Diez de los 17 miembros de la Mesa del Parlamento Europeo que el 12 de junio de 1990 aprobó financiar con dinero público un fondo voluntario de pensiones se incorporaron luego a la asociación europarlamentaria “sin ánimo de lucro” que gestionaba las inversiones de ese fondo a través de una sicav de Luxemburgo. Entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo inyectó a ese fondo 95 millones de euros, el doble de lo que aportaron los parlamentarios y exparlamentarios miembros de la asociación, propietaria de “todas las participaciones de la sicav”.
El acta de la sesión de la Mesa del 12 de junio de 1990, facilitada finalmente a infoLibre por el Parlamento Europeo ayer jueves, constata que en ella participaron 17 personas bajo la batuta del entonces presidente de la Cámara, el socialista Enrique Barón.
De esas 17 personas, al menos 10 se habían incorporado como muy tarde en 2002 a la asociación “sin ánimo de lucro” que gestionaba las inversiones del fondo a través de una sicav de su propiedad y domiciliada en Luxemburgo. Este diario no dispone de listados oficiales anteriores a ese año, con lo que resulta a día de hoy imposible datar la fecha exacta en que los miembros de la Mesa se incorporaron al fondo.
Los españoles Enrique Barón –cuyo nombre no aparece hasta 2004- y Fernando Pérez Royo, entonces vicepresidente de la Cámara como diputado de Izquierda Unida y más tarde del PSOE, figuran entre los dirigentes parlamentarios que suscribieron el fondo. Este diario intentó ayer durante toda la tarde contactar telefónicamente con Enrique Barón, a quien dejó dos mensajes en el contestador de su móvil. No fue posible localizar siquiera a Fernando Pérez Royo.
Simpson presidía el Colegio de Cuestores
En la relación de suscriptores del fondo aparecen también otros cinco eurodiputados que ostentaban en junio de 1990 la condición de vicepresidentes de la Cámara: los conservadores Georgios Anastassopoulos (Grecia), Nicole Fontaine (Francia) y el británico Sir Fred Catherwood; el socialista británico David Martin; y el liberal francés Yves Galland.
Quien en esa fecha presidía el Colegio de Cuestores, órgano de gobierno que supervisa y administra las cuentas del Parlamento, el conservador británico Anthony M. H. Simpson, también se sumó al fondo. Otros dos cuestores, el italiano de la extinta Democracia Cristiana Gerardo Gaibisso y el irlandés liberal (de Fianna Fail) Paddy Lalor aparecen igualmente en los listados de 2002. Los listados de esa asociación sin ánimo de lucro, Fonds de Pension-Députés au Parlement Européen absl, han sido extraídos del Registro Mercantil de Luxemburgo. Y, por tanto, su contenido resulta oficial e incuestionable.
Desde que infoLibre desveló el martes la existencia del fondo de pensiones gestionado por una sicav europarlamentaria, el Parlamento Europeo ha presentado la constitución del fondo como una iniciativa privada de “un grupo de diputados”. La institución se aferra a ese supuesto carácter privado para no facilitar la composición del fondo desde la constitución de la sicav, en 1994. Y tampoco ha accedido a cuantificar el dinero público destinado al fondo desde su creación.
Pero el acta de la Mesa del Parlamento del 12 de junio de 1990 no indica que la creación del fondo fuera fruto de un plan particular con el que la institución solo “acepta colaborar”, que es lo que decía la nota oficial difundida por los servicios centrales de prensa de la Eurocámara.
La institución auspicia el nacimiento del fondo
Muy al contrario, el acta revela que la propuesta partió del Colegio de Cuestores. Es decir, del órgano al que la web del Europarlamento define como “responsable de los asuntos administrativos y económicos que afectan directamente a los diputados y a sus condiciones de trabajo”.
El acta, cuyo vertido del francés al castellano encargó ayer infoLibre a una traductora jurada, dice lo siguiente: “[La Mesa] toma nota de la exposición del señor Simpson [Anthony MH], presidente en ejercicio del Colegio de Cuestores”. Y lo que expuso Simpson es que “el Colegio de Cuestores propone la instauración de un régimen de pensiones voluntario para los diputados”.
La sesión, continúa el documento, “procede a un largo intercambio de pareceres del que se desprende que los miembros de la oficina comparten el dictamen del Colegio”. Y ese dictamen era “que, en ausencia de un estatuto común de los diputados, es deseable la instauración de un régimen de pensiones de jubilación común y voluntario”.
En resumen: fue la institución la que auspició el nacimiento del fondo aunque, oficialmente y según la versión difundida a lo largo de toda la semana, nada tiene que ver con su gestión y se limitó sólo a poner dinero hasta 2009, en que el fondo quedó cerrado a nuevos suscriptores y aportaciones.
Hubo retroactividad, pero de un año
El Parlamento, y así lo han confirmado fuentes oficiales, cerró el fondo pero asumió el papel de garante del pago de las pensiones comprometidas pese a que la asociación “sin ánimo de lucro” cuyos miembros son los beneficiarios tenía un déficit de casi 100 millones de euros. Y asumió las garantías de pago pese a que esas pensiones no tenían carácter básico: la jubilación, por ejemplo, ya estaba garantizada para los eurodiputados españoles por las cotizaciones del Congreso de los Diputados.
El acta revela otro punto de interés: Simpson sugirió “la oportunidad de ampliar eventualmente la aplicación retroactiva del régimen [de pensiones adicionales y voluntarias] a contar desde el inicio de la legislatura precedente (1984)”. La Mesa concluyó que aplicar la retroactividad era ir demasiado lejos. Y decidió “adherirse al principio de instauración de esta pensión a contar desde el inicio de la presente legislatura (1 de agosto de 1989)”. O sea, que sí hubo retroactividad pero con efectos de un solo año.
Valenciano renuncia a la parte del fondo que puso el Parlamento Europeo
La sicav, “única fórmula posible”
Este jueves, los servicios de prensa del Parlamento Europeo en España transmitieron a infoLibre un breve texto en el que uno de los diputados británicos que emprendió una batalla legal contra el cierre del fondo privado de pensiones, Richard Balfe. Balfe, que pasó de las filas laboristas a las conservadoras, sostiene que montar una sicav en Luxemburgo fue un paso obligado.
“Cuando el sistema de pensiones y el fondo fueron puestos en marcha por el Parlamento Europeo a comienzos de 1990, la única estructura legal posible para un fondo paneuropeo en Luxemburgo, centro financiero del Parlamento europeo, era la estructura de ASBL de Luxemburgo [asociación sin ánimo de lucro] y de la Sicav-SIF [Fondos de Inversión Especializados]”. Esa estructura, añade Balfe, “permanece hoy en su lugar”. O sea, en Luxemburgo.
Diez de los 17 miembros de la Mesa del Parlamento Europeo que el 12 de junio de 1990 aprobó financiar con dinero público un fondo voluntario de pensiones se incorporaron luego a la asociación europarlamentaria “sin ánimo de lucro” que gestionaba las inversiones de ese fondo a través de una sicav de Luxemburgo. Entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo inyectó a ese fondo 95 millones de euros, el doble de lo que aportaron los parlamentarios y exparlamentarios miembros de la asociación, propietaria de “todas las participaciones de la sicav”.