¿Está la libertad de expresión amenazada en España? En lo que llevamos de semana, son ya tres las polémicas relacionadas con la limitación de este derecho fundamental. Este martes, el Tribunal Supremo confirmó la condena a tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc por incluir en sus letras injurias al rey y frases constitutivas de enaltecimiento del terrorismo, y el mismo día una jueza acordó el secuestro cautelar de un libro sobre el narcotráfico gallego por las menciones que contenía hacia un exalcalde que fue procesado por este delito. Eso no es todo: el miércoles, la dirección de Ifema decidió retirar una que calificaba a los dirigentes catalanes encarcelados como "presos políticos" de ARCO –la feria de arte contemporáneo más importante de España– con el fin de evitar "polémicas".
Estos tres casos llaman la atención por haber ocurrido en un intervalo de apenas dos días. Pero, en los últimos años, el cuestionamiento de derechos como el de la libertad de expresión y las alertas de algunos juristas al respecto se han vuelto reiterativos. El año pasado, por ejemplo, se condenó a un año de cárcel al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo, la misma pena que se aplicó a la tuitera Cassandra Vera por hacer chistes sobre el asesinato del jerarca franquista Luis Carrero Blanco. La lista de casos que han generado controversia es larga: el de los titiriteros contratados por el Ayuntamiento de Madrid o los procesos judiciales contra la portavoz de este consistorio, Rita Maestre, o contra el concejal Guillermo Zapata son algunos ejemplos.
Sin embargo, la última polémica no ha tenido que ver con una sentencia judicial, sino con la decisión de la dirección de Ifema –el consorcio de mayoría pública que gestiona, entre otros congresos, la celebración de la feria artística ARCO– de retirar la obra Presos políticos en la España contemporánea de la exposición que está celebrándose estos días. La decisión ha sido criticada por el ayuntamiento de Madrid, pero ha recibido el apoyo del Gobierno de Cristina Cifuentes y de la Cámara de Comercio de la Comunidad, por lo que la obra del artista Santiago Serra –en la que se muestran los rostros pixelados de 24 personas que el autor califica de "presos políticos", como el exvicepresident catalán Oriol Junqueras– seguirá censurada en ARCO.
En este caso, no ha habido decisión de la Justicia: la retirada se ha debido a una decisión expresa de los responsables del recinto en el que se está celebrando la feria. No obstante, eso no es óbice para hablar de que se ha producido una "vulneración de la libertad de expresión y artística", denuncia Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Una vulneración, asegura, que es "más flagrante porque intervienen los poderes públicos a través de Ifema", que reunió este miércoles de urgencia a su Junta Rectora para ratificar la decisión de su presidente con el voto en contra del ayuntamiento de Madrid .
Ifema, no obstante, no tiene la capacidad de decidir qué se expone y qué no en ARCO, por lo que el presidente tuvo que llamar a la galerista para convencerla de que descolgara los cuadros. Y, por ello, Valero duda de que pueda considerarse la retirada de la obra de la decisión de "un mero particular". "Además, en cualquier caso, los derechos fundamentales tienen eficacia entre particulares", por lo que el artista, a juicio de la experta, podría reclamar ante la Justicia por haber visto vulnerada su libertad de expresión. "Debería resolverse mediante la ponderación de la libertad empresarial y la libertad de expresión y artística, y creo que claramente prevalece la segunda, también porque la obra es de interés público", asegura.
Valtonyc y los delitos de odio
Las otras dos grandes polémicas de la semana en lo relativo a la libertad de expresión sí que tuvieron como protagonistas a los jueces. El caso del rapero Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, es el más controvertido, ya que el Tribunal Supremo ha confirmado su condena a tres años y medio de cárcel por incluir en las letras de sus canciones frases como "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún GRAPO", "queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas", "Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados", "siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al juez" o "Bauzá debería morir en una cámara de gas, pero [...] eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego".
Para la justicia, estas letras suponen la comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y calumnias. No obstante, Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de València, discrepa del criterio seguido por el Supremo. "Los delitos de odio tienen sentido cuando se utilizan para proteger a potenciales víctimas de una acción violenta en su contra", explica Flores, que sin embargo sostiene que las rimas de Valtonyc no pueden ubicarse en esta categoría, como tampoco puede considerarse un delito de odio "que un obispo diga burradas sobre los homosexuales en un sermón".
Con él coincide Valero, que de por sí se muestra contraria a la existencia del delito de enaltecimiento del terrorismo. "La libertad de expresión tiene límites, pero en este caso no se justifica ninguno en los que se basa la sentencia del Supremo, que hace una interpretación errónea citando interesadamente determinadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y obviando otras", crítica la constitucionalista, que señala que, en resumidas cuentas, el límite de la libertad de expresión "está en el discurso del odio, y en este caso no se cumplen sus requisitos".
"Para que las manifestaciones verbales sean constitutivas de delitos de odio han de incitar realmente a la violencia contra determinados colectivos, algo que no se produce aquí", asegura Valero, mientras Flores señala a este respecto que las amenazas vertidas por Valtonyc en sus canciones "no son creíbles" y eso debería haber influido en la sentencia del Supremo.
"Además, es una doctrina reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la libertad de expresión, cuando se concreta en libertad artística, tiene límites mucho más laxos, y esto también lo obvia el Tribunal Supremo", apunta igualmente Valero. Ese argumento también lo comparte Flores. "Es clave que las amenazas estén dentro de una canción, porque no es lo mismo que esas declaraciones las haga un rapero que un dirigente político, por ejemplo: hay un elemento artístico de por medio, y salvo que se pueda probar que existe una conexión directa con actos lesivos", la libertad de expresión debería quedar amparada, plantea el profesor.
El secuestro de Fariña
Apenas un día después de conocerse la sentencia contra Valtonyc, una jueza de Collado Villalba decretó el secuestro cautelar del libro Fariña, escrito por el periodista Nacho Carretero. La obra analiza la historia del narcotráfico en Galicia, pero no ha sido plato de buen gusto para José Alfredo Bea Gondar, exalcalde de O Grove (Pontevedra), que ha demandado a Carretero y a la editorial Libros del KO –la editora del libro, que fue publicado en 2015 y va por su novena edición– por supuesta vulneración de su derecho al honor. Bea Gondar reclama a ambos 500.000 euros porque sale relacionado en dos párrafos del libro con el narcotráfico, un delito por el que fue condenado por la Audiencia Nacional y, posteriormente, absuelto definitivamente por el Tribunal Supremo.
La jueza estima parcialmente la solicitud de medidas cautelares realizada por el exalcalde, que habla de "contenido calumnioso" del libro, y explica en su auto que la decisión de secuestrar Fariña "está amparada en la eficacia de la tutela judicial que se pide en la demanda principal, que se vería mermada durante la pendencia del proceso, si, denegada la misma, al final la sentencia fuera estimatoria". Si no se retirase el libro de la circulación, apunta, "el daño moral seguiría produciéndose, lo cual redundaría en el deshonor del actor".
Hay antecedentes de secuestros de libros en España. En 2014, por ejemplo, un juzgado de Barcelona decidió bloquear la publicación de la obra La cortina de humo, escrito por los detectives Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, antiguos trabajadores de la agencia Método 3. No obstante, el libro puede adquirirse actualmente sin ningún problema. Y hace mucho más tiempo, en 1979, la Justicia decidió secuestrar un libro gráfico sobre educación sexual titulado ¡A ver!, un caso que llego al Tribunal Constitucional.
En el caso de Fariña, uno de los grupos que ha levantado la voz ha sido el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, dado que la profesión de Nacho Carretero es la de periodista. El Colexio califica la decisión de secuestrar el libro de "completamente desproporcionada" y alerta de que "pone en peligro la libertad de información". "Si la investigación periodística de Carretero es extensa y rigurosa, no se entiende que se retire toda la publicación por una única frase, máxime cuando Bea Gondar es apenas citado dos veces en un libro de casi 400 páginas", critica el organismo, que asegura que la "única consecuencia efectiva" del secuestro es "poner trabas a la libre difusión de la información recogida con rigor en el libro".
Los partidos se pronuncian
La acumulación de polémicas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión en unos pocos días ha tenido su eco en el debate político, y este miércoles todos los partidos se han pronunciado al respecto. De los cuatro grandes, Unidos Podemos es la formación que ha criticado con mayor dureza las medidas tomadas. Preguntado por la retirada de la obra de ARCO, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado la "regresión" de las libertades civiles y ha asegurado que ésta es "incompatible con la democracia", mientras que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tachado la decisión de "penosa" y "partidista".
La Audiencia Nacional da tres días al rapero Valtònyc para pedir la suspensión de su condena de tres años y medio de cárcel
Igualmente, Iglesias ha denunciado la "vergüenza" que supone, a su juicio, que "un rapero, por hacer una canción, tenga que entrar en prisión" en "un país en que el señor Camps sigue cobrando un sueldo público y se pasea en su cochazo por Valencia". Por su parte, IU ha pedido a la UE que aplique sus tratados contra España por "vulnerar derechos fundamentales".
Por su parte, PP y Ciudadanos han defendido la condena a Valtonyc. El líder del partido naranja, Albert Rivera, argumentó que "cuando uno hace amenazas o comete delitos, da igual que los cometa en las redes, en privado, en público o físicamente", y ha asegurado que respeta "lo que digan los jueces". En el mismo sentido, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, defendió que "los delitos de odio deben perseguirse" porque "contra los extremismos y la intolerancia hay que luchar". Por el contrario, el PSOE ha asegurado que la sentencia es "desproporcionada".
Más dudas ha mostrado Ciudadanos con respecto a la censura de la obra sobre los presos catalanes. Su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado la decisión argumentando que el arte es "ficción" y debe ser "libérrimo, es decir, que cabe todo". Todo lo contrario de lo argumentado por su homóloga socialista, Margarita Robles, que valoró positivamente la retirada de los cuadros: "En este momento todo lo que contribuya a tranquilizar el ambiente y la crispación es positivo. Por tanto, si Arco ha valorado que una determinada exposición o cuadro podía favorecer la crispación nosotros tenemos que intentar rebajar la tensión".
¿Está la libertad de expresión amenazada en España? En lo que llevamos de semana, son ya tres las polémicas relacionadas con la limitación de este derecho fundamental. Este martes, el Tribunal Supremo confirmó la condena a tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc por incluir en sus letras injurias al rey y frases constitutivas de enaltecimiento del terrorismo, y el mismo día una jueza acordó el secuestro cautelar de un libro sobre el narcotráfico gallego por las menciones que contenía hacia un exalcalde que fue procesado por este delito. Eso no es todo: el miércoles, la dirección de Ifema decidió retirar una que calificaba a los dirigentes catalanes encarcelados como "presos políticos" de ARCO –la feria de arte contemporáneo más importante de España– con el fin de evitar "polémicas".