El centro de Madrid es un hervidero político, judicial, económico y mediático. Y la ley de amnistía copa todas las conversaciones. Desde la incertidumbre de qué terminará votando Junts hasta los riegos para la legislatura o el encrespado debate dentro de la Junta de Fiscales sobre la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont. Con la vista puesta en el calendario de la Comisión de Justicia para intentar llegar a un acuerdo: un plazo de quince días, prorrogable dos semanas más.
Marta Vilalta pasa unas horas en Madrid. Está en el Congreso de los Diputados para apoyar otra norma llegada del Parlament para el acceso a los servicios bancarios en los municipios. Y en mitad del torbellino informativo atiende a infoLibre. El mensaje de la secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra es claro: la ley de amnistía está bien hecha y hay que aprobarla lo antes posible. Su opinión es que no se debe dejar en esta situación de limbo y no se puede dar más a tiempo a que se muevan la oposición y algunos jueces. Ella ve que el magistrado Manuel García-Castellón está prevaricando y defiende que en la Cámara Baja se pueda criticar la actuación de algunos jueces. Para la dirigente independentista, es la hora de responsabilidad de todos los actores que apuestan por la amnistía. Recuerda, en un mensaje dirigido a Junts, que hay centenares de personas afectadas esperando.
¿Va a salir adelante la ley de amnistía?
Estamos convencidos de que va a salir, pero también decimos que hemos desaprovechado una última oportunidad de oro al no tenerla ya y necesitar más tiempo para que se apruebe. La ley está bien hecha, se ha trabajado intensamente, ya la tenemos. Es cuestión de que se apruebe ya porque dependen de ella muchas personas y cerrar la carpeta de la represión para entrar en el fondo. Y poder seguir hablando de cómo abordamos el conflicto político.
¿Qué le pareció el no de Junts en la votación en el Pleno? ¿Le sorprendió? ¿Lo sabían? ¿Qué sintió?
En las últimas horas intuimos que acabaríamos así. Reitero: es una oportunidad perdida, que de algún modo pone en riesgo algo que no debería haber llegado a esta situación. Es darle tiempo a los jueces y a la oposición y entrar en un tiempo de incertidumbre cuando la ley ya la tenemos. Siempre tendremos que seguir trabajando para combatir las obsesiones de los jueces y de los que nos quieren perseguir y reprimir. Tenemos que volver a rehacer esta mayoría y, por tanto, emplazar a Junts, y también al PSOE y al resto de formaciones, a conjurarnos para votarla lo antes posible.
¿Cree que se conseguirá el acuerdo en estos quince días?
Esperamos que sea así y que no tengan que pasar quince días más en esta situación de incertidumbre, dándole tiempo a los jueces a que vayan inventándose causas, delitos y acusaciones injustas y que no corresponden a la realidad. Ojalá sea mañana, llevamos una semana de retraso.
La ley de amnistía es urgente, no compartimos que se tenga que combinar con otras cosas
Junts traslada sus dudas de que el actual redactado, a la vista de las instrucciones, pueda aplicarse a todo el independentismo. El PSOE, en cambio, asegura que funcionará para todos. ¿Cree que sirve para la mayoría de independentistas?
Sirve para incluir a todo el mundo que ahora mismo tiene causas abiertas relacionadas con el independentismo. Dudamos de los jueces, pero la ley está bien hecha, es inclusiva y cubre a todas la personas que han estado injustamente reprimidas, ya sea por los procesos democráticos o las manifestaciones posteriores al juicio. Lo que dudamos es de los jueces porque hemos visto cómo han actuado hasta ahora, y ahora tienen la obsesión de definir como terrorismo a aquello que han sido movilizaciones y un derecho fundamental de los ciudadanos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a la posibilidad de recortar las instrucciones judiciales. ¿Están de acuerdo en que la solución para que Junts apoye la amnistía pase por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Estamos abiertos a valorar cualquier mejora en cualquier instrumento que pueda contribuir a eliminar la represión y a evitar la judicialización para que prevalezca la política. Siempre hemos sido parte de la solución. Pero ahora hay una urgencia que es la ley de amnistía. Por lo tanto, no compartimos que se tenga que combinar ahora con otras cosas. Tenemos la ley, está bien hecha, la hemos pactado, ha costado muchísimo pero lo hemos conseguido. Por lo tanto, que se apruebe. Y a futuro seguro que tendremos que mejorar algunas otras normas y procedimientos porque desgraciadamente intuimos que los jueces o algunas partes del Estado seguirán insistiendo en el camino de la represión.
Hablando de los jueces, ¿está prevaricando en su opinión el juez Manuel García-Castellón?
Nosotros creemos que sí porque cuando te inventas delitos que no han existido y estiras al máximo una realidad que no es real es que estás actuando por un interés que no es el general y no defiendes los valores y principios de la democracia. Se está extralimitando y tiene la obsesión de perseguir a una serie de personas acusándolas de terrorismo. Todo el mundo sabe que no ha habido terrorismo y que el proyecto de independencia que defiende ERC y en Cataluña se basa en la democracia, en las urnas. Es un movimiento pacífico.
El fiscal conservador Ángel Redondo no ve terrorismo en su informe, lo que ha causado malestar entre sectores fiscales.
Es que es la realidad. El juez no está haciendo bien su trabajo o está haciendo un trabajo que le corresponde un juez.
ERC está conforme con la ley de amnistía porque incluye todos los casos abiertos
¿Qué le parece el comunicado que ha sacado el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace más de cinco años, criticando que diputados hablen de jueces en el Pleno?
Parece que en este país se puede hablar de todo el mundo excepto de los jueces, la Fiscalía y el estamento judicial. Expresar las opiniones entra dentro de la democracia. Respeto siempre a las leyes y al sistema democrático, pero no nos podemos quedar callados cuando algunos jueces se extralimitan. Lo que defendemos es que si hay un conflicto político, hay que resolverlo políticamente. Esto quiere decir que nos tenemos que dotar de las herramientas democráticas para solventarlo. En nuestro caso, la propuesta pasa por un referéndum como se ha hecho en otros países del mundo.
Se constata una diferencia de actitud respecto a la ley de amnistía entre Esquerra y Junts, teniendo casos similares en la instrucción de Tsunami con Marta Rovira y Carles Puigdemont. Ustedes quieren sacar ya la ley adelante, pero los posconvergentes tienen dudas sobre el blindaje del expresident. ¿Están poniendo los posconvergentes por delante los intereses de Puigdemont de los de centenares de personas que se pueden ver beneficiadas de la norma?
No sé con qué intenciones está defendiendo Junts lo que defiende. Lo que sí podemos decir es que ERC está conforme a esta ley porque sabemos que incluye a todos los casos abiertos en distintas causas vinculadas con la represión. No defenderíamos algo que excluyera a Marta Rovira, que es la secretaria general de nuestro partidos. Estamos convencidos de que la ley está bien hecha, lo que sí nos preocupa es la aplicación que hagan los jueces a posteriori. Pero la ley se tiene que poder implementar dentro de unos marcos constitucionales y a nivel europeo. Es una ley buena e incluye a todo el mundo. Y es necesaria porque afecta a centenares de personas que están esperando a que se termine esta situación de angustia. Necesitamos poder cerrar esta carpeta de la represión.
¿Retocar la ley de amnistía podría ponerla en riesgo antes posteriores interpretaciones del Tribunal Constitucional y de las instancias judiciales europeas?
Según en qué dirección, podría pasar. Por eso, nos reafirmamos en que la ley de amnistía sirve y es buena porque ya pactamos lo que se podía mejorar, siempre de los límites de que debe incluir a todo el mundo y que se pueda aplicar.
¿Le da vértigo que no pueda salir la ley?
Es que no pensamos que pueda pasar esto. Hay un compromiso político de todos los actores que nos hemos conjurado para que esto pasase. Hace mucho tiempo que desde Esquerra luchábamos para que fuera posible cuando nos decían que no podía ser. Estábamos muy solos, y gracias a las mayorías que se han formado y al proceso que llevamos haciendo muchos años ahora es posible. Hemos hecho un texto y lo hemos pactado. No queremos ni pensar que no acabe saliendo. Por eso, volvemos a pedir esta responsabilidad a todos los actores. La ley está preparada y es buena, concentrémonos todos en que se apruebe lo antes posible.
La voluntad es agotar la legislatura en Cataluña, las elecciones tocarían en febrero del año que viene
Si no se aprueba esa ley, ¿estaría acabada la legislatura? ¿Habría que ir a elecciones anticipadas a partir del 29 de mayo?
No queremos valorar otros escenarios. Es nuestra responsabilidad trabajar para que se apruebe. Sabemos lo importante que es avanzar y consolidar estos pasos. Interpelamos al resto de formaciones para que contribuyan también. Obviamente es un mensaje a Junts para consolidar esta ley.
Acaba de negar que hubiera terrorismo, también lo ha rechazado el presidente del Gobierno en varias ocasiones. En la Comunidad de Madrid sí escuchamos a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, decir que sí hubo terrorismo en Cataluña. ¿Qué le parece este mensaje?
Es extremadamente irresponsable lo que hace la presidenta de Madrid o cualquier declaración en este sentido. Primero, si las movilizaciones en Cataluña son terrorismo, todo es terrorismo: cualquier huelga o concentración de un sector. Esto es absurdo. Y segunda reflexión: falta al respeto a las personas que son víctimas del terrorismo. Las movilizaciones de Tsunami querían defender el diálogo, su lema era Spain, sit and talk. Lo que están haciendo el PP, Vox y sectores reaccionarios es atacar y utilizar Cataluña.
El PP dice que el Gobierno es rehén de ustedes. ¿Considera que han secuestrado al Ejecutivo?
No, lo que hemos hecho es una apuesta para poder negociar. Es la dinámica de la política: hablar y poder pactar. Lo que nos está diciendo el PP y Vox es que aquí no se puede hablar y que somos todos unos delincuentes. ¿Cómo quieren persuadir a algún catalán que quiera poder decidir el futuro colectivo de Cataluña? Es el 80% de la población en Cataluña. Tendrían que ser mucho más responsables y no contribuir a esta escalada de declaraciones sin fin.
Lo que hacen PP y Vox es atacar y utilizar a Cataluña
¿Están negociando los presupuestos generales a pesar de esta incertidumbre por la ley de amnistía? ¿Están hablando con Hacienda? ¿Han trasladado sus peticiones?
Un poco a la expectativa de que el Gobierno pueda acabar con los trámites preceptivos para abrir las negociaciones. Evidentemente habrá demandas porque en Cataluña hay un déficit de inversiones, además del fiscal.
El presidente del Gobierno siempre defiende que se puede comprobar que hoy Cataluña está mejor que en 2017, ¿es así?
Depende de cómo se mire. Es verdad que la situación ha cambiado, pero no compartimos el sentido con el que lo dice el presidente. Dice que todo ha vuelto a la normalidad como antes del procés, pero esto no es así. Hay una voluntad mayoritaria de la sociedad que quiere decidir el futuro a través de un referéndum pactado. Hay aún una situación de represión generalizada que afecta a muchísimas personas públicas y anónimas. Sí que hemos avanzado en este camino de solucionar la represión y de organizarnos en una mesa de negociación, pero no está resuelto el conflicto político. Hay muchos retos pendientes como la financiación, el déficit en Rodalies y en muchos ámbitos sectoriales. No compartimos el sentido con el que el presidente dice que la situación está mejor.
Sánchez descartó este lunes en una entrevista en Al rojo vivo un referéndum en Cataluña. ¿Usted sí lo ve posible?
Sí, porque cosas que nos decían imposibles hace unos meses ahora son posibles. Esto es un camino. Sabemos que en un día no lo conseguimos todo, pero hace muchos que estamos trabajando para que sea posible. Estamos convencidos de que lo podremos hacer. ¿Cómo se van a resolver los problemas políticos en la Europa occidental en el siglo XXI? Con las herramientas de la propia democracia como es un referéndum. Se ha hecho en Escocia y en Quebec. ¿Por qué no podemos pactar una consulta en Cataluña y que gane el mejor? Respetaremos el resultado, que asuma la democracia también el Gobierno español. Se trata de poder pactar las condiciones y la fórmula.
Estamos convencidos de que podremos hacer un referéndum
En todo momento se habla de la complejidad de la legislatura y de la debilidad parlamentaria del Gobierno en el Congreso, pero lo tiene incluso más difícil el Govern en el Parlament. ¿Va a aguantar el Ejecutivo catalán hasta febrero del año que viene?
La voluntad es agotar esta legislatura, las elecciones tocarían en febrero de 2025. Lo ha manifestado Pere Aragonès. Somos conscientes de que no hay una mayoría estable en el Parlament, pero la realidad es que hemos sido capaces de construir consensos diversos y amplios que han permitido aprobar los dos últimos presupuestos. Esperamos que los de este año se puedan sacar los más pronto posible.
Pere Aragonès ha dado el paso para presentarse a la Generalitat otra vez, ¿será el candidato definitivo?
Será el candidato.
Siempre hay rumores de que puede intentarlo Oriol Junqueras.
Ángel Víctor Torres: “Hoy España está más unida que cuando gobernaba el PP”
Fue el propio Junqueras el que salió junto a Aragonès para certificar que él será el president. Es el mejor candidato posible. Lo está demostrando cada día con su liderazgo y responsabilidad. Nada de rumores.
Después de las próximas elecciones, ¿descartan un tripartito entre ERC, el PSC y los comunes?
Lo que queremos es ganar las elecciones y seguir liderando el Govern y las principales políticas que han marcado un antes y un después en temas como el feminismo o la lucha contra el cambio climático, además de en el Estado del Bienestar.
El centro de Madrid es un hervidero político, judicial, económico y mediático. Y la ley de amnistía copa todas las conversaciones. Desde la incertidumbre de qué terminará votando Junts hasta los riegos para la legislatura o el encrespado debate dentro de la Junta de Fiscales sobre la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont. Con la vista puesta en el calendario de la Comisión de Justicia para intentar llegar a un acuerdo: un plazo de quince días, prorrogable dos semanas más.