Madrid, 24 de enero de 1977. Son las 22.45 horas de la noche y suena el timbre en el segundo piso de la calle Atocha número 55, donde se encuentra uno de los más importantes despachos de abogados laboralistas –junto con el de Españoleto y el de Lista– de la capital. En ese momento, nueve personas, vinculadas a CCOO y el PCE, se encontraban afrontando la última reunión del día. Al abrir la puerta, dos pistoleros de extrema derecha acceden al domicilio y un tercero se queda vigilando la entrada. Tras un breve intercambio de palabras, abren fuego contra los abogados. Con las víctimas tendidas en el suelo, aprietan de nuevo el gatillo.
El ataque, que se cierra con cinco muertos –Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez– y cuatro heridos –Miguel Sarabia, Alejandro Ruíz-Huerta, Luis Ramos y Dolores González–, puso fin a las 48 horas más delicadas de la Transición española. Dos días que comenzaron con el asesinato del manifestante Arturo Ruiz a manos de un pistolero de la extrema derecha y que continuaron con el secuestro por los Grapo del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Villaescusa, y el asesinato de la manifestante María Luz Nájera, alcanzada en la cara por un bote de humo disparado por los antidisturbios.
Cuarenta años después del atentado en la calle Atocha, Alejandro Ruiz-Huerta, uno de los supervivientes, sigue recordando aquellos angustiosos minutos en el despacho de abogados. En conversación telefónica con infoLibre, el actual profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba explica que es algo que se ha quedado "grabado a fuego" en su "corazón e intestinos". "No creo que me la quite de encima nunca. Fue una historia muy fuerte para mis compañeros muertos, para los que sobrevivimos y para España", cuenta. Un bolígrafo guardado en la camisa, que desvió la primera bala, y el cuerpo de uno de sus compañeros tendido sobre él cubriendo sus zonas vitales le salvaron la vida.
No corrió la misma suerte Javier Sauquillo, hermano de la abogada Paca Sauquillo, que por aquel entonces dirigía el despacho laboralista de la calle Lista. "En ese momento yo volvía de una reunión en la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. Estábamos viendo cómo organizábamos un acto de homenaje a Arturo Ruiz y María Luz Nájera", cuenta a este diario. Nada más llegar a casa, recibió una llamada de la hermana de Cristina Almeida, abogada al frente del bufete de la calle Españoleto: "Me preguntó si sabía algo de mi hermano Javier y mi cuñada". En ese momento, su marido Jacobo entró por la puerta y le contó lo sucedido en el despacho que por aquel entonces dirigía la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
"¿Dónde está Navarro?"
"¿Dónde está Navarro?", preguntaron los pistoleros, vinculados al grupo terrorista de extrema derecha Triple A –Alianza Apostólica Anticomunista–, al entrar a punta de pistola en el segundo piso de Atocha 55. Los asesinos buscaban al entonces líder de Transportes de CCOO en Madrid, Joaquín Navarro. Había sido uno de los impulsores de la huelga de transporte privado que paralizó la capital durante una semana, haciendo frente a los intereses del Sindicato Vertical y lo que se denominó con posterioridad la mafia del transporte.
El parón concluyó el 23 de enero. Al día siguiente, Navarro se reunió en el despacho de abogados con algunos de los compañeros del comité de huelga para hablar sobre el nuevo convenio. Al terminar, bajaron a la cafetería Brasilia a tomar una cerveza, según declaró en el juicio el dirigente sindical. Los pistoleros entraron al despacho poco tiempo después. Unos minutos de diferencia que le salvaron la vida. "El paso de ambulancias y coches de policía nos llamó la atención. Al salir a la puerta del bar, vimos que se paraban frente al portal del despacho", relata Navarro en conversación telefónica con este diario.
Cuarenta años después sigue recordando a la perfección aquella noche. Ahora tiene 85, pero el paso del tiempo no ha borrado de su memoria unos acontecimientos que se quedaron grabados a fuego. Siempre quedó en su interior un pequeño "sentimiento de culpabilidad" por una matanza que los medios afines al franquismo llegaron incluso a calificar en un primer momento como un ajuste de cuentas dentro del Partido Comunista. No se le olvida el "río de sangre" cuando subió al piso. Tampoco los días posteriores, escondido por sus camaradas hasta que le consiguieron sacar de España.
Un proceso judicial "horrible"
Casi dos meses después del atentado, el 15 de marzo de 1977, la policía detuvo a seis personas: José Fernández Cerra, Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada, Francisco Albadalejo Corredera, Leocadio Jiménez Caravaca y Gloria Herguedas, la novia de Cerra. Los dos primeros fueron los autores de los disparos, mientras que el tercero fue el que esperó en la entrada del despacho. Por su parte, Albadalejo, entonces secretario del sindicato vertical del transporte de Madrid, fue arrestado como cabecilla e instigador del atentado. "Más de una vez, en las discusiones que tenía con él, me enseñaba la pistola", rememora Navarro. Al grupo le encontraron varias armas en el momento de su detención.
La versión oficial de la Dirección General de Seguridad obviaba la implicación política en el ataque y apuntaba hacia un ajuste de cuentas de Albadalejo contra Navarro. Sin embargo, para Cristina Almeida, que ejerció como acusación particular en el juicio –junto a Jaime Sartorius, José Luis Núñez, José María Mohedano, José Bono, Antonio Rato, José María Stampa y Jaime Miralles–, siempre hubo detrás una "trama organizada de la extrema derecha" para truncar el camino de una España que se dirigía a una auténtica democracia. "Estoy convencida de que el objetivo del atentado era impedir el avance en unos días de gran tensión", añade Sauquillo.
"Durante la instrucción se veía claro que querían descubrir lo mínimo posible", explica Almeida en conversación con infoLibre. Parecía no importar la vinculación de varios de los detenidos con la ultraderecha de Fuerza Nueva –Lerdo de Tejada, por ejemplo, era el hijo de la secretaria de Blas Piñar– y la Falange. "No pudimos tirar de la manta hacia arriba", se lamenta la abogada. Pusieron el foco sobre Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, el torturador de la Político-Social. También sobre el líder de Fuerza Nueva. Sin embargo, tuvieron que conformarse con los 193 años que condenaron a los dos pistoleros y los 73 que le pusieron a Albadalejo. Quince años después, los asesinos fueron puestos en libertad.
El juez encargado de la instrucción fue Rafael Gómez Chaparro, un magistrado procedente del Tribunal de Orden Público y cuya actuación en el caso del asesinato del estudiante Arturo Ruiz fue duramente cuestionada. "Era un juez franquista", critica Ruiz-Huerta. "No fue objetivo", añade Sauquillo. La abogada Cristina Almeida recuerda también cómo los detenidos tuvieron posibilidad de comunicarse entre sí, rompiendo la cadena de declaración. Sin embargo, la gota que colmó el vaso y provocó la sustitución de Gómez Chaparro por el magistrado Alfonso Barcala es la fuga de Lerdo de Tejada tras concederle un permiso penitenciario sin avisar a las acusaciones. "Fue indigno", se queja el superviviente.
Almeida, que el día del ataque se encontraba en Chile trabajando en un proyecto de solidaridad relacionado con la desaparición de mujeres y niños durante la dictadura de Pinochet, recuerda el juicio con "horror". "Algunos de los asistentes, vinculados a la extrema derecha española, cantaban el Cara al Sol, nos insultabanCara al Sol...", rememora al otro lado del teléfono. "Daba la sensación de que nosotros éramos realmente los verdugos y no las víctimas", completa. "Todavía recuerdo perfectamente la soledad y el abandono cuando nos acercábamos a la sala del juicio. El rencor de unos asistentes que llamaban cerdos a nuestros compañeros asesinados", recuerda Ruiz-Huerta.
CCOO convoca este miércoles un acto para conmemorar el 40º aniversario de la matanza de Atocha
Camino a la democracia
La capilla ardiente se instaló en el Colegio de Abogados de Madrid. "Hubo una presión muy fuerte por parte de la junta y del decano, Antonio Pedrol, para que el entierro se hiciese como un homenaje a unos abogados que habían dejado su vida en un despacho", relata Sauquillo. Aunque el Ejecutivo de Suárez prefería un acto en la más estricta intimidad para evitar posibles altercados, finalmente se celebró una marcha. La manifestación aglutinó en las calles de la capital a miles de personas, que despedían a los cinco abogados con un doloroso y respetuoso silencio. La seguridad del acto, que se desarrolló sin incidentes, corrió a cargo de un PCE todavía ilegal.
Los protagonistas coinciden en señalar que el atentado fue una de las claves de la evolución democrática y la legalización del Partido Comunista: "Con su vida determinaron el rumbo de la democracia", apunta Almeida. "Su muerte, que es un hecho muy doloroso, nos permitió avanzar", afirma Sauquillo. "El PCE demostró una serenidad increíble, algo que yo creo que fue clave para su posterior legalización", apostilla Navarro. Sin embargo, a Martínez-Huerta no le agrada el calificativo de mártires de la democracia. "Sabíamos a lo que nos exponíamos. Nos jugábamos la vida por la libertad de todos, por conseguir salir de la larga noche del franquismo", sentencia.
Madrid, 24 de enero de 1977. Son las 22.45 horas de la noche y suena el timbre en el segundo piso de la calle Atocha número 55, donde se encuentra uno de los más importantes despachos de abogados laboralistas –junto con el de Españoleto y el de Lista– de la capital. En ese momento, nueve personas, vinculadas a CCOO y el PCE, se encontraban afrontando la última reunión del día. Al abrir la puerta, dos pistoleros de extrema derecha acceden al domicilio y un tercero se queda vigilando la entrada. Tras un breve intercambio de palabras, abren fuego contra los abogados. Con las víctimas tendidas en el suelo, aprietan de nuevo el gatillo.