El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el que la presidenta de Comunidad de Madrid se matriculó del máster sobre derecho autonómico que la mantiene en la cuerda floja, imparte también otras formaciones que parecen tener poco que ver con el ámbito jurídico al que se refiere el nombre del centro. Su oferta docente ha incluido desde grados oficiales como el que cursó Cristina Cifuentes, que dejó de impartir en el curso 2012-2013, a títulos propios de Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica, Terapia Sexual y de Pareja, o Sexología y Género.
El escándalo surgido en torno a las condiciones en las que la presidenta autonómica cursó un máster ha puesto el foco sobre cómo se organiza la amplia oferta de posgrados de los campus públicos españoles, en la que convergen los másteres oficiales, regulados y homologados en el entorno comunitario; los títulos propios, que son aprobados únicamente por las universidades con exigencias académicas menos rigurosas; y los títulos de especialista y experto universitario, con una dedicación lectiva menor y también procedimientos normativos más flexibles.
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el llamado Plan Bolonia que empezó a implantarse en España en 2007, contribuyó a la proliferación de este tipo de títulos porque en el ámbito de los estudios de posgrado se pasó de un sistema de licenciatura y doctorado a otro más secuencial de grado, máster y doctorado. "Prácticamente en tres años, de 2007 a 2010, se generaron alrededor de 1.800 másteres oficiales que ya existían como títulos propios. Mientras que otros propios permanecieron como tales por los menores requisitos exigidos", explica Juan Hernández Armenteros,profesor de la de la Universidad de Jaén experto en financiación universitaria.
Los datos oficiales reflejan claramente este impulso. En el curso 2015/2016, el último del que hay datos disponibles, las universidades públicas ofertaron un total de 2.925 másteres oficiales con 108.423 alumnos matriculados. Siete años antes, en el 2008/2009, los títulos homologados ofertados eran menos de la mitad (1.414) y los estudiantes matriculados poco más de un tercio (40.961). Además, en el curso 2015/2016, los campus públicos ofertaron también 1.856 títulos propios, con 47.677 estudiantes; 1.019 de especialista y 1.121 de experto. Actualmente, de media, las universidades públicas registran en su oferta un 18% más de másteres que de títulos de grado.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el informe La Universidad Española en Cifras 2015-2016 [consultar, aquí] del que el profesor Hernández Armenteros es codirector, alude a las "bajas cifras de matrícula" que se vienen contabilizando en un "número considerable" de títulos de máster e insta a hacer un "análisis" al respecto. Los responsables de los campus creen que habría que adecuar la oferta a una demanda suficiente y también creen que sería interesante hacer un "análisis objetivo de los resultados de formación de personal de investigación de dichas titulaciones en términos de lectura de tesis doctorales".
Hernández Armenteros explica que el incremento de la oferta responde al tradicional modelo de desarrollo de la Universidad española, que ha optado por la proximidad territorial creando al menos una titulación de máster por cada grado impartido para dar la posibilidad a los estudiantes de continuar su formación en el mismo centro en el que la iniciaron. No obstante, ese nivel de retención es muy divergente. Según la CRUE, hay más de sesenta puntos de diferencia entre la universidad que tiene más alumnos que continúan estudiando en el centro tras graduarse, que es la Pompeu Fabra, con el 65,4%; y la que menos, que es precisamente la Rey Juan Carlos, con el 5,5%.
¿Vía de negocio?
¿Por qué ocurre esto? ¿Son los másteres una forma de atraer recursos para los campus? No lo cree así el profesor Hernández Armenteros, que asegura que en el caso de los oficiales los ingresos por los precios de matrícula, a pesar de que se han disparado en algunas comunidades en los últimos años, apenas cubren el 25% de los gastos de impartición. Los oficiales tienen tasas fijadas por las comunidades autónomas en base a unas horquillas que establece el Ministerio de Educación. Otra cosa son los títulos propios, cuya cuantía las fijan las universidades y se rigen bajo el principio de autofinanciación, lo que propicia que estén activos sólo mientras son útiles para el mercado.
"Para la institución los másteres no suponen una fuente de ingresos adicional. Otra cosa son los títulos propios, que pueden poner en marcha ciertos profesores en el seno de sus departamentos y que sí les pueden reportar a ellos ciertos beneficios. Los departamentos son los que soportan tanto los gastos como los beneficios que estos puedan generar y con el dinero de las matrículas pagan las horas extra de los docentes. En caso de dar clase en un máster oficial, un profesor raso no tiene ningún suplemento salarial", subraya Hernández Armenteros. Por ejemplo, el IDP donde Cifuentes se matriculó del máster de la polémica goza de autonomía presupuestaria y financiera.
Además, en ocasiones, los títulos propios se imparten directamente en centros privados con los que las universidades hacen convenios y con profesores ajenos a la propia institución. Lo que hacen los campus es ofrecer un paraguas legal y acreditar que cuenta con su sello de calidad. En su página web, la Universidad Complutense advierte de que la titulación que se obtiene con uno de estos estudios "no produce efectos académicos, por lo que no dan acceso a másteres oficiales ni al doctorado" y de que "su valor y reconocimiento dependen de su adaptación a la demanda social". Por ejemplo, el citado título de Terapia Sexual y de Pareja al que da cobertura el IDP de la Rey Juan Carlos, se imparte realmente en las instalaciones de una fundación llamada Sexpol y con sus profesionales.
"La heterogeneidad de títulos provoca incertidumbre entre los estudiantes. Nos encontramos ante la situación de que parece que se llega a hacer negocio con algunos de ellos y eso es algo que hay que evitar en las universidades públicas. No obstante, sí hay títulos propios que son interesantes porque pueden estar más enfocados al mercado laboral, pero es importante dejar claro que no están reconocidos en el espacio europeo", señala Carles López, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae).
Aumento de las tasas
Los alumnos de máster han sido, sin duda, los más perjudicados por el decreto de "racionalización del gasto educativo" que, en 2012, promovió un cambio en la forma de pago en los campus públicos al dar a las autonomías la posibilidad de establecer la parte del coste educativo que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito de los estudios de posgrado se podía posicionar entre el 40 y el 50% del coste real que supone impartirlo.
Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo. Lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento de los precios de más del 30%. Los principales incrementos se han registrado en Cataluña y Castilla y León, donde los másteres han llegado incluso a duplicar su precio en los últimos seis años. Hacer un máster oficial en una universidad pública catalana ha pasado de costar, como mínimo, de unos 1.660 euros a casi 4.000 euros. Las diferencias por autonomías son muy acusadas. En Andalucía o Castilla-La Mancha, las más baratas, se puede cursar uno de estos títulos por menos de mil euros.
Las citadas horquillas de precios no operan para los títulos propios, cuyo precio lo fijan las universidades y suele ser bastante superior al de los oficiales. Por ejemplo, la URJC ofrece un título propio sobre Comercio Electrónico que realmente se imparte en la Cámara de Comercio de Madrid y que cuesta 6.900 euros.
"El problema con los másteres no es tanto académico, que a veces también se da, como económico, pues se han vuelto convenientes para muchos y directamente imprescindibles para otros cuando su precio es mucho más alto que el de los grados", señala Carmen Romero, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Con imprescindibles se refiere a las 14 profesiones que necesitan la obtención de título de posgrado para poder ejercer, son los llamados másteres habilitantes que también llegaron con la implantación del Plan Bolonia.
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Asimismo, Romero recuerda que las becas para estudiar másteres oficiales son muy reducidas y que, además, tienen unos requisitos de acceso muy exigentes, pues es necesario haber tenido al menos una media de siete puntos sobre diez en el grado para poder acceder al reparto por criterios económicos. "Algo complicado en general y, especialmente, para los que compatibilizan su formación con algún trabajo para poder mantenerse", dice Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. De ahí que los estudiantes lleven tiempo reclamando la equiparación del precio de los másteres con el de los grados.
Respecto al aumento de la demanda que han experimentado los másteres, el profesor Hernández Armenteros también alude a la realidad del mercado laboral español, donde cada vez se exigen más credenciales. Además, matricularse en un máster ha sido una vía de salida para quienes, en los últimos años, han sufrido la pérdida de su puesto de trabajo. Lo corroboran los portavoces de colectivos estudiantiles consultados, que aseguran que aunque en la ordenación académica que trajo la implantación del Plan Bolonia las titulaciones de máster aparecen como complementarias en el desarrollo curricular, en la práctica, se han convertido en obligatorios.
"Ahora parece que si no tienes un máster no has completado tu formación. Creemos que es una dinámica que responde a una voluntad de hacer negocio con la educación a pesar de que pueda ser inaccesible para buena parte de la población", se queja García. "Los estudiantes tienen que hacer grandes esfuerzos para poder pagar estos estudios, cada vez tenemos más casos de compañeros que no pueden acceder a este tipo de títulos por motivos económicos", sentencia López, de Canae.
El Instituto Universitario de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el que la presidenta de Comunidad de Madrid se matriculó del máster sobre derecho autonómico que la mantiene en la cuerda floja, imparte también otras formaciones que parecen tener poco que ver con el ámbito jurídico al que se refiere el nombre del centro. Su oferta docente ha incluido desde grados oficiales como el que cursó Cristina Cifuentes, que dejó de impartir en el curso 2012-2013, a títulos propios de Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica, Terapia Sexual y de Pareja, o Sexología y Género.