De las medallas de Billy el Niño al Señorío de Meirás: los honores a los cómplices del franquismo que nadie ha tocado en 40 años

Más de cuatro décadas después del fin de la dictadura, las formaciones de izquierda y los colectivos memorialistas siguen luchando para acabar con las distinciones y reconocimientos públicos otorgados a los protagonistas de uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de España. Este miércoles, el campo de batalla volverá a ser el Congreso de los Diputados. Allí, los distintos grupos políticos se posicionarán sobre la proposición no de Ley (PNL) de PSOE y Unidas Podemos centrada, fundamentalmente, en la retirada de medallas a viejos torturadores franquistas. Pero no solo eso. También abordarán la supresión de una vez por todas de aquellos títulos nobiliarios que representen la exaltación de la dictadura y la Guerra Civil. Alrededor de cuarenta distinciones que, si bien en la actualidad no comportan privilegios destacados, sí que tienen un fuerte valor simbólico para las asociaciones memorialistas. Porque es intolerable, dicen, que en plena democracia se siga manteniendo el “reconocimiento social y público” de “personajes partícipes o cómplices de un genocidio”.

Actualmente, en pleno siglo XXI, existen en España más de 2.800 títulos nobiliarios, tal y como consta en la base de datos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, la elitista institución encabezada por Enrique Fernández-Miranda a la que sólo pueden pertenecer “los Grandes y Títulos del Reino”. De ellos, 37 fueron creados durante la dictadura para glorificar a destacados militares que participaron en el golpe de Estado, referentes falangistas, empresarios, cargos eclesiásticos e, incluso, científicos. A algunas de estas polémicas distinciones habría que sumar también las concedidas por el rey Juan Carlos I para honrar la memoria del dictador tras su muerte. Es el caso del título de señor de Meirás. O el polémico ducado de Franco, que el Gobierno de Mariano Rajoy se encargó de dejar atado y bien atado pocas horas antes de que la moción de censura lo sacara de La Moncloa. Reconocimientos a los que el Ejecutivo lleva queriendo meter mano desde hace un par de años y cuya retirada ha sido pedida sin descanso por las asociaciones memorialistas.

A lo largo de la historia reciente, varios fueron los periodos en los que este tipo de distinciones estuvieron guardadas en un cajón. El último de ellos fue durante la Segunda República, cuando a través del artículo 25 de la Constitución de 1931 se estableció que no podían ser fundamento de privilegio jurídico “la naturaleza, la filiación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. Algo que, sin embargo, cambió con la victoria de las tropas golpistas en la Guerra Civil. Franco se encargó en 1948 de restablecer los abolidos títulos nobiliarios. Y lo hizo a través de la concesión de hasta cuatro distinciones con Grandeza de España, máxima dignidad de la nobleza. Así, el 18 de julio, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado, el dictador otorgó reconocimientos a título póstumo a varios “héroes, mártires y estadistas”, según recoge el BOE de la época. Se creó así el Ducado de Primo de Rivera –en honor al fundador de la Falange–, el Ducado de Calvo Sotelo –en recuerdo del “protomártir de la Cruzada”– o el Ducado de Mola, como homenaje a otro de los generales golpistas.

Además, también alumbró por aquellas fechas el Condado del Alcázar de Toledo, un título con una enorme carga simbólica en tanto hace referencia al asedio durante los primeros compases de la Guerra Civil de la fortaleza en la que, todavía a día de hoy, reposan los restos de referentes franquistas como Jaime Milans del Bosch, uno de los protagonistas del 23-F. Este título se le concedió en primera instancia a José Moscardó e Ituriarte, el militar encargado de organizar la defensa del Alcázar frente a las tropas del Gobierno legítimo. En la actualidad, esta distinción la ostenta su nieto, José Luis Moscardó y Morales-Vara del Rey, que en más de una ocasión ha defendido que fue concedida con toda “dignidad, honor y justicia”. “Que planteen su retirada me parece una solemne estupidez. Hay cosas más importantes como Cataluña, el paro… antes que ponerse a revocar títulos nobiliarios”, sostenía el nieto del militar en conversación con El Mundo en agosto de 2018.

Con Grandeza de España, además, se crearon durante las cuatro décadas de dictadura el Marquesado de Dávila; el Ducado de Badajoz, que se le concedió directamente a María Pilar de Borbón y Borbón; y el Ducado de Carrero Blanco, incluido en el BOE un día después de la muerte del que había sido presidente del Gobierno franquista. El resto de títulos de menor importancia concedidos durante toda la dictadura fueron a parar a manos de empresarios afines al régimen –desde el expresidente del Banco Bilbao Julio Arteche hasta el industrial Pedro Barrié, al que se nombró duque de Fenosa–, políticos franquistas, reconocidas falangistas –Pilar Primo de Rivera– o altos cargos eclesiásticos, como por ejemplo el sobrino de un cardenal del papa Pío XII. Y, por supuesto, destacados y sanguinarios militares. Es el caso de Juan Yagüe, más conocido como el carnicero de Badajoz por la masacre en suelo extremeño. O Gonzalo Queipo de Llano, el general que llamaba a violar rojas, que lideró la brutal represión en el sur y que todavía hoy está enterrado en la emblemática Basílica de la Macarena.

La familia Franco, por su parte, entró a formar parte de la nobleza española tras la muerte del dictador. Y, además, por todo lo grande, con dos títulos nobiliarios con la máxima dignidad. Ambos les fueron concedidos por el rey Juan Carlos I el 26 de noviembre de 1975, casi una semana después del fallecimiento del caudillo. El Señorío de Meirás, que hace referencia al pazo del que se apropió la familia del dictador en la localidad coruñesa de Sada, está ahora en manos de Francisco Franco Martínez Bordiú. Y el Ducado de Franco le pertenece en la actualidad a Carmen Martínez Bordiú, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se encargara de dejar publicada en el Boletín Oficial del Estado pocas horas antes de la moción de censura la orden de Justicia que permitía a la nieta adquirir la distinción tras la muerte de su madre. Un proceso que acabó completándose ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno. “Se aplicó la normativa nobiliaria vigente en la tramitación del procedimiento de sucesión”, se limitaron a decir entonces desde el Ejecutivo.

Desde la muerte del dictador hasta la llegada de la democracia, el rey Juan Carlos I también concedió el Marquesado de Arias Navarro al presidente del Gobierno entre 1973 y 1976. Premios que también se otorgaron a Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas entre 1975 y 1977; o a los políticos Alejandro Rodríguez Valrcárcel o Antonio Iturmendi.

Sin privilegios y con gastos

En la actualidad, estar en posesión de un título nobiliario no reporta ningún privilegio más allá de ser reconocido como Excelentísimo Señor –en el caso de los Grandes de España– o Ilustrísimo Señor –en el caso de duques, marqueses, condes, vizcondes, barones o señores–. Es decir, que estas distinciones tienen simplemente carácter simbólico. “Durante el siglo XIX, por ejemplo, los grandes de España podían, si ellos querían, ser senadores por derecho propio. O tenían preferencia a la hora de obtener condecoraciones de nivel. Sin embargo, con el paso del tiempo estas prerrogativas antiguas se fueron difuminando”, explican desde la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España a preguntas de infoLibre. La última prebenda con la que contaban los nobles con la máxima distinción era el derecho a poseer pasaporte diplomático. Algo que quedó superado en la década de 1980, con Felipe González al frente del Ejecutivo.

Más que beneficios, acceder a la nobleza comporta gastos de entrada a través del impuesto de actos jurídicos documentados, señalan desde la institución. Desembolsos importantes en algunos casos. Lo más barato son las sucesiones en línea recta descendente, de padre a hijo o de abuelo a nieto. Un título sin grandeza serían 793 euros, pero con grandeza ascendería a 2.781 euros. Menos asequibles son las transmisiones transversales –de tío a sobrino, por ejemplo–, con una horquilla que se mueve entre los 1.988 euros y los 6.971 euros. Y ya si se habla de rehabilitaciones, es decir, si se pide el título tras haber pasado un lustro desde el fallecimiento de su último poseedor, los precios se vuelven completamente prohibitivos. Sin grandeza, 4.783 euros. Con ella, 16.713 euros, lo que puede costar un coche nuevo en un concesionario o pagar un alquiler de 700 euros mensuales durante casi dos años.

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Los colectivos memorialistas son conscientes de que estos títulos no reportan beneficios a los poseedores. Sin embargo, exigen su eliminación desde 2012, cuando se conoció la sucesión del Ducado de Mola. Principalmente, explican, por el mensaje simbólico que tendría un movimiento de estas características cuatro décadas después del fin de la dictadura. “Es indignante que en una democracia se siga manteniendo el privilegio del reconocimiento social y público de personajes partícipes o cómplices de un genocidio”, expresa en conversación con este diario Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Títulos con tufo “arcaico” y “medieval” cuyo mantenimiento, en opinión de Sánchez, supone un “anacronismo”. “En España estamos asistiendo cada vez más a una situación de desigualdades y problemas de índole económico. Estos reconocimientos, por tanto, cuentan con una carga simbólica que incrementa dicha percepción de desigualdad”, resalta.

Tanto la eliminación de las condecoraciones concedidas a expolicías franquistas como la supresión de los títulos nobiliarios relacionados con la dictadura llevan sobre la mesa del Gobierno dos años. En concreto, ambas cuestiones aparecen contempladas en la reforma de la Ley de Memoria Histórica que lleva meses atascándose en el Congreso de los Diputados ante la inestabilidad política, las repeticiones electorales y la crisis del coronavirus. “El ministro competente en materia de memoria histórica o, por delegación, el órgano designado por aquel, elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, y se procederá a su supresión”, contempla la iniciativa parlamentaria en su quinto artículo. En total, durante esas tres décadas se otorgaron 43. 

Ahora, el asunto vuelve al Congreso de los Diputados en forma de proposición no de Ley, que no tiene efectos jurídicos y que sólo sirve para recordar al Gobierno lo que prometió ante los electores. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se muestran cansados de que se den tantas vueltas alrededor de sus reivindicaciones. Que si se van a retirar de forma inmediata, que si es necesario esperar, que si volvemos a plantear el debate en la Cámara Baja. “Nosotros ya le dijimos a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvimos con él hace un año que esto es necesario. Llevar esto otra vez al Parlamento es una pérdida de tiempo que permite a los ultras volver a sacar a los viejos fantasmas. El Ejecutivo debe proceder de manera tajante y clara vía decreto”, sentencia el portavoz de la ARMH.