La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araujo Chamorro, ha admitido este miércoles que existe "falta de publicidad" en determinadas fases de los contratos que realizan las distintas administraciones públicas, como la de preparación y ejecución, y ha avisado de que hay "mucha confusión" y déficits de transparencia en torno al procedimiento de emergencia, el utilizado para más de 22.000 contratos suscritos en el año de la pandemia, según informa Europa Press.
Así lo ha reconocido durante su intervención en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso en el marco de las comparecencias programadas por este órgano para recabar ideas que mejoren la imparcialidad e independencia de los órganos reguladores y las autoridades independientes.
El organismo que preside Araujo, creado hace dos años al albur de la nueva Ley de Contratos Públicos, tiene entre sus funciones definir los problemas que los órganos de control externo detectan en los sistemas de contratación para intentar "prevenirlos" y que todo se desarrolle conforme a la ley.
Algunos de los portavoces se han interesado especialmente por las contrataciones de emergencia, que tanto se han usado durante la pandemia del coronavirus. En este contexto, Araujo ha indicado que a 31 de diciembre de 2020 se habían analizado más de 22.000 contrataciones de emergencia de todas las administraciones.
Uno de los problemas que se han detectado es que la definición de este tipo de procedimiento "excepcional" no "casa bien" con una norma que viene motivada por la legislación europea, que no contempla esta figura de gran tradición en España.
"Hay mucha confusión sobre como se arbitra este procedimiento y, por eso, las plataformas en las que se les da publicidad no contienen todo el detalle que sería deseable y contienen elementos confusos", ha indicado.
HAY MUCHOS CONTROLES
Respecto a la contratación en general, ha señalado que la "cultura de la transparencia" está "consolidada" en las fases de licitación y adjudicación de los contratos, pero la "fase de preparación" de los mismos es "mejorable", en lo que se refiere a la publicidad, y esta es directamente "un punto crítico" en la fase de ejecución.
En cualquier caso, Araujo ha defendido que "hay mucho control en materia de contratación" por parte de los órganos de control tanto externos como internos. La tarea de su oficina es agregar el trabajo de todos ellos para detectar posibles problemas sistémicos, aunque ha puntualizado que ellos no se dedican a revisar los procedimientos de contratación de las distintas administraciones.
La compareciente ha defendido la independencia de los miembros de la oficina que preside, nombrados por el Consejo de Ministros, y aunque algunos portavoces le han preguntado si no reforzaría un independencia que fueran nombrados por el Congreso, ella ha preferido no opinar sobre posibles cambios.
Todos funcionarios independientes
La oficina la componente una presidenta y cuatro vocales, todos funcionarios en servicio activo. Son puestos de libre designación a los que, ha insistido Araujo, puede presentarse todo el que cumpla los requisitos. Se nombran según criterios de "profesionalidad, mérito y capacidad", y han de tener una experiencia mínima de 10 años en materia de contratación pública.
Su mandato, ha reseñado, es de seis años, es decir, no coincide con la legislatura, su puesto es inamovible y están sujetos a un régimen estricto de incompatibilidades como los altos cargos.
Araujo ha explicado también que no pueden "solicitar ni afectar insturcciones" y que tienen "plena dependencia orgánica y funcional", aunque la Oficina está adscrita al Ministerio de Hacienda, pero sólo a efectos administrativos y presupuestarios
Asimismo, ha destacado que funcionan como un órgano colegiado, que en su mandato todas las decisiones se han adoptado por unanimidad, y que organizan autónomamente su trabajo y rinden cuentas como establece la ley.
"De momento, el sistema está funcionando", ha resumido, si bien ha admitido que el funcionamiento de la Oficina está pendiente de desarrollo, pero que la ley con la funcionan es "bastante sólida y amplia para garantizar su funcionamiento".
19 personas en plantilla
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Aunque ha admitido que funcionarían mejor con más medios materiales y personales -la oficina contará con un total de 19 personas en plantilla en las próximas semanas frente a las 11 que había cuando ella llegó hace seis meses– ha dicho que ella no es "de quejarse" sino de "resolver".
Además, ha ensalzado el trabajo realizado por la agencia antes de su llegada, incluido el de su antecesora, María José Santiago, que, según han recordado algunos portavoces renunció al puesto denunciando su falta de independencia, unas críticas en las que Araujo ha preferido no entrar.
Respecto a las que ha recibido ella misma por su trayectoria política -entre otras cosas fue vicepresidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha con José María Barreda– ha replicado que, aunque estuvo en política, la mayor parte de su actividad profesional la ha desarrollado como funcionaria, con "gobiernos de distintos signo" y siempre, ha subrayado, con independencia.
La presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, María Luisa Araujo Chamorro, ha admitido este miércoles que existe "falta de publicidad" en determinadas fases de los contratos que realizan las distintas administraciones públicas, como la de preparación y ejecución, y ha avisado de que hay "mucha confusión" y déficits de transparencia en torno al procedimiento de emergencia, el utilizado para más de 22.000 contratos suscritos en el año de la pandemia, según informa Europa Press.