se ha deteriorado la atención primaria" con la aprobación de la medida que fija el cierre de los centros de salud a las seis de la tarde, algo a lo que se opusieron los sindicatos UGT y CCOO. "Se hizo con el argumento de que ayudaba a la conciliación de los trabajadores, pero es mentira. Existe un horario de mañana y otro de tarde", denuncia Esbrí.
Pero sin duda el plan privatizador más agresivo de la sanidad madrileña tuvo lugar en 2012. La mayoría absoluta del PP de Madrid permitió a los conservadores aprobar una ley que permitía ceder a empresas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Una iniciativa que paralizó el Tribunal de Justicia de Madrid. Losada, no obstante, cree que ahora podía recuperarse. "Había errores de carácter administrativo. Esto significa que ahora podría darse el caso de que el nuevo Gobierno tratase de subsanar esas equivocaciones administrativas y volver a intentar privatizar esos hospitales en su totalidad", afirma.
El precedente andaluz
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Todo apunta a que el próximo Ejecutivo madrileño se conforme igual que lo hizo el andaluz. Tras las elecciones del pasado 2 de diciembre, el conservador Juan Manuel Moreno Bonilla alcanzó la Presidencia de la Junta gracias al apoyo de Ciudadanos —que entró en el Gobierno— y Vox. El pasado mes de marzo las tres formaciones ya anunciaron un plan privatizador para su sanidad. Concretamente, anunciaron un plan 'anti listas de espera' para enviar pacientes a centros privados. Una propuesta que tanto los conservadores como los de extrema derecha incluyeron en sus programas para las elecciones a la Comunidad de Madrid.
El conservador Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias, afirmó que la mejor opción es asumir con recursos propios del sistema sanitario andaluz todo el plan de choque destinado a reducir las listas. No obstante, añadió también que si hay que ampliar los actuales conciertos "no pasa absolutamente nada".
Por este motivo, las organizaciones defensoras de la sanidad pública anuncian movilizaciones, aunque se muestran prudentes y abogan por esperar para ver qué alcance tendrán las políticas privatizadoras que, insisten, se producirán. "Se va a deteriorar el servicio público y se va a favorecer la derivación de dinero y pacientes. Eso es indudable. Habrá que ver si, además, se lleva a cabo una operación importante como la que se intentó en el año 2012", advierte Sánchez Bayle.
La Marea Blanca volvió a inundar las calles de Madrid este domingo. La convocatoria número 81 de la organización, con el lema "Ni un paso atrás", volvió a reclamar un sistema sanitario "público, universal y de calidad". Comenzaron a hacerlo en 2012, el año del mayor tijeretazo a los servicios públicos y el momento en el que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, decidió llevar a cabo el mayor proyecto de privatización de la sanidad madrileña. El dirigente conservador pretendía adjudicar la gestión de seis hospitales públicos —Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste— a empresas privadas, un proceso que, además del rechazo social, provocó el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que suspendió cautelarmente la adjudicación. Una decisión que, además, se llevó por delante al entonces consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty. Tras González llegó Cristina Cifuentes y, después de su dimisión, Ángel Garrido. Ahora, tras el 26M, todo apunta a que el PP mantendrá la Presidencia de manos de Isabel Díaz Ayuso, una perspectiva que, según las organizaciones defensoras de la sanidad pública, provocará un recrudecimiento de la privatización sanitaria.