Este miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó iniciar los trámites para la subida del salario mínimo interprofesional, y lo hizo con los votos en contra del PP. Días antes, los conservadores también habían perdido otra votación clave en la Cámara baja: la relativa al comienzo de la tramitación para paralizar la implantación de la polémica ley Wert. Y es que el Ejecutivo tiene mecanismos para entorpecer y retrasar la aprobación de normas que no le gusten o la derogación de algunas de sus medidas estrella, pero parece complicado que pueda evitar completamente al Congreso.
La semana pasada, el Consejo de Ministros pidió formalmente a la Mesa del Congreso que anule su decisión de admitir a trámite la proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de aplicación de la Lomce, aprobada con los votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos, Ciudadanos y los nacionalistas. Lo que pretende el Ejecutivo es que esta iniciativa, cuya aprobación a trámite supuso su primer revés parlamentario de la legislatura, quede sin efecto y no pueda seguir tramitándose.
El Ejecutivo argumenta que la Mesa –el órgano que se encarga de decidir que proposiciones se debaten y cuáles no, y donde el PP tiene tres asientos por dos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos– ha obviado su derecho a vetar las iniciativas parlamentarias que supongan un aumento del gasto o una reducción de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado. Y el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avisó de que si el órgano no reconsideraba su decisión y no daba la razón al Gobierno, éste acudirá al Tribunal Constitucional. Serán fundamentalmente esas dos vías las que tratará de explorar el Ejecutivo para impedir que el Congreso apruebe normas con las que esté en desacuerdo.
El veto por razones presupuestarias
El Gobierno se apoya en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación", ya que asegura que la paralización de la Lomce supone una pérdida de ingresos de 600 millones de euros en ayudas europeas. El reglamento del Congreso desarrolla esta prerrogativa y establece que "ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".
La utilización de este instrumento, que hasta 2008 había sido muy escasa, es una de las principales bazas con las que cuenta el Gobierno para torpedear la capacidad legislativa del Congreso, si bien no es infalible. Y es que la Mesa puede rechazar las razones esgrimidas por el Gobierno para vetar la tramitación de las iniciativas de la oposición –como ha hecho, precisamente, con la relativa a la Lomce–, especialmente cuando el órgano no tiene una mayoría absoluta de ninguno de los grupos.
Además, la prerrogativa del Ejecutivo únicamente afecta a los presupuestos en vigor, por lo que, para evitarla, a la oposición le bastaría con incluir en sus propuestas una disposición estableciendo que su entrada en vigor se produzca al año siguiente. Ese es el motivo por el que el Ejecutivo no tiene la capacidad de anular la proposición de ley para aumentar el salario mínimo, que fue admitida a trámite hace unos días con los votos a favor de Unidos Podemos, PSOE y los nacionalistas: como la norma entraría en vigor el 1 de enero de 2018 no afectaría a las cuentas de este año, y, si se aprobase, los presupuestos de 2018 deberían –quiera o no el Gobierno– incluir el eventual aumento del gasto que produjese esta medida.
Con ese método, la oposición podría promover iniciativas que modificasen la política económica, si bien el Gobierno tendría tácitamente la capacidad de poder retrasarlas, dado que estaría en su derecho de vetarlas si la proposición de ley en cuestión plantease cambios presupuestarios relativos a las cuentas del año en curso. En este sentido, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos están de acuerdo, por ejemplo, en la rebaja del IVA cultural del 21% al 10%, y los socialistas y la coalición de izquierdas podrían encontrar apoyo en los nacionalistas para cuestiones como la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. La Mesa del Congreso, precisamente, ha remitido a los servicios jurídicos de la cámara una proposición de ley del PSOE en relación a este segundo asunto.
El recurso ante el TC
¿Cómo puede jugar sus cartas el Gobierno si la Mesa del Congreso no acepta sus vetos por considerar que no están fundamentados? Pues tal y como anunció Méndez de Vigo, acudiendo a la Justicia, y en concreto al Tribunal Constitucional (TC) –que actualmente cuenta con mayoría conservadora– para que decida sobre si existe una invasión de las competencias del Gobierno por parte del Congreso. El Ejecutivo ya argumentó hace unos días que la Mesa no puede limitar sus vetos porque eso sería contrario a la jurisprudencia del propio TC.
Para poder recurrir al Constitucional, el Ejecutivo tendría que pedir en el plazo de un mes a la Mesa que rectificase su decisión cada vez que este órgano no tomase en consideración su veto. Si la Mesa hiciera caso omiso de la petición del Gobierno, éste tendría el derecho a acudir al TC, que daría un plazo de un mes a la Mesa para que formulase sus alegaciones al respecto. Posteriormente, el tribunal decidiría sobre la validez del veto del Gobierno: si lo asumiera como válido, eso implicaría que la norma en cuestión quedaría derogada o, en el caso de que se estuviese tramitando, la iniciativa decaería.
Si el Ejecutivo cumpliera su amenaza y acabase utilizando este instrumento para intentar detener la iniciativa para paralizar la aplicación de la Lomce, sería la segunda vez en apenas unos meses en la que el TC se ve requerido para solucionar un choque entre el Congreso y el Gobierno. El pasado junio, la Cámara baja ya denunció al Ejecutivo porque el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, y sus ministros se negaron durante meses a someterse al control del Congreso precisamente alegando que no estaban en plenitud de competencias.
La mayoría absoluta del PP en el Senado
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Más allá de vetos y de posibles recursos al Constitucional, la propia aritmética parlamentaria da la posibilidad al PP de retrasar la aprobación de leyes que no le gusten, aunque no pueda paralizarlas a través de este método. Esto es así porque la fragmentación del Congreso no se repite en el Senado, donde los conservadores gozan de una cómoda mayoría absoluta con 146 de los 266 senadores, y aunque la Cámara alta no puede vetar las leyes que apruebe el Congreso, sí puede dilatar su implantación.
Normalmente, para ser aprobado, un proyecto o una proposición de ley –la primera denominación hace referencia a las iniciativas que plantea el Gobierno y la segunda a las de los grupos parlamentarios– tiene que ser, en primer lugar, admitido por la Mesa del Congreso. Si supera esta primera fase, se somete a una votación de toma de consideración en el pleno, y si la iniciativa prospera pasa a la fase de enmiendas, donde los grupos pueden introducir modificaciones.
Si finalmente el pleno del Congreso aprueba la norma, ésta pasa al Senado, y es ahí donde el PP tiene la capacidad de retrasar su implantación. La Cámara alta puede aprobar la iniciativa tal y como viene del Congreso, pero también tiene la capacidad –reconocida por la Constitución– de introducir enmiendas o, directamente, de vetar la proposición por mayoría absoluta. Para ello cuenta con un plazo de dos meses, que sería el tiempo máximo que el PP podría retrasar la aprobación de una norma, ya que si el Senado veta la iniciativa, ésta vuelve de nuevo al Congreso y la Cámara baja puede aprobarla definitivamente.
Este miércoles, el Congreso de los Diputados aprobó iniciar los trámites para la subida del salario mínimo interprofesional, y lo hizo con los votos en contra del PP. Días antes, los conservadores también habían perdido otra votación clave en la Cámara baja: la relativa al comienzo de la tramitación para paralizar la implantación de la polémica ley Wert. Y es que el Ejecutivo tiene mecanismos para entorpecer y retrasar la aprobación de normas que no le gusten o la derogación de algunas de sus medidas estrella, pero parece complicado que pueda evitar completamente al Congreso.