El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expuso este martes las líneas generales de la política que desarrollará su Ejecutivo. Lo hizo ante el Congreso de los Diputados más de un mes después de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy y le llevó a la Moncloa. Desgranó, durante su intervención, los ejes principales de las medidas que pretende poner en marcha, entre otras sobre vivienda. Y, sobre todo, el mercado del alquiler. Los sindicatos de inquilinos ya llevan tiempo avisando de que lo que ya denominan como burbuja arrendataria avanza sin frenos aunque, no obstante, la política sí puede poner algunos.
Sánchez adelantó este martes, durante sus aproximadamente 90 minutos de intervención, que el Gobierno elevará la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años, limitará las fianzas adicionales que deben aportarse en un alquiler y excluirá de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la vivienda turística. "Es hora de rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía. Y, en especial, en materia de alquileres", comenzó Sánchez. Medidas novedosas, sí, pero calificadas de insuficientes desde los colectivos de inquilinos. "Cualquier avance es bueno, pero esto no soluciona nada", declara Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Insuficientes porque la situación, desde hace algunos años, ha modificado sustancialmente el mercado inmobiliario en España, en el que el alquiler ha adquirido un gran protagonismo. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el alquiler ha ganado peso como forma de tenencia: del 13,5% de hogares residiendo en viviendas de alquiler que había en España según el Censo de Viviendas de 2011, se ha pasado al 17,3 % en 2016. Pero los precios, en paralelo, también han aumentado. Según el portal Idealista, en el tercer trimestre de 2017 el precio de los arrendamientos aumentó un 24%. Así, el precio medio por metro cuadrado se situó en los 9,4 euros.
Y esta subida, según denuncian los inquilinos, es consecuencia directa de las políticas llevadas a cabo durante el Gobierno conservador de Mariano Rajoy. "Como la mayor parte de la gente ya no puede acceder a hipotecas y accede al alquiler, el Gobierno legisló entre 2012 y 2013 para permitir que la especulación se trasladase a ese mercado", denunció Jaime Palomera, miembro del Sindicat de Llogaters, en declaraciones a infoLibre. El cambio de Gobierno intenta desmarcarse de estas políticas, de ahí el anuncio de Sánchez.
Tan solo es un "parche"
Las grandes ciudades como Madrid o Barcelona son las que más sufren la escalada de los precios. Por este motivo, son a su vez las primeras que han tomado medidas. Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, asegura en declaraciones a este diario que aun es pronto para valorar las palabras de Sánchez, precisamente también porque todavía son solo eso: palabras. "Como primera valoración rápida, creemos que las medidas anunciadas hoy por el presidente Sánchez sobre vivienda van en sentido positivo, aunque creemos que la LAU necesita una reforma más profunda", explica.
En esta misma línea se ha manifestado Lotta Tenhunen, portavoz de la PAH y el Sindicato de Inquilinas de Vallecas, que cree que "no basta una reforma parcial de la LAU", sino medidas que no sean un simple "parche". "España sufre de un problema muy estructural con el tema de vivienda y por eso hacemos campaña por la ley de la PAH que tendrá que debatirse en el Congreso", añade.
Palomera, por su parte, va un poco más allá y explica que las propuestas anunciadas este martes por el jefe del Ejecutivo no sirven, en primer lugar, porque la iniciativa de prolongar los contratos de alquiler hasta los cinco años en lugar de los tres actuales ya se probó. Y no resultó. "Esta es la medida que ya existía en 1994 con la Ley de Arrendamientos previa a la reforma de 2013 que hizo el PP", recuerda Palomera. El problema es que, a los cinco años, el propietario puede expulsar a los inquilinos sin ninguna justificación, "como ya ocurre ahora".
¿Cuál es la solución? Pues, según explica, seguir el modelo que ya tienen implantado algunos países europeos: establecer contratos de seis años o de 12 en el caso de los grandes propietarios y establecer la renovación automática excepto en aquellos casos en los que el dueño de la vivienda acredite que necesita hacer uso de ella.
Pero la limitación de las fianzas adicionales y la exclusión de las viviendas turísticas de la LAU –medidas anunciadas este martes– tampoco solucionan el problema porque, según Morote, así no se frena la subida desmesurada e imparable de los precios del alquiler. Lo que sí lo haría, según continúa Palomera, sería establecer un techo de precios de arrendamientos. Y esta medida, además, sustituiría a los incentivos fiscales que pretende dar el Gobierno a aquellos propietarios que no suban los alquileres por encima de un límite.
Alquiler social y viviendas turísticas
El Gobierno desarrollará una ley para "poner fin" a la venta de vivienda pública a fondos buitre
Por otro lado, Sánchez confirmó este martes el anuncio que ya hizo el ministro de Fomento. El pasado jueves, José Luis Ábalos adelantó que el Gobierno planea crear un parque de 20.000 viviendas destinadas al alquiler social. Así lo confirmó el jefe del Ejecutivo: "Vamos a reorientar, también, el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 hacia la vivienda pública y la vivienda del alquiler. Nos proponemos impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas en el plazo de cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquéllos municipios con demanda acreditada". Pero la PAH va más allá y, según explica Morote, solicita que estas viviendas se creen a través "de la cesión de uso de las viviendas de los grandes tenedores".
En cuanto a las viviendas turísticas, fuentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid celebran la decisión y explican que ya desde el consistorio liderado por Manuela Carmena se tomaron medidas similares. "La vivienda turística no es más que un negocio", critican estas fuentes. Y, en esta misma línea, Maestre recuerda la moratoria para este tipo de alquileres que realizaron en toda la zona centro y adyacentes y la intención de elaborar un plan especial para regularlas. "Si realmente el Gobierno actual quiere pasar también a la acción es una buena noticia para nosotros y para la ciudadanía, que está siendo expulsada sobre todo del centro de las ciudades", afirma.
¿Y el sector inmobiliario? Este lunes pidió recuperar los incentivos fiscales para promover el alquiler. Así lo dijo la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), que agrupa a más de 1.200 agencias inmobiliarias en España. APEI señaló que estas medidas resultarían "más efectivas" porque, según sus propias estimaciones, pese al alto rendimiento que ofrece el alquiler, en España hay unas 3,8 millones de viviendas vacías. Para el presidente de la asociación, Óscar Martínez, esto es por la falta de incentivos para que los propietarios saquen "más pisos para alquilar". "El Plan de Vivienda no favorece lo suficiente al propietario, que es quien puede poner el piso en alquiler", dijo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expuso este martes las líneas generales de la política que desarrollará su Ejecutivo. Lo hizo ante el Congreso de los Diputados más de un mes después de la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy y le llevó a la Moncloa. Desgranó, durante su intervención, los ejes principales de las medidas que pretende poner en marcha, entre otras sobre vivienda. Y, sobre todo, el mercado del alquiler. Los sindicatos de inquilinos ya llevan tiempo avisando de que lo que ya denominan como burbuja arrendataria avanza sin frenos aunque, no obstante, la política sí puede poner algunos.