En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 7.291 personas mayores sin ser trasladadas a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Tres años después, los familiares de las víctimas siguen sin saber qué pasó en estos centros en la primavera de 2020 ante la pasividad judicial y las mentiras políticas. ¿Por qué se ha corrido un tupido velo sobre este asunto y nadie investiga lo que realmente sucedió? "Eso me gustaría que me explicaran a mí", responde José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión ciudadana que ha impulsado las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia para "buscar la verdad y la reparación para las víctimas" en conversación telefónica con infoLibre. Responder a esta cuestión será "uno de sus objetivos": "Quizás haya responsabilidades médicas, políticas.. no me quiero anticipar".
Pero no será el único. "Queremos buscar la verdad. Justicia, en cierto modo, no podremos hacer porque eso corresponde a los jueces. Aunque queremos ofrecer la posibilidad de reparación y, sobre todo, el derecho de no repetición", asegura Martín Pallín que reconoce sentirse "muy honrado" en que lo hayan tenido en cuenta para el puesto. El magistrado emérito recuerda que, a pesar del nuevo modelo del Gobierno, siguen "bastante abandonadas" y "debería haber una preocupación mayor de la sociedad y de los políticos".
¿En qué consistirá esta comisión ciudadana? "En España no se ha hecho nunca algo así", sostiene. Martín Pallín explica que se han inspirado en el Tribunal Russell. También conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, fue un tribunal de opinión internacional e independiente que se creó en 1966 para investigar la intervención de EEUU en Vietnam. "Estuve en el de Palestina y en el de Sudáfrica", recuerda el magistrado que también apunta que el objetivo es "reproducir más o menos un juicio".
"Podremos oír a familiares, llamaremos a peritos para conocer su opinión sobre el conocido como Protocolo de la Vergüenza y también recopilaremos un abundante documentación sobre el tema de muchas procedencias, como el informe de Amnistía", expone Martín Pallín que apunta que "como no podemos abarcar toda España, nos centraremos en Madrid". En la región, entre los meses de marzo y mayo de 2020 perdieron la vida 9.470 personas en las residencias de mayores. Esto significa que el 77% del total lo hicieron en el propio geriátrico. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el 18 de marzo de aquel año el protocolo que impidió la derivación hospitalaria de residentes con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo.
De Ruiz Escudero a Reyero y Mur
Por esta razón, Martín Pallín tiene claro a qué responsable político le gustaría escuchar en la comisión. "He propuesto llamar al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Aunque me imagino que no me hará caso y no vendrá", reconoce. Asimismo, es probable que también llamen a testificar a los dos únicos cargos del Gobierno de Ayuso que han declarado ante la justicia por el Protocolo de la Vergüenza: Alberto Reyero, exconsejero de Política Sociales, y Carlos Mur, firmante de las cuatro versiones que tuvo el documento [puedes consultar aquí los documentos íntegros desvelados por infoLibre].
Sus testimonios del pasado mes de marzo dejaron claro que el protocolo existió y contó con el respaldo del consejero de Sanidad, se envió a los hospitales y se aplicó, a pesar de que Ayuso y su aparato de propaganda lo calificaron durante meses como un simple "borrador". Tres años después, han sido los únicos que han dado explicaciones frente a un juez. Más de 40 procedimientos continúan abiertos, pero la mayoría han sido archivados. Reyero, que se opuso desde el primer momento al Protocolo, testificará de nuevo el próximo 15 de junio.
"La idea es que no se prolongue más de un mes"
Martín Pallín presidirá una comisión ciudadana para "buscar la verdad" de lo que ocurrió en las residencias de Madrid
Además de la pasividad judicial, la inacción política ha sido otros de los obstáculos constantes a los que se han enfrentado los familiares de las víctimas. El magistrado recuerda que "no se han hecho comisiones de investigación" sobre las residencias. En la Asamblea de Madrid se creó una comisión de investigación en junio de 2020, que llegó a celebrar ocho sesiones, pero PP y Vox la enterraron tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Desde entonces, han rechazado todos los intentos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos por reactivar dicha comisión. En enero de 2022, Amnistía Internacional solicitó la apertura de una comisión de investigación en el Congreso. Nunca se ha llegado a producir.
El resultado final, como detalla Martín Pallín, será un dictamen sobre "si se actuó correctamente o maliciosamente" durante la primera ola de la pandemia. La comisión, que empezará el próximo mes de junio para evitar ser calificado de "tendencioso" o "partidista" por la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, no se alargará mucho en el tiempo: "La idea es que no se prolongue más de un mes".
Junto a Martín Pallín, forman parte de esta comisión ciudadana otras seis personas de reconocido prestigio profesional: María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología por la Universidad de California; Fernando Lamata, médico y experto en Gestión y Administración Sanitaria; Anna Freixas, escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba; Fernando Flores, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y profesor de Derecho Constitucional; Cristina Monge, socióloga, politóloga y columnista de infoLibre; y Eduardo Ranz, abogado especialista en memoria histórica.
En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 7.291 personas mayores sin ser trasladadas a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Tres años después, los familiares de las víctimas siguen sin saber qué pasó en estos centros en la primavera de 2020 ante la pasividad judicial y las mentiras políticas. ¿Por qué se ha corrido un tupido velo sobre este asunto y nadie investiga lo que realmente sucedió? "Eso me gustaría que me explicaran a mí", responde José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión ciudadana que ha impulsado las plataformas Marea de Residencia y Verdad y Justicia para "buscar la verdad y la reparación para las víctimas" en conversación telefónica con infoLibre. Responder a esta cuestión será "uno de sus objetivos": "Quizás haya responsabilidades médicas, políticas.. no me quiero anticipar".