Ayuso usó una fórmula "excepcional" para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón entre 2020 y 2023

Las informaciones que van desnudando el fraude fiscal por el que ha sido imputado Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y su conexión profesional con Quirón han desenterrado el debate sobre el laberinto de los pagos del Gobierno de Madrid al gran beneficiario de la privatización sanitaria de la comunidad. Que el holding sanitario es el principal favorecido por una estrategia cuyo inicio se remonta a la etapa de Esperanza Aguirre lo acredita la gestión de cuatro hospitales financiados por el erario madrileño. Las cifras de lo que ello supone son apabullantes. Y el paradigma lo representa el buque insignia del gigante Quirón: la Fundación Jiménez Díaz, propiedad del grupo y sujeto desde 2006 a un “concierto singular” con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Como publicó hace seis meses El País con datos obtenidos a través de una solicitud de transparencia, el coste de ese hospital para las arcas públicas ascendió a 413,5 millones en 2017, el último año del que oficialmente había en ese momento datos disponibles. Pero hay más. El rastreo de los acuerdos adoptados por Ayuso y su Ejecutivo destapa que solo en el cuatrienio 2020-2023, y de forma adicional a lo presupuestado en las cuentas regionales, la Comunidad aprobó para ese hospital 31 “convalidaciones de gasto” por 707 millones de euros.

Tal como indican la jurisprudencia y distintos artículos académicos, la convalidación es una fórmula legal pero que “debe considerarse como un procedimiento excepcional” para el pago de servicios que por circunstancias extraordinarias se han prestado sin seguir las reglas legales de contratación: entre otras, la regla de la fiscalización previa del gasto. En una sentencia de la Audiencia Nacional fechada en 2018, la misma de la que procede el entrecomillado anterior, se lee lo que sigue: que los “supuestos de convalidación deben tener carácter excepcionalísimo, para casos puntuales, no concebirse como un modo habitual de actuación al margen del procedimiento legal contractual”.

Lo más sorprendente en el caso de las convalidaciones de gasto de la Fundación Jiménez Díaz es que por gastos generados desde enero de 2020 –es decir, desde antes del estallido de la pandemia– y hasta septiembre de 2021, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue aprobando Consejo tras Consejo “convalidaciones de gasto” por “la asistencia sanitaria prestada” ese bienio. No se trataba, por tanto, de deudas arrastradas de años anteriores. Con cifras idénticas para cada uno de los meses –22.698.195,58 euros–, y sumando otros pagos de menor cuantía por distintos conceptos, la fórmula “excepcional” de la convalidación de gasto reportó a la Fundación Jiménez Díaz 250,8 millones en 2020; 342,37 en 2021; 67,02 en 2022 y 47,6 en 2023. En total, 707,8 millones.

La Comunidad: "Todo se fiscaliza"

De las convalidaciones ofreció en 2018 una despectiva definición el hoy alcalde de Madrid y entonces jefe de la oposición frente al Gobierno de Manuela Carmena. “La convalidación –dijo– es aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público como consecuencia de una mala gestión previa por parte del equipo de Gobierno". El Gobierno de Ayuso no comparte ese punto de vista, al menos en lo que a los pagos a Quirón se refiere. El jueves por la mañana, infoLibre preguntó a la Consejería de Sanidad de Madrid por qué las convalidaciones de gasto de la Fundación Jiménez Díaz habían superado entre 2020 y 2023 los 700 millones y a qué razones obedece ese fenómeno. A mediodía del viernes, la Consejería ofreció una parca contestación: “Las convalidaciones del Consejo de Gobierno obedecen a diversas causas, la mayoría a la regularización de las cláusulas adicionales del contrato que rige la relación entre la Fundación y el Sermas, tales como coberturas de variables técnicas y asistenciales”.

Este medio repreguntó desde cuándo se regulariza una cláusula de un convenio a través de un procedimiento que equivale a pagar una factura emitida por alguien a quien se le ha hecho un encargo verbal que por tanto carece de la categoría de contrato. Esta vez, las fuentes consultadas remacharon que el “convenio singular es el marco contractual”. Y que el convenio con la Fundación Jiménez Díaz se aplica “a rajatabla”. “Cada año hay una revisión, todo se fiscaliza por la Intervención General y por la Cámara de Cuentas”. Y por tanto no existe –enfatizaron aquí los interlocutores– ningún contrato verbal. “Los convenios singulares –agregaron– como indica el nombre se suscriben por acuerdo entre las dos partes. Todo es público y transparente. Todo”.

Ante las dudas generadas por las respuestas de la Comunidad, infoLibre requirió la opinión de Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. "Lo que ha debido de ocurrir –diagnosticó el profesor– es que la revisión de las cláusulas adicionales se cerró con posterioridad a la prestación de los servicios incluidos en esas cláusulas cuando tendría que haber sido al revés".

Obtener la versión de Quirón no fue posible: sus portavoces no respondieron ni al mensaje de whatsapp ni al correo electrónico enviado.

Las dimensiones de la cifra

Los 707 millones citados más arriba no constituyen la totalidad de los pagos a la Fundación Jiménez Díaz por el sistema de convalidación que el Consejo de Gobierno de Madrid ha ido aprobando en sucesivas sesiones a lo largo del periodo analizado. Pero este medio solo ha contabilizado aquellos adoptados entre 2020 y 2023 y que de forma explícita hacen referencia a la convalidación de un determinado gasto. En la suma no aparecen, por tanto, cantidades como los 73 millones aprobados en junio de 2021 para cubrir “el gasto de la actividad de libre elección correspondiente a la liquidación de la Cláusula Adicional Décima para el año 2016 del Convenio Singular” con la Fundación Jiménez Díaz. 

Administraciones de todo signo acuden a las convalidaciones de gasto de forma correcta o turbia. Pero la magnitud de las aprobadas por el Gobierno de Madrid se sale del carril. Lo demuestra, por acudir a otro ejemplo, el caso de la comunidad más poblada del país, Andalucía. Como publicó infoLibre, entre enero de 2020 y octubre de 2021 las convalidaciones de gasto aprobadas por el Gobierno de Juan Manuel Moreno, también del PP, se limitaron a 4,8 millones. A lo largo de ese mismo periodo, las convalidaciones para diferentes empresas acordadas por el Ejecutivo de Ayuso se situaron en 800 millones.

Los 707 millones a que ascienden las 31 convalidaciones de gasto contabilizadas por este medio se acercan a lo que cada presupuesto anual del periodo analizado asignaba a varios hospitales en manos de empresas privadas y al Gómez Ulla, del Ministerio de Defensa: 726.433.522 euros. Los de gestión privada incardinados en el sistema público eran los cuatro vinculados a Quirón (el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro, el General de Collado Villalba, los tres en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, concertado), más el de de Torrejón (Ribera Salud).

Dos días antes de que finalizara 2021, el Consejo que preside Isabel Díaz Ayuso convalidó además “el gasto de las liquidaciones provisionales” correspondientes a “la prestación de los servicios sanitarios relativos a la actividad sustitutoria y docencia MIR de la Fundación Jiménez Díaz” durante 2018, 2019 y 2020. Aquí, el monto fue nada menos que de 115.393.289 euros.

En busca de los porqués

El Gobierno madrileño ha acudido de forma sistemática a convalidaciones de gasto de enorme dimensión económica y que complican la tarea de averiguar cuánto y exactamente por qué conceptos cobra Quirón. Dicho holding está ahora en el punto de mira por ser “principal cliente” de Alberto González Amador. Como se lee en el auto por el que una jueza de Madrid le imputa los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, la pareja de Ayuso ha obtenido “ingresos cuantiosos” desde hace años de Quirón Prevención SL, la filial del grupo que gestiona los chequeos médicos a los empleados de la Comunidad de Madrid. Según la denuncia de la Fiscalía, defraudó 350.000 euros al fisco entre 2020 y 2021 usando sociedades pantalla y una trama de facturas falsas.

El porqué profundo de tales convalidaciones se reviste hoy con los colores del misterio. “No contestan a por qué hacen durante años pagos sin contrato”, afirma en conversación con este diario el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez, especializado en vigilancia de las contrataciones. El parlamentario lanza una pregunta: la de si el uso habitual de la convalidación de gasto “atenta contra la libre competencia” al abonar sin trámite previo a una determinada empresa un servicio que otras compañías también estarían en disposición de prestar.

“Los contratos –subraya aquí el catedrático Julio González– siempre tienen que ser por escrito, no cabe la contratación verbal. La verbal es un contrato sin procedimiento, luego no es un contrato”. En el caso de las convalidaciones, agrega el profesor, exige “que alguien certifique que la factura es correcta”. Pero “la facultad de intervención queda muy diluida porque lo único que puede controlar el interventor es que la factura ha sido conformada”. En julio de 2022, Ayuso destituyó a la interventora general de la Comunidad. Los motivos del cese no trascendieron.

Según publicó El País, en 2022 y tras la destitución de la interventora la Comunidad pagó 1.278 millones a Quirónsalud por deudas que afectaban a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 o 2020.

"Bancarrota moral"

Los pagos a Quirón y los vínculos del novio de la presidenta con el holding sanitario que ahora domina la multinacional alemana Fresenius ocuparon el jueves buena parte del pleno de la Asamblea de Madrid, donde la tensión podía cortarse tras las amenazas y mentiras del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre periodistas de eldiario.es y El País dedicados a investigar el –presunto– fraude fiscal de González Amador.  

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"Las ranas de Aguirre –espetó la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot– se criaron en el lodo de la burbuja inmobiliaria y las de Ayuso se criaron en el lodo de la privatización sanitaria”. Pero no se detuvo ahí. Tras afirmar que el Gobierno madrileño se encuentra "en bancarrota moral" por defender "las mentiras y amenazas" del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y reprochar con dureza a la presidenta que viva en un piso "financiado con la ayuda del delito fiscal", Bergerot disparó este dardo: en la sede de Quirón –dijo– tienen la foto de Ayuso “como empleada del mes".

Desde el PSOE, su jefe de filas y portavoz, Juan Lobato, lanzó un anuncio: “Vamos a fiscalizar hasta el último euro de los madrileños que su Gobierno ha destinado a la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que, casualmente, es la misma empresa que más ha pagado a la sociedad de su pareja”. Es decir, Quirón y los pagos realizados a Alberto González Amador.

El también socialista Daniel Rubio disparó también en la misma dirección durante su intervención a raíz de una pregunta sobre los pagos a Quirón. “Ustedes –proclamó Rubio al tiempo que acusaba al Gobierno de practicar el “matonismo político”– se comportan más como miembros del consejo de administración de determinadas empresas que como el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”.